Cuba
Suicidios en cárceles de Cuba, presos políticos en riesgo y silencio estatal
Expertos alertan sobre una mayor incidencia de trastornos y disfunciones mentales entre la población penal. Las condiciones de encarcelamiento pueden ser un detonante de la conducta suicida, advierten.
La sociedad civil independiente ha alertado sobre las ideaciones suicidas, autoagresiones e intentos de quitarse la vida por parte de presos políticos cubanos y la desatención gubernamental a este problema.
A finales de agosto, Yosandri Mulet Almarales, preso de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, murió presuntamente por las heridas ocasionadas tras un intento de suicidio ocurrido el 22 de ese mes. Mulet Almarales había sido sentenciado a 10 años por manifestarse en el barrio La Güinera (La Habana). En junio de 2022 intentó quitarse la vida en el Combinado del Este y estuvo en estado crítico.
“En el caso de las personas reclusas por motivos políticos en Cuba, a las difíciles condiciones de habitabilidad de las prisiones y las posibles causas prexistentes, se suma la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto”, advirtieron en un comunicado el grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC).
Justicia 11J y el CDPC han registrado, desde el 1 de enero de 2024, tres eventos de ideaciones suicidas, tres autoagresiones y seis intentos de quitarse la vida, que involucran a 10 personas reclusas por motivos políticos (siete hombres y tres mujeres).
Se trata de las presas políticas Mayelín Rodríguez Prado, Yanet Pérez Quevedo y Lizandra Góngora; y los prisioneros Abel Lázaro Machado Conde, Ismael Rodríguez González, Yasmany González Valdés, Fray Pascual Claro Valladares, Daiver Leyva Vélez y Omar Ortega, también condenados por manifestarse o ejercer el activismo y la libertad de expresión. Sus casos han sido visibilizados por sus familiares con denuncias en redes sociales y ante organizaciones defensoras de derechos humanos.
Según Naciones Unidas, que estableció las Reglas Nelson Mandela para recomendar a los Estados miembros cómo tratar a los reclusos, las autoridades deben facilitar con frecuencia la asistencia médica necesaria para “detectar todo indicio de estrés psicológico o de otra índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o autolesión (…) y aplicar todas las medidas o tratamientos individualizados que corresponda”, para prevenir el suicidio.
El régimen de La Habana ha ratificado su “compromiso” con las Reglas Mandela. En 2020, la representante permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Viena, la embajadora Loipa Sánchez Lorenzo, aseguró que su gobierno sigue “determinados principios en cumplimiento estricto de la legalidad” para el tratamiento a las personas privadas de libertad.
No obstante, el equipo legal de la ONG Cubalex advierte que “la negación de la atención médica a los reclusos en Cuba constituye una violación de las Reglas Mandela”.
Según Cubalex, en las prisiones “el personal médico debería realizar exámenes periódicos para detectar estrés, lesiones y otros problemas en los reclusos, comunicándolos a las autoridades para buscar soluciones. Sin embargo, en el contexto cubano, estos profesionales actúan bajo la influencia del poder estatal, impidiendo el cumplimiento de sus funciones y la protección de los derechos de los reclusos. Esta complicidad del personal médico con las violaciones de derechos humanos contribuye a un sistema penitenciario corrupto y deshumanizante”.
La prisión puede ser el “detonante”
“La prevalencia de enfermedades mentales en la población penitenciaria es alta, incluyendo abuso de sustancias psicoactivas, trastornos de personalidad sociopáticos, bipolaridad, estrés post traumático y adicciones en general. Esto hace que el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y/o disfunciones mentales en esta población sea una prioridad”, dijo a Martí Noticias la psicóloga cubana residente en EEUU María de los Ángeles García.
Según la especialista, hay una “mayor incidencia de trastornos y disfunciones mentales en esta población”, por lo que se deben garantizar “tratamientos multifactoriales, con enfoque en proyectos educativos, psicológicos y socioculturales”.
José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, explicó para un artículo del diario El Mundo sobre suicidios de reclusos que “la prisión puede ser el detonante: los factores de riesgo que trae una persona se añaden a estar encerrado, al delito, al sentimiento de culpa, al desarraigo”.
El suicidio, entendido como el comportamiento de planificación, conductas autolesivas, ideación, intentos y suicidio consumado, sigue siendo a día de hoy un importante problema de salud pública y la primera causa de muerte no natural en todo el mundo. Entre la población reclusa, la prevalencia de la conducta suicida se incrementa si la comparamos con la población general debido a la influencia de numerosos factores y al impacto psicológico que conlleva la estancia en prisión, según se explica en esta investigación del Colegio Oficial de Psicología de Madrid.
A la experiencia punitiva de la prisión se le suman las complejas circunstancias personales de cada preso, según estudios, y los especialistas hacen hincapié en la raíz multicausal del suicidio, así como la necesidad de prestar atención a cada uno de los casos de manera individualizada.
“Por ello, la primera evaluación psicológica que pasa un reo es al entrar en prisión. En la misma línea, se le presta atención cuando sus circunstancias penitenciarias cambian. Por ejemplo, cuando se le imputa una nueva causa, su condena aumenta o se le sanciona en aislamiento. Pero también cuando está a punto de quedar en libertad”, se advierte en este reporte del medio Público.
Los investigadores Pablo Cifuentes, de la Universidad de Chile, y Gergő Baranyi, de la Universidad de Edimburgo (Escocia), advierten en otra investigación que las personas ingresan con problemas de salud mental preexistente a las prisiones. “Ingresan con psicosis, con comorbilidades de adicciones y cursan con depresiones. Además, muchos de ellos tienen trastornos de personalidad y todo eso eleva el riesgo de suicidio en estas personas”, argumentan. Eso se suma a los factores que impone el mismo sistema penal: la separación de las familias, las adversidades, el trato cruel entre pares, etcétera.
Justicia 11J y el CDPC advierten en su pronunciamiento que, en el caso de los presos políticos cubanos, a las consecuencias psicológicas que puede tener el encierro se añaden las difíciles condiciones de habitabilidad de las cárceles y “la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto”.
“Para nosotros es muy preocupante que continúen presas cientos de personas por motivos políticos, en penales que no tienen las condiciones mínimas para vivir con dignidad. La desatención de problemas de salud prexistentes o adquiridos en la cárcel, los abusos físicos y la arbitrariedad de los procesos penales a que están sometidos los activistas y manifestantes en Cuba, configuran un escenario muy opresivo que puede ser el detonante para el suicidio”, respondió el grupo Justicia 11J, consultado por Martí Noticias.
Es el caso de Fray Pascual Claro Valladares, sentenciado a 10 años por las protestas en la ciudad camagüeyana de Nuevitas de agosto de 2022, quien intentó suicidarse tras conocer su condena. El incidente provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares para su protección.
Según la CIDH, el intento de quitarse la vida acometido por Claro Valladares “fue manejado con negligencia [por las autoridades], sin recibir la atención psiquiátrica necesaria y siendo castigado con aislamiento”.
Por su parte, Justicia 11J y el CDPC han exigido “la liberación inmediata para cientos de condenados por diversos escenarios de protesta en Cuba y otras causas políticas. Están en riesgo cada día que permanecen en las difíciles condiciones de los penales cubanos, castigados de múltiples maneras por sus ideas y oposición al régimen”, afirman las organizaciones en el citado comunicado.
Los suicidios en Cuba: una de las tasas más altas de América
El Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció en 2023 en un informe de balance sobre la situación del Sistema de Salud que las “lesiones autoinfligidas intencionalmente” —como se registra oficialmente las estadísticas del suicidio— están entre las primeras 10 causas de defunción en la isla.
Desde los años 80, Cuba presenta uno de los índices más altos de muertes autoinfligidas en el área de América Latina y el Caribe.
Aunque existen pocos datos y no pueden ser verificados por entidades independientes, según los más recientes de la Oficina Nacional de Información y Estadísticas (ONEI), desde 2019 se registró un aumento de las muertes por suicidio en la isla. Ese año se registraron 1.467 casos y para el 2020 ocurrieron 1.556 muertes por suicidio.
En 2021 las “lesiones autoinfligidas intencionalmente” provocaron el deceso de 1.789 cubanos, para una tasa de 16,0 por cada 100.000 habitantes.
Tras el aumento de las tasas de suicidio en el país, el Ministerio de Salud Pública cubano implementó en 1989 el Programa Nacional de Prevención y Atención a la Conducta Suicida. Según la doctora Beatriz Corona Miranda, profesora e investigadora del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, este Programa “se somete constantemente a nuevas versiones y revisiones con el propósito de disminuir lo más posible la morbilidad por intento y la mortalidad por suicidio”.
No obstante, las cifras no han disminuido en la isla, sumida en una crisis generalizada. Los presos políticos se encuentran entre las personas vulnerables ante las constantes violaciones de derechos humanos.
Puede conocer más del tema en este Explicador de Martí Verifica.
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Cuba recorta la ración subsidiada de pan por la escasez de ingredientes
En otra medida económica que afecta directamente a la población más vulnerable, el Estado cubano anunció que el pan distribuido por la libreta de racionamiento se reducirá de 80 a 60 gramos.
Cuba disminuyó el lunes en una cuarta parte el peso de la ración subsidiada de pan diario, la más reciente muestra de escasez en el país que afecta temporalmente a un programa de subsidios creado hace décadas por el fallecido Fidel Castro.
El pan, uno de los pocos productos alimenticios básicos aún subsidiados en Cuba, se reducirá de 80 gramos a 60 gramos, o aproximadamente el peso de una pequeña barra de jabón. Su precio también se redujo ligeramente, a poco menos de 1 peso, o un tercio de centavo de dólar.
Aún así, muchos cubanos, que ganan alrededor de 4.648 pesos al mes, o alrededor de 15 dólares, apenas pueden darse el lujo de comprar pan más caro en el mercado privado, lo que les deja con pocas alternativas.
"Tenemos que aceptarlo, ¿qué más podemos hacer?", dijo a Reuters Dolores Fernández, una residente en La Habana, mientras estaba fuera de una panadería el lunes. "No hay opción", dijo.
La semana pasada, Cuba dijo que se había quedado sin la harina de trigo que necesita para producir el pan subsidiado, un problema que el Gobierno atribuye al embargo comercial de Estados Unidos, que establece restricciones que complican las transacciones financieras del país.
La isla del Caribe sufre una falta extrema de alimentos, combustible y medicinas, escasez que ha provocado un éxodo sin precedentes de sus ciudadanos hacia Estados Unidos, principalmente.
La cartilla de racionamiento de Cuba, o "libreta", como se la conoce entre los residentes de la isla, fue considerada una marca registrada de la revolución de Fidel Castro de 1959, que proporcionaba una gama de productos con grandes descuentos a los cubanos, incluidos pan, pescado, pollo, leche y artículos de limpieza y tocador.
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El Gobierno, en medio de una crisis económica, ofrece sólo una fracción de esos productos y, con frecuencia, llegan tarde, son de mala calidad o no están dentro de la ración mensual subsidiada.
Bernardo Matos, de La Habana, dijo que no había detectado un cambio en el tamaño del pan el lunes, aunque agregó que no estaba contento con la calidad. "La calidad es pésima", señaló poco después de comprar su ración. "La harina sabe a ácido".
A principios de este año, Cuba solicitó ayuda al Programa Mundial de Alimentos para garantizar el suministro de leche en polvo subsidiada para niños, otro alimento básico clave de la libreta de racionamiento cubana que recientemente ha comenzado a escasear.
ONG: Al menos 62 de los 1.105 presos políticos padecen enfermedades psiquiátricas
“Están encarcelados en prisiones ordinarias sin atención psiquiátrica, sin medicamentos, siendo víctimas de abusos por parte de funcionarios y de presos comunes, con la aquiescencia de los primeros”, dijo Prisoners Defenders.
La organización Prisoners Defenders publicó este lunes su informe mensual, en el que registra que al cierre de agosto hay 1.105 presos políticos en Cuba, 15 menos que el mes anterior debido a trece cumplimientos íntegros de condena, una expatriación forzosa y un suicidio.
La entidad, que tiene su sede en Madrid, subraya los casos de al menos 62 presos por razones políticas con trastornos de salud mental diagnosticados, agravados por la falta de atención especializada y medicamentos y los abusos que padecen por parte de carceleros y reos comunes.
Entre los nombres citados están los de los prisioneros políticos José Antonio Gómez León, con trastornos de salud mental; Ismael Rodríguez González, con trastornos de la personalidad, bipolaridad y discapacidad cognitiva; Marlon Noval Alonso, bipolar; Adrián Cao Tejera, epiléptico e hipertenso y Javier González Fernández, con severa depresión, ansiedad generalizada e insomnio crónico resistente.
Estos presos “están encarcelados en prisiones ordinarias sin atención psiquiátrica, sin medicamentos, siendo víctimas de abusos por parte de funcionarios y de presos comunes, con la aquiescencia de los primeros, lo que conlleva a que sufran cuadros de ansiedad, que en muchos casos terminan en intentos o consumaciones de suicidio, como ha sido el caso del prisionero político del 11J Yosandri Mulet Almarales quien perdió la vida el pasado 26 de agosto al tirarse desde un puente justo antes de regresar de un permiso penitenciario”, dijo a Martí Noticias, Karen Herrera, directora jurídica de Prisoners Defenders.
Asimismo, Prisoners Defenders recalca "la falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de medicamentos”, tres elementos de tortura típicos de las cárceles cubanas.
Según su registro, 329 de los 1.105 prisioneros por razones políticas padecen "graves patologías que ponen en riesgo sus vidas", entre las que destacan los enfermos de diabetes, hipertensión, isquemia cerebral, hepatitis B, desnutrición, anemia y cáncer.
Al respecto, el informe pone el ejemplo de Lizandra Góngora Espinosa, que padece fibroma uterino, a la cual el Estado no provee asistencia médica ni las medicinas que requiere.
Agrega que 30 menores de edad siguen en la lista de presos políticos, de los cuales 28 cumplen sentencia y dos están siendo procesados penalmente "con medidas cautelares sin tutela judicial alguna".
En este sentido, Prisoners Defenders destaca que la edad penal mínima en Cuba son los 16 años.
Quince de los menores fueron condenados por Sedición, con una pena media de cinco años de privación de libertad.
También denunció los tratos "discriminatorios y abusivos" que sufren las 117 mujeres que, según su registro, cumplen condenas por motivos políticos.
El comunicado añadió que desde julio de 2021 -cuando se registraron las mayores protestas antigubernamentales en décadas en la isla- "Cuba ha totalizado 1.583 presos políticos presentes en sus cárceles".
"Cuba se les queda vacía": El MINREX asegura haber legalizado más de un millón de documentos en lo que va de año
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dice que la legalización de documentos no demora más de diez días pero cubanos aseguran que el trámite puede tardar hasta diez meses.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha legalizado más de 1.200.000 documentos entre enero y septiembre de este año, dijo en X su titular Bruno Rodríguez Parrilla.
Decenas de cubanos han reaccionado a la publicación del ministro para recordarle que la cifra es otra prueba del peor éxodo migratorio que ha sufrido la isla en décadas.
"Un pueblo entero huye, eso es lo que significa tu publicación", comentó un usuario.
"Cuba se les queda vacía. Si vas a dar la noticia, hazlo como va. Más de 1 millón de cubanos han expresado enérgicamente su disposición de irse", agregó otro.
Aunque el funcionario asegura que desde mayo pasado "las legalizaciones no exceden el plazo establecido de 10 días en la Cancillería", usuarios que están a la espera de sus documentos aseguran que el trámite tarda hasta diez meses.
"Con atrasos de 8 a 10 meses en su entrega. Pésimo servicio", le respondió un cubano.
"No cumplen con lo establecido y no hay a quien reclamar", añadió otro que asegura llevar más de dos años a la espera de su certificación de notas.
En 2023, el MINREX reconoció un atraso en la legalización de documentos debido al incremento de la demanda en medio de la oleada migratoria.
Ante el colapso de las oficinas a cargo de estos trámites, Rodríguez aseguró en marzo que su ministerio estudiaba la posibilidad de adherirse al Convenio de la Apostilla, una convención internacional que permitiría no tener que legalizar al menos un 60% de los documentos para que tengan validez fuera de Cuba. Hasta la fecha no ha habido más noticia sobre el tema.
Cuba tiene actualmente una población de poco más 10 millones, según datos de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas ONEI que pronostica un decrecimiento mayor debido a la migración y el envejecimiento poblacional, entre otros factores. Se trata de una reducción de al menos el 10% respecto a cuatro años atrás.
Datos oficiales muestran además que las tasas de natalidad también han disminuido drásticamente en la última década.
"La fuga masiva de cubanos se ha convertido en el proceso de descapitalización de recursos humanos más grande que ha tenido el país en toda su historia", dijo recientemente la agrupación Cuba Siglo XXI.
Nominan a la intelectual cubana Alina Bárbara al Premio Kalman Silvert de LASA
El Premio Kalman Silvert, que se otorgará en febrero de 2025 durante el congreso internacional de LASA, reconoce a los miembros que han hecho contribuciones distinguidas durante toda su vida al estudio de América Latina.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) aceptó la nominación a su Kalman Silvert Award de la académica cubana Alina Bárbara López Hernández.
La recomendación fue fundamentada por la doctora en Ciencias Literarias espirituana, residente en Estados Unidos, Yanetsy Pino Reina, miembro de la sección Cuba de LASA.
“Desde que vi esa actitud cívica de salir todos los días 18 de cada mes con un papel en blanco en el pecho a reclamar justas demandas por los pobres de la isla que están desamparados y abandonados, por los presos políticos, me pareció un poema tan importante, performático, actitudinal, gestual, que va más allá del verbo, más allá de la palabra”, dijo Pino Reina a Martí Noticias.
Con sus protestas de cada 18 de mes, la historiadora y activista reafirma las peticiones de una Asamblea Constituyente en Cuba para redactar una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión.
“Razones académicas sobran porque estamos hablando de una intelectual de gran valor, con una obra extensa. Junto a las razones humanistas, a las razones ideológicas y a las razones académicas, hay, además, una razón de género, porque estamos hablando de una mujer”, apuntó Pino Reina.
El Premio Kalman Silvert, que se otorgará en febrero de 2025 durante el congreso internacional de LASA, reconoce a los miembros que han hecho contribuciones distinguidas durante toda su vida al estudio de América Latina.
En su Carta de Recomendación, Pino Reina destaca que Alina Barbara López Hernández “es referencia constante entre los historiadores e historiadoras” y es miembro de la Academia de la Historia de Cuba” y subraya su “impresionante habilidad para el pensamiento crítico, la reflexión y la creación de soluciones inteligentes y empáticas relacionadas con la investigación académica histórica, política y social”.
Diplomada en Antropología Sociocultural y doctora en Ciencias Filosóficas, la intelectual matancera ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales sobre Antropología, Historia, Pedagogía y Sociopolíticos, entre los cuales sobresalen los congresos LASA; además de haber publicado más de un centenar de ensayos, artículos científicos y de opinión en revistas científicas especializadas y culturales de alto impacto, detalla la Carta de Recomendación.
De otorgársele el premio, “sería un tremendo espaldarazo a Alina, a su obra, a su actitud, a su comportamiento cívico, a su ejemplo, a sus ideas, a todo lo que ha sabido construir dignamente, no solo desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista colectivo. Su contribución a la nación cubana, a la dignificación de los cubanos residentes en la isla y a su lucha contra la opresión y contra los desmanes de los sistemas totalitarios como el cubano”, puntualizó Pino Reina.
Alina Bárbara López Hernández ha sufrido persecución, maltrato, detenciones debido a sus opiniones y acciones cívicas. Actualmente está sujeta a un proceso penal en el que está acusada de atentado. El más reciente acto represivo del régimen contra ella fue su expulsión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
Revista cubana de música cierra por presiones del Gobierno
La revista AM:PM, un medio independiente especializado en música, anunció el cese temporal de su trabajo a causa de presiones del Gobierno cubano sobre su director.
La revista AM:PM, uno de los pocos medios independientes con sus periodistas en Cuba, anunció el cese temporal de su trabajo por presiones de la Seguridad del Estado contra su director, el periodista Rafael G. Escalona.
“La Revista hará una pausa indefinida en sus actividades, al menos en la forma en que ha venido operando hasta ahora. Esta pausa responde a la creciente presión y acoso a nuestro director por parte de las agencias de contrainteligencia cubanas, que entre otras consecuencias, nos deja sin la posibilidad de solicitar fondos para realizar nuestro trabajo y pone en peligro la integridad de nuestro proyecto y del equipo involucrado”, señaló el medio en un editorial publicado este lunes.
El texto explica que la revista, fundada hace más de seis años, mantendrá activa su página web con más de 1.400 trabajos en el que han colaborado unos 300 autores.
Roberto Zurbano, un reconocido crítico de música radicado en la isla, apuntó en Facebook que "teniendo en cuenta que lo temporal en Cuba se vuelve eterno”, la noticia es "lamentable".
Las presiones contra el equipo de AM:PM se producen en un contexto marcado por la férrea censura del Gobierno de la isla la prensa independiente. En los últimos años varios medios, entre ellos la revista El Estornudo, elTOQUE y Periodismo de Barrio, han denunciado presiones similares y sus equipos editoriales terminaron asentándose fuera de la isla.
Una larga lista de medios que tratan el tema Cuba también han sido bloqueados en Cuba. El hostigamiento se ha hecho extensivo a casi todos sus equipos de trabajo, lo que ha obligado a decenas de periodistas independientes a abandonar la isla. El modelo represivo contempla persecución, detenciones arbitrarias, prohibición de salida y entrada al país, decomiso de medios de trabajo y penas de cárcel de hasta 10 años contra quienes reciban financiamiento desde el exterior.
Organizaciones internacionales han expresado en varias ocasiones su preocupación por la represión de la libertad de prensa en Cuba. En su informe mundial 2023, Human Right Watch señala que los “periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica de las autoridades suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias”.
Durante 2023, Artículo 19, una organización internacional que defiende los derechos a la libertad de expresión y a la información, documentó 274 agresiones en Cuba contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes.
El Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) contabilizó el pasado año al menos 210 incidentes de restricciones de Internet contra periodistas y medios independientes, que incluyeron cortes del servicio, bloqueo del acceso a las redes sociales o hackeo de las cuentas de los propios periodistas y de los sitios web de los medios para los que trabajan.
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