La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como un acto de corrupción del gobierno de Venezuela la utilización de recursos públicos y el aparato de Estado para realizar una campaña de propaganda negativa y de desprestigio en contra de varios medios venezolanos a través del canal público de televisión y de la oficina de la Vicepresidencia del país.
El Nacional denunció una campaña de desprestigio del gobierno contra el diario a través de un video difundido por la cadena de televisión pública Venezolana de Televisión. El video de 26 segundos, titulado "¡El Nacional NO es un medio, es un laboratorio de guerra!", afirma que el periódico promueve el caos en el país, a través del "financiamiento imperial, del fascismo, amarillismo y un toque de racismo".
Tanto esta grabación como otra similar contra el portal de noticias La Patilla, ambas firmadas por "Tuiteros por la verdad", se encuentran en el canal de YouTube de la Vicepresidencia de Venezuela.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó que "utilizar medios públicos como órganos partidarios para hacer propaganda y hacer campañas de desprestigio en esos espacios que son pagados con los recursos de todos los venezolanos, no es otra cosa que corrupción"
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, dijo que "aunque este proceder del chavismo no es nuevo, es necesario seguir denunciándolo para que estas actitudes despóticas queden en evidencia". Agregó que estas campañas son parte de la estrategia comunicacional del gobierno que emplea políticas restrictivas a la libre circulación de la información, obstáculos para acceder al papel y otros insumos y motiva medidas judiciales contra los propietarios y directivos, entre otras limitaciones destinadas a estrangular a los medios independientes.
En agosto de 2015 el ex presidente de la Asamblea Nacional y diputado, Diosdado Cabello, inició una demanda civil contra El Nacional, La Patilla y el semanario Tal Cual y sus directivos por "daños morales", a los que exigió una indemnización millonaria, obligando al exilio a varios de ellos o a permanecer en el país con prohibición de salida. Los tres medios reprodujeron una información del diarioABC de España sobre supuestos vínculos de Cabello con el narcotráfico.
Paolillo concluyó que "de lo que estamos hablando en Venezuela es de la existencia de una nefasta política de obstaculización a las libertades de expresión y prensa, y de irrespeto a los derechos humanos".
