El preso político Andrés Lugo Pérez, sentenciado a ocho años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, presenta una depresión severa con síntomas de paranoia en la Prisión de Boniato, de Santiago de Cuba, donde está recluido.
Lugo Pérez tuvo que ser ingresado en el puesto médico del establecimiento penitenciario debido a que sufre delirio de persecución y de peligro para su vida, según relató a Martí Noticias, un familiar cercano, quien pidió no ser identificado.
“Empeoró cuando falleció el muchacho en Boniato. Ellos eran muy amigos y él fue el que avisó a los guardias de que estaba muriendo”, dijo el familiar en relación al recluso Jorge Luis Torres Vaillant, quien murió presuntamente de tuberculosis agravada por la desnutrición.
“A partir de ese momento se puso peor. Grita que lo quieren matar y hemos investigado y el jefe de la Prisión ha hablado con nosotros”.
Pese a su condición mental, Lugo Pérez no ha recibido asistencia médica especializada ni ha sido evaluado por un psiquiatra, aunque tiene antecedentes familiares de suicidio.
El centro de asesoramiento legal Cubalex alertó sobre el riesgo para su salud que corre el preso político.
En este sentido, el abogado de la institución independiente, Alain Espinosa, recordó que “el acceso a la salud es un derecho humano básico, y en el caso de las personas privadas de libertad, el Estado tiene la obligación de garantizarlo con los mismos estándares de atención sanitaria disponibles para la comunidad exterior, tal como lo establecen las Reglas Mandela”.
“Esta obligación implica proporcionar un tratamiento adecuado que, en casos específicos de padecimientos mentales, debe estar estrechamente vinculado al diagnóstico de un psiquiatra. Esto excluye el suministro indiscriminado de psicofármacos, ya que, lejos de mejorar la salud de la persona, pueden ocasionar efectos secundarios graves y perjudiciales”, precisó.
La directora del hospital de Boniato, informó a la madre del preso político que está siendo tratado con benadrilina y levomepromazina, un fármaco antipsicótico, de propiedades sedantes, reductor de la ansiedad e inductor del sueño.
“Es importantísimo destacar, que el análisis tiene que ser mucho más amplio, no solamente quedarnos en la negación de la atención médica o del tratamiento específico, sino hay que ver, realmente, cuáles son las condiciones en las que se da esta negación. Tenemos que ver si existe intencionalidad”, advirtió el jurista.
“Desde Cubalex hemos monitoreado o registrado como un patrón represivo, precisamente, la negación del acceso a la salud en personas, sobre todo que están privadas de libertad por motivos de la opinión política y, entonces, ya estaríamos hablando, no de una negligencia del servicio médico y de las autoridades penitenciarias, sino que estaríamos hablando de una forma de tortura que puede a su vez generar un daño irreversible a la salud", dijo el experto.
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