La organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) dijo este lunes que funcionarios de la Unión Europea podrían haber cometido un presunto "delito de fraude por malversación de fondos públicos", al financiar a entidades estatales cubanas.
Según la denuncia, la UE habría financiado a grupos oficialistas, como la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, con dinero reservado para proyectos independientes de la sociedad civil.
"Hemos presentado pruebas irrefutables sobre varios aspectos", afirmó Javier Larrondo, presidente de CPD, en declaraciones a Radio Televisión Martí.
La denuncia se basa en que la Delegación de la UE en La Habana "jamás se ha reunido públicamente con ONGs cubanas en los seminarios sobre la sociedad civil, pero ha comunicado que sí lo hacía, año tras año". Por tanto, de acuerdo con Larrondo, "la UE comunica que dota de fondos a proyectos participados por la sociedad civil cubana, pero las sociedades que menciona son todas estatales".
"Los presupuestos destinados a organizaciones de la sociedad civil no pueden ser destinados a organizaciones estatales", puntualizó el activista.
El documento asegura que dichas actuaciones "podrían suponer un delito de fraude por malversación de caudal público, descrito en la directiva de la UE en número 1371, de 5 de julio de 2017".
En ese escenario, Cuban Prisiones Defenders "está preparando acciones legales, que podrían entrar de lleno en el Código Penal del Reino de España".
Los documentos analizados sumarían "más de dos millones de euros" en subvenciones de la UE a organismos controlados por el Partido Comunista de Cuba.
Tras recibir la denuncia de CPD, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea reveló que existe un acuerdo con La Habana, para aceptar solamente a organizaciones oficialistas en las reuniones sobre derechos humanos.
"Se nos ha remitido una carta donde se justifica la no presencia de ONG cubanas en los seminarios de la sociedad civil en Cuba, por una enmienda posterior a la firma del Acuerdo de Diálogo, que indica que en dichas reuniones solo podrán estar entidades aceptadas por el Gobierno de Cuba", concluyó Larrondo.
