El Tribunal Popular Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, ratificó este miércoles las peticiones fiscales en contra de los seis jóvenes encausados por su participación en la protesta popular de Caimanera, ocurrida el seis de mayo de 2023.
La vista judicial tuvo una duración de ocho horas y concluyó cerca de las seis de la tarde, con la sala judicial y sus alrededores totalmente militarizada, explicó a Martí Noticias Victoria Martínez Valdivia, madre de dos los enjuiciados: Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez.
Los agentes de "las tropas especiales hicieron un cordón inmenso en toda la calle", dijo la mujer y precisó que a una de las testigos que asistió al juicio le impusieron una multa de cien pesos "por decir que eso que estaba escrito ahí, en el proceso de instrucción de hace un año cuando ella hizo la declaración, era mentira".
Asimismo, aseguró que "los testigos que declararon en contra (policías y funcionarios gubernamentales), mintieron".
Entre los acusados hay dos que se encontraban ya en prisión preventiva en el Combinado de Guantánamo (Luis Miguel y Daniel Álvarez). "A mi hijo y al otro los llevaron esposados, con las llamadas shakiras".
Los fiscales habían solicitado nueve años de prisión para Daniel Álvarez González, por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir, seis años de cárcel, por atentado y desórdenes públicos para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquiz González y Felipe Octavio Correa Martínez, y cuatro años por desórdenes públicos a Yandris Pelier Matos.
"Ahora hay que esperar 20 días por la entrega de la sentencia firme", comentó Martínez Valdivia.
Las autoridades impidieron la entrada al juicio al periodista independiente Yeris Curbelo, quien logró llegar hasta el tribunal pero lo amenazaron con procesarlo si no se retiraba.
“Entre ellos el jefe de la Seguridad del Estado en Caimanera, el teniente Coronel Yosvany Laffita", indicó el reportero a nuestra redacción.
"Me hicieron amenazas contundentes de que o me retiraba, o sería acusado de desacato y desobediencia. Entonces decidieron mandarme en el mismo carro privado que habíamos rentado, directo a Caimanera”, explicó.
El seis de mayo de 2023 cientos de personas se lanzaron a las calles de la localidad, límitrofe con la Base Naval, para exigir al gobierno el respeto a sus derechos como ciudadanos y mejores condiciones de vida. Los manifestantes gritaban “Libertad”, “Patria y Vida” y “Vivan los derechos humanos”, entre otras consignas.
Las autoridades respondieron de forma violenta, desplegando efectivos de las tropas especiales del ejército, y cortando el servicio de internet en casi todo el país.
Varias organizaciones internacionales han condenado la represión contra los jóvenes manifestantes de Caimanera y exigido al gobierno la liberación de estos. En informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, publicado en abril, Amnistía Internacional dijo que el gobierno cubano había reaccionado "con fuerza excesiva” a la manifestación.
“Los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron violencia física contra quienes participaban en el acto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la detención arbitraria de los manifestantes y condenó la existencia de una constante represiva”, indica el documento.
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