En un editorial titulado “El estado autoritario de Cuba pone en peligro la vida de un ambientalista” el diario The Washington Post llama al gobierno de Cuba a poner de inmediato en libertad al encarcelado doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola, actualmente en huelga de hambre, “no sea que el despojo de su libertad se agrave con la pérdida de su vida”.
El periódico toma nota de que Ruiz Urquiola, un científico que fue expulsado de la Universidad de La Habana por criticar la caza de tortugas en peligro de extinción en Cuba, se dedicó a la agricultura y a un proyecto de preservación de especies entre los mogotes del Valle de Viñales, donde descubrió y denunció otros abusos contra el
medio ambiente.
Describe el Post el incidente por el cual el biólogo fue condenado a un año de prisión acusado de "desacato": "El 3 de mayo, dos guardabosques visitaron su granja y lo interrogaron sobre la construcción de una cerca y la tala de árboles con una sierra de cadena. Ruiz Urquiola les aseguró que tenía permisos y les pidió que fueran a su casa a verlos. En el camino, pidió a los guardabosques que se identificaran. Uno se negó, y los llamó 'policía rural', un término que los guardaparques interpretaron como 'guardias rurales', la policía de los campos de Cuba en tiempos del dictador Fulgencio Batista.
El editorial incluso recoge la peculiar definición de desacato aplicada al científico. En el Código Penal cubano es el artículo 144.1: “El que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares”, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.
[La penalidad, según el artículo 144.2, es de uno a tres años si el “ofendido” es el Presidente del Consejo de Estado o de la Asamblea Nacional, o miembro de los Consejos de Estado y Ministros o incluso simple diputado a la Asamblea Nacional].
“En otras palabras el Estado exige respeto, pero no respeta el derecho a expresarse”, señala el periódico, y observa que "en una sociedad libre garantizada por la ley, las personas disfrutan de un raro y precioso derecho a decir lo que quieran, incluso si son críticos con sus líderes. Por el contrario, en un estado autoritario, la falta de respeto a los poderes es ilegal".
Agrega que eso explica también el encarcelamiento injusto y continuado del Dr. Eduardo Cardet, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación fundado por el opositor Oswaldo Payá, quien muriera en un sospechoso accidente automovilístico hace casi seis años.
“Tanto Cardet como Ruiz son víctimas del Estado policial fundado por Fidel Castro, quien murió en 2016, y por su hermano Raúl, quien dejó la presidencia a principios de este año. El legado de ambos sigue vivo”, concluye diciendo el Washington Post.
