De acuerdo con el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Cuba es uno de los países en todo el continente americano donde se restringe inexorablemente este derecho humano universal.
De un máximo de 100 puntos posibles en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, la SIP otorgó al país caribeño una evaluación de 11,11. Eso es por encima de Venezuela, con 5,7, pero por debajo de Nicaragua, con 17,20.
El informe señala que dicho resultado en Cuba es consecuencia de la aplicación del Decreto-Ley 370 para censurar la crítica a la política del Estado, y del Decreto-Ley 35, que legaliza la censura en la isla.
En la presentación del libro Índice Chapultepec, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, señaló que el año pasado la organización realizó sendas misiones virtuales a Cuba y Nicaragua para recabar más información sobre el accionar represivo.
“En el caso de Cuba, la misión fue posterior a las protestas del 11 de julio del año pasado y permitió conocer en detalle la acción represiva desplegada por el régimen de Miguel Díaz-Canel y, consecuentemente, denunciarla, para mantenerla instalada en la preocupación internacional. Creemos que es un factor clave para que con los ojos de la opinión pública internacional puesta sobre un país, se pueda frenar o al menos morigerar el clima represivo o de censura en un país”, dijo Jornet en una conferencia virtual.
El Índice Chapultepec señala que “en el período de agosto de 2020 a junio de 2021, los periodistas independientes, artistas, activistas por los derechos humanos, y todo aquel que ejerce la libertad de expresión y prensa en Cuba, continúa siendo víctima de persecución, acoso, actos intimidatorios, confiscación de equipos de trabajo y represión…, en una clara violación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Se informa, además, que el gobierno cubano, amparado por la ley, viola todos los derechos constitucionales y jurídicos de quienes se expresan libremente y muestran una posición crítica contra el sistema.
El informe apunta a que “en mayo de 2021 salió a relucir en el programa de la televisión cubana Hacemos Cuba la Ley 88 o “ley mordaza” que, aunque no se aplica desde el 2003, aún se encuentra vigente para criminalizar la libertad de asociación, expresión y reunión”.
También da como ejemplos el El Decreto-Ley 370, que continúa aplicándose a aquellos que publiquen en redes sociales contenidos que atenten contra “el interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, y el Decreto-Ley 35, que penaliza la divulgación de noticias que el gobierno considere falsas, mensajes ofensivos y difamación.
El Indice Chapultepec expone que “en el país caribeño, los periodistas que tienen autorización en el marco de la legalidad son los que ejercen en los medios de comunicación controlados por el Estado y, por ende, por el Partido Comunista de Cuba.
“A través de este, se rigen todas las políticas editoriales. Tal situación le da al Estado la autoridad de reprimir mediante detenciones, arrestos domiciliarios y censura a todos aquellos periodistas que ejercen la profesión de manera independiente”, afirma la SIP.
Asimismo, señala que “el periodismo independiente se hace cada vez más difícil, porque el Estado limita a los ciudadanos que quieran acceder a la información pública, y por los riesgos que enfrentan los trabajadores de la prensa debido a la persecución y la criminalización de expresiones que sean críticas a la política del Estado.
