Un informe conjunto difundido este lunes por Human Rights Watch y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) reveló que redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela han derivado en denuncias de abusos generalizados.
Los señalamientos incluyeron casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, según destacó una publicación de Human Rights Watch.
El informe de 43 páginas "Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela" analiza señalamientos de abusos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en distintos lugares del país desde julio de 2015, en el marco de la "Operación de Liberación y Protección del Pueblo" (OLP), que se anunció como una iniciativa para combatir a bandas criminales.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW destacó que los venezolanos enfrentan uno de los índices de homicidios más altos del hemisferio y necesitan ser protegidos eficazmente y con urgencia ante delitos violentos.
En múltiples redadas a lo largo del país, las fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos –incluyendo asesinatos– nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección, destacó Vivanco.
En una audiencia pública que inició este 4 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a la que han sido invitados representantes del Gobierno venezolano, las organizaciones expondrán sus hallazgos.
Un denominador común de todos estos casos, así como de otros abusos gubernamentales documentados por PROVEA y Human Rights Watch durante la última década, ha sido el grado en que las víctimas –o sus familiares– han sentido que no tienen dónde acudir para obtener resarcimiento o para que se protejan sus derechos fundamentales, precisó el informe.
