El preso político Amauris Arrate Hernández denunció, en una carta, las maniobras de la policía política para doblegar a los manifestantes de las protestas del 11 de julio encarcelados y que se presten como informantes a cambio de los beneficios y el régimen progresivo que les corresponden por ley.
“La Seguridad del Estado quiere que el coopere con ellos si él quiere que le den la ‘mínima’. Le dijeron ‘si usted coopera con nosotros, nosotros cooperamos con usted. Me contó mi padre”, relató Leidy Arrate.
De acuerdo a la legislación penal cubana, el tribunal de ejecución es la entidad designada para otorgar estos beneficios, al igual que evitar cualquier tipo de discriminación, incluidas las motivadas por ideología o pensamiento, pero en la práctica el sancionado a privación de libertad, está sujeto a la decisión de los funcionarios del Ministerio del Interior (MININT).
“Una vez más el régimen tiránico pone de manifiesto su naturaleza represiva en contra de los presos políticos del 11/07/21 que se manifestaron Pacíficamente, negándoles sus beneficios carcelarios, chantajeándolos con ellos para que colaborasen con la Seguridad del Estado”, escribe Arrate en la misiva a la que Martí Noticias tuvo acceso.
“¡Hermanos! Mis principios están forjados como el machete de Maceo; que no se quebranta ni se quebrantará”, asegura.
Arrate Hernández, que extingue, en la cárcel Mar Verde, una sanción de siete años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba, se ha visto privado de transitar a lo que los reos llaman “la mínima” que implicaría u traslado a un centro correccional abierto o “campamento”.
“Ya se la habían denegado, por seis meses, en abril, cuando se la presentaron antes de tiempo ya que tenía una medida de castigo por haber hablado con la esposa de [José Daniel] Ferrer. Ahora en octubre se la negaron también por un año. Las verdaderas intenciones de ellos es que no salga en libertad condicional que le tocaría en septiembre del año pasado”, indicó la joven.
Para pedir la libertad condicional, un recluso debe, además de haber observado “buena conducta”, haber extinguido las tres cuartas partes de la pena y estar en el tercer grado penitenciario o “mínima”.
Arrate Hernández, de 45 años, fue sentenciado por los delitos de Desórdenes públicos, Desacato, Atentado e Instigación a delinquir, porque, enrolado con un grupo de personas, “inconformes con la difícil situación económica”, se presentaron en la calle Martí de la capital santiaguera a incitar a los pobladores de la localidad a protestar contra el gobierno.
También fueron rechazados para transitar a un régimen de menor rigor Ivan Mauricio Arocha Arocha y Eduardo Machado Arocha, recluidos en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba y Angel Jesús Véliz en el penal Kilo 9 de Camagüey.
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