Los vecinos de La Habana Vieja sentenciados por el caso de las tres niñas que fallecieron en enero de 2020 por el derrumbe de un balcón, deberán presentarse este jueves ante las autoridades.
Adrian Frómeta González, uno de los condenados, dijo a Martí Noticias que tanto él, como su esposa, su hermano y su tío, fueron citados en la sede del Tribunal Provincial de La Habana a las nueve de la mañana del próximo 22 de febrero.
“Nosotros somos inocentes”, asegura el joven de 26 años que acusa a las autoridades de no dar la cara porque, según él, ellos “son los verdaderos responsables del desastre”.
En noviembre pasado el Tribunal Supremo sentenció a siete años de cárcel a Frómeta González y a su esposa, Regla Isabel Rodríguez López, por el homicidio por imprudencia de la muerte de las tres menores.
También fueron procesados y condenados a seis años su hermano Alain Wilfrido Frómeta González y su tío Abimael Peña Prado, por haber reformado las estructuras del segundo piso del edificio del que presuntamente dependía la estabilidad del balcón que colapsó.
Frómeta González dijo a nuestra redacción en noviembre pasado que ellos “sólo aplicaron un derretido en un techo trasero que se mojaba”, y que eso no pudo afectar al balcón ubicado en el lado contrario, que estaba ubicado justo en la fachada del edificio.
"Un derretido, eso fue lo único que hicimos, nunca lo ocultamos, lo dijimos desde un principio", comentó.
El joven responsabiliza a la brigada de Servicios Especializados de la Construcción (SECONS), a cargo de la demolición que realizaron poco antes de que ocurriera la tragedia.
"Ellos fueron los que trabajaron arriba y demolieron y están diciendo que dejaron las paredes a una altura que quedara a dos metros, cuando eso no es cierto", aseguró.
El Tribunal también sentenció a uno de los constructores, identificado como Lesmer Chang Cárdenas. No obstante, reportes indican que el hombre realizó los trabajos de forma independiente a SECONS.
Frómeta cuestionó que, al armar el expediente del caso, las autoridades "obviaron muchas cosas” y agregó que el fiscal Yoandry López Parra, sin tener pruebas, los acusó de querer quedarse con la vivienda de arriba.
Según el acta del Tribunal Provincial consultada por el medio independiente 14ymedio, “las autoridades habían decretado en 2019 la demolición de la segunda planta del edificio por el peligro de derrumbe. De hecho, la familia que vivía ahí con anterioridad salió de la vivienda debido al mal estado en que se encontraba. Una brigada de Secons –entre cuyos obreros estaba Chang– fue la encargada de rebajar las paredes a una altura de dos metros y retirar escombros”.
"Estos actos fueron aprovechados por la imputada Regla Isabel Rodríguez López que con el objetivo de adueñarse de dicha área y sin autorización legal alguna (...) cerró de manera permanente con bloques y cemento el acceso a dicho inmueble desde la calle Vives y lo condicionó (sic) desde el interior de su casa para asegurarse así de ser la dueña de dicha área", alega el documento citado por el diario.
Las niñas que perdieron la vida tras el derrumbe del balcón en enero de 2020 fueron Rocío García Nápoles, de 11 años y María Karla Fuentes y Lisnavy Valdés Rodríguez, de 12 años. Hasta el momento, la prensa estatal no ha hecho referencia a los resultados de las investigaciones oficiales.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
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