A escasas horas de asumir el nuevo Congreso en el que por primera vez en 17 años la oposición es mayoría, líderes opositores venezolanos afirmaron que sus 112 diputados electos en los comicios de diciembre tomarán juramento, pese a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que admitió una solicitud de nulidad de la elección de ocho legisladores electos de la oposición presentada por varios militantes del partido gobernante.
"Nosotros definimos aquí la estrategia, la táctica... permitan que nos la reservemos, porque en la táctica es donde les ganamos a estos tipos (al gobierno). ¿Me entienden? Entonces, el 5 de enero ustedes van a ver cuál es exactamente el mecanismo que va a permitir la juramentación de nuestros 112 diputados", dijo el sábado el secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, quien declinó dar detalles a periodistas sobre el mecanismo legal con el que aspiran esquivar una decisión del máximo tribunal venezolano que concedió una medida cautelar que suspendió la proclamación de tres diputados opositores electos.
En respuesta a una demanda legal presentada por un grupo de integrantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Tribunal Supremo bloqueó la juramentación de la totalidad de los diputados electos en el estado Amazonas, selvático y escasamente poblado: los opositores Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, y el oficialista Miguel Tadeo Rodríguez.
La demanda de los oficialistas y la posterior acción del Tribunal tuvo lugar 23 días después de los comicios legislativos, en los que por primera vez en 17 años el partido de gobierno quedó en minoría.
Si bien el Tribunal Supremo admitió las impugnaciones que afectan a otros legisladores opositores, declaró improcedentes las solicitudes cautelares de suspensión en seis de los siete circuitos sujetos a la causa, por lo que los restantes cinco diputados opositores electos podrán asumir el cargo el 5 de enero.
De ser aprobada la nulidad del proceso deberá convocarse nuevamente a elecciones en esos circuitos electorales donde el ganador fue impugnado. En el ínterin esto podría privar al menos transitoriamente a la oposición de la mayoría de dos tercios que se adjudicó en los comicios legislativos del 6 de diciembre.
La coalición opositora logró en esas elecciones 112 de los 167 escaños, lo que le garantiza una mayoría calificada que le permitirá convocar a una asamblea constituyente y aprobar una reforma constitucional, designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la fiscalía general, el contralor general y el defensor del pueblo.
El oficialismo, que por tres lustros había dominado el Congreso con amplia mayoría, deberá manejarse a partir del 5 de enero con 55 diputados. El tiempo que podría tardarse el proceso de admisión de recurso de nulidad y el estudio de la acción históricamente ha dependido del tiempo que se tomen los magistrados de la Sala Electoral del máximo tribunal para abocarse al caso, puesto que no existen plazos establecidos en las leyes.
Los opositores catalogaron las impugnaciones de los diputados como "intentos del gobierno por mediatizar, relativizar, disminuir el impacto de su derrota. Eso es absolutamente irrelevante. Aquí lo cierto es que el gobierno perdió la mayoría social, producto de perder la mayoría social perdieron en términos electorales y políticos; eso es indetenible".
Indicó también que el domingo en la mañana se dará a conocer a los que integran la directiva y la presidencia de la Asamblea Nacional
Las diferencias dentro del bloque opositor se hicieron evidentes en la selección del futuro presidente de la Asamblea. El partido Primero Justicia abogaba que, por sumar la mayor cantidad de legisladores -33_, el diputado reelecto Julio Borges debería presidir el Legislativo, otros miembros de la Alianza se inclinan que este surgiese de los votos de cada uno de los miembros de la bancada opositora. Está opción conjuró las diferencias y se acordó que el presidente del Legislativo será elegido con el voto secreto de sus pares de bancada.
La acción judicial ocurrió después de que la Asamblea Nacional saliente, dominada por el oficialismo, aprobó el 23 de diciembre por mayoría simple las designaciones de 13 magistrados principales y 21 suplentes del máximo tribunal del país luego de cuatro sesiones que se realizaron por dos días consecutivos, en las que la oposición rechazó en bloque las postulaciones bajo el argumento de que no se cumplieron los requisitos legales.
En las primeras tres sesiones el oficialismo no alcanzó la mayoría calificada de votos, lo que forzó a una cuarta sesión en la cual la ley permite aprobar las designaciones de los integrantes del máximo tribunal por mayoría simple.
La oposición ha denunciado que el oficialismo presionó la jubilación adelantada de 13 de 32 magistrados del máximo tribunal del país para asegurar el control de esa instancia. La nueva mayoría opositora ha señalado que podría anular los nuevos nombramientos de magistrados.
El presidente Nicolás Maduro se ha mostrado desafiante ante el triunfo de sus opositores, mientras que la oposición ha denunciado repetidamente lo que considera son intentos del partido socialista para socavar su dominio en el Legislativo.
Maduro ha acusado a sus adversarios de "jugar sucio" y manifestó que cree necesario que los organismos competentes se aboquen a investigar las irregularidades que, según él, se habrían registrado en el pasado proceso electoral. El mandatario afirmó que sus adversarios cometieron varios supuestos delitos electorales, entre ellos "la compra de votos".
La oposición ha descartado que quiera ir a un conflicto de poderes con el gobierno, pero ha advertido que, de bloquearse las acciones de la nueva Asamblea Nacional, está dispuesta a activar los mecanismos constitucionales que pueden incluir la enmienda constitucional, el referendo revocatorio de mandato o una asamblea nacional constituyente, para lo cual requiere de la mayoría calificada de 112 legisladores.
