La Unión Europea impuso el lunes sanciones a 19 altos funcionarios venezolanos, legisladores y miembros de las fuerzas de seguridad en respuesta a las elecciones legislativas de diciembre que, según el bloque, estaban amañadas a favor del presidente Nicolás Maduro.
Los aliados de Maduro ganaron casi todos los escaños de la legislatura en una votación que también fue desautorizada por Estados Unidos y vista en Occidente como una forma para que el presidente tomara el control de la única instancia de poder que aún no estaba en sus manos.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE aprobaron las sanciones el lunes, elevando a 55 el número total de venezolanos incluidos en la lista negra del bloque.
En Caracas, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó las nuevas sanciones.
"Señalar con falsos argumentos a ciudadanas y ciudadanos honorables, como reacción ante la frustración de un grupo de estados miembros de la Unión Europea por la manifiesta ineficacia de sus acciones para forzar un cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela, no es más que otra torpe decisión", agregó Arreaza en el comunicado divulgado en su cuenta de Twitter.
Al igual que Estados Unidos, la UE ha intensificado las sanciones contra Maduro en los últimos dos años, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue una farsa, aunque las medidas aún no han logrado su objetivo declarado de provocar nuevas elecciones presidenciales.
"Las personas agregadas a la lista son responsables (...) de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales", dijo la UE en un comunicado.
Entre los sancionados se encuentran dos legisladores de lo que la UE llamó la Asamblea Nacional elegida no democráticamente: Bernabé Gutiérrez y José Brito, que fueran de partidos de la oposición y son vistos como cercanos al gobierno.
La UE también sancionó a Omar Prieto, gobernador del petrolero estado Zulia; a Remigio Ceballos Ichaso, jefe del comando operativo de las Fuerzas Armadas, y a tres funcionarios del Consejo Nacional Electoral, entre ellos su presidenta, Indira Alfonzo.
Las nuevas prohibiciones de viaje y congelación de activos también se dirigieron a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y marcaron un endurecimiento de su enfoque de sanciones al apuntar a líderes políticos que se describen a sí mismos como miembros de la oposición, pero que se consideran aliados de Maduro.
Una gran parte de países occidentales acusa a Maduro de abusos contra los derechos humanos, socavar la democracia y avivar la hiperinflación que ha arrastrado a la nación andina productora de petróleo hacia el colapso económico.
Maduro dice que la situación económica de Venezuela es el resultado de las sanciones de Estados Unidos, que han paralizado las exportaciones de petróleo y le han impedido importar combustible.
