Las autoridades rusas deben poner fin de inmediato a sus ataques contra la libertad académica y el derecho a la libertad de expresión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, mientras va en aumento una campaña para purgar a escuelas y universidades de opiniones discrepantes sobre la agresión contra Ucrania.
“Las organizaciones de la sociedad civil rusa, que en su mayoría se oponen a la invasión de Ucrania por Rusia, no son las únicas víctimas de una represión nacional de las actividades contra la guerra. También se están eliminando las libertades académicas: se obliga al personal docente a difundir propaganda contra Ucrania y glorificar la ‘operación especial’ de Rusia en Ucrania; de lo contrario, pierde su empleo”, ha manifestado Bruce Millar, director en funciones de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.
“Hemos recibido inquietantes informes de despidos de docentes por sus comentarios contra la guerra, y de niños, niñas y jóvenes a quienes se ha obligado a participar en ‘flashmobs’ en favor de la guerra o asistir a conferencias que promueven el discurso del Kremlin”, precisó la organización.
Decenas de docentes de escuela y universidad han sufrido duras represalias por pronunciarse contra la guerra en Ucrania. A algunos los han metido entre rejas para cumplir la denominada detención administrativa o les han hecho pagar multas exorbitantes simplemente por expresar sus opiniones públicamente o en el aula. A otros los han despedido o sometido a otro tipo de amonestación.
Roman Melnichenko, profesor asociado de la Universidad Estatal de Volgogrado, fue despedido el 19 de abril por un “delito disciplinario inmoral” que “violaba las normas éticas y morales” cuando compartió un mensaje contra la guerra en VKontakte, una popular red social rusa. Fue despedido después de que la fiscalía local informara a la universidad de que había sido sometido a procedimientos administrativos.
Ha habido docentes a quienes sus propios estudiantes o colegas han denunciado a la policía. Elena Baybekova, profesora de matemáticas de Astracán, en el sur de Rusia, fue despedida el 1 de abril. Un miembro de su alumnado había protestado por las “conversaciones políticas” durante sus clases, y después de eso Baybekova fue acusada de “ausentarse sin permiso” y fue despedida. Anteriormente había participado en una protesta contra la guerra en Ucrania, a consecuencia de la cual fue condenada a cinco días de privación de libertad. Niega haber hablado de política durante sus clases.
Marina Dubrova, profesora de inglés de Korsakov, en la isla de Sajalín, fue despedida el 5 de abril. Menos de una semana antes, en una charla con estudiantes durante un descanso, había dicho que la guerra era “un error”. Un estudiante grabó la conversación en vídeo. La madre de uno de los estudiantes vio el vídeo y denunció a Dubrova a la policía. Tres días después, Dubrova fue citada a comparecer ante el tribunal y fue multada con 30.000 rublos por “desacreditar a las Fuerzas Armadas”.
Irina Gen, profesora de inglés de Penza, en el centro de Rusia, se enfrenta a una pena de prisión en virtud del nuevo delito penal de difundir “noticias falsas” sobre el ejército ruso. El 30 de marzo fue acusada de criticar la invasión y calificar a Rusia de “Estado totalitario” en el que “cualquier disidencia se considera un delito de pensamiento”. Había sido denunciada a la policía por sus estudiantes de octavo curso.
‘Lecciones’ de propaganda de guerra
Amnistía Internacional dice que también se ha sometido a escolares a propaganda de guerra, que parece constituir adoctrinamiento, en contra de los objetivos de su derecho a la educación en virtud del derecho internacional, que Rusia está obligada a cumplir. Según Kommersant, periódico ruso independiente, en una fecha tan temprana como el 28 de febrero, el alumnado de entre 7º y 11º curso recibió lecciones sobre la “operación militar especial”, el término que el gobierno obliga a utilizar para evitar llamarlo “guerra”.
Según la información publicada en los medios de comunicación, basada en filtraciones proporcionadas por docentes, se enseña al alumnado que la guerra en Ucrania “no es una guerra, sino una operación especial de mantenimiento de la paz” cuyo objetivo es “proteger a la población de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk”. También se enseña a los niños y niñas que las “sanciones contra Rusia” pueden tener un efecto positivo en la economía nacional. Al parecer, esas lecciones habían sido encomendadas enérgicamente por las más altas instancias, pero no son obligatorias.
Sin embargo, el 20 de abril el ministro de Educación, Sergei Kravtsov, anunció que, desde el 1 de septiembre, todas las escuelas rusas impartirán lecciones sobre las metas y los objetivos de la “operación especial de mantenimiento de la paz” en Ucrania.
Según Kommersant, el Kremlin ha “recomendado encarecidamente” que las instituciones educativas pongan el símbolo “Z” (que demuestra el apoyo a la guerra rusa en Ucrania) en las fachadas de los edificios y en las aulas. Muchas escuelas y guarderías han sido reclutadas en “flashmobs” sobre la guerra organizados por el gobierno en apoyo a la “operación especial de mantenimiento de la paz”, y se ha obligado a niños y niñas a participar en esas asambleas, lo cual constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos.
“Habida cuenta de la actual represión de todas las formas de disidencia, resulta imposible saber el número de docentes o estudiantes a quienes se ha expulsado de instituciones educativas simplemente por expresar opiniones contrarias a la guerra. Quizá nunca sepamos la cifra total de niños y niñas sometidos a adoctrinamiento coordinado por el Estado”, ha manifestado Bruce Millar.
