El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) demandó el jueves a la Unión Europea que exija un cambio real en Cuba, en el contexto del quinto aniversario del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre Bruselas y La Habana.
La agrupación de derechos humanos señaló que esta conmemoración se produce "en un escenario de 967 presos políticos, el empeoramiento de la represión en Cuba y un nuevo código penal más peligroso para el ejercicio de los derechos humanos, que incluso aumenta los delitos castigados con la pena de muerte".
“El régimen cubano sigue aplicando la mano de hierro no solo contra los activistas, sino contra toda la población que protesta pacíficamente por la terrible situación que vive el país. Por ello, la próxima celebración del Consejo Conjunto UE-Cuba, anunciada por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, debería analizar en profundidad estas realidades, y pasar de las palabras a los hechos”, afirmó Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH.
“La UE tiene que exigir un cambio real en Cuba, o de lo contrario revisar inmediatamente la vigencia del ADPC e imponer sanciones individuales a los represores”, concluyó Cires.
La representación de la Unión Europea en Cuba recordó esta semana que el 1 de noviembre de 2017 comenzó la aplicación provisional del Acuerdo y aseguró que cinco años después, se mantienen "comprometidos con el ADPC y la implementación de todos sus pilares".
El mecanismo bilateral tiene entre sus principales temas el respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y sus protocolos facultativos que sean aplicables a la Partes, y el respeto del Estado de Derecho.
Rubricado en diciembre de 2016 por la entonces alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, y el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, el acuerdo puso fin a la llamada "posición común", que regía las relaciones entre ambas partes desde 1996.
Su aprobación incluyó una resolución adjunta del Parlamento Europeo que exige al Gobierno cubano alinear su política de derechos humanos con los acuerdos internacionales de los que es signatario y recuerda la cláusula de salvaguarda por la que, en caso contrario, se suspendería su aplicación.
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