El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea mantener su objetivo de aceptar 125.000 refugiados el próximo año, según un informe interno a los congresistas al que tuvo acceso Reuters, lo que indica que el aumento continuará si Kamala Harris gana la Casa Blanca.

El Gobierno de Biden está en camino de traer a 100.000 personas a través del Programa de Admisión de Refugiados en el año fiscal 2024, que termina el 30 de septiembre, según el documento, del que no se informó previamente. Si se consigue, sería el nivel más alto en tres décadas.

La inmigración es una de las principales preocupaciones de los votantes de cara a las elecciones del 5 de noviembre, que enfrentarán a Harris, demócrata y vicepresidenta de Biden, con el republicano Donald Trump.

El exmandatario redujo en gran medida las admisiones de refugiados durante su presidencia de 2017 a 2021 y ha prometido una amplia represión de la inmigración si es reelegido.

El Departamento de Estado dijo en un comunicado que compartía la visión de Biden de un programa de reasentamiento de refugiados "que refleje la generosidad y los valores fundamentales de Estados Unidos", pero declinó hacer comentarios sobre el plan del año próximo.

La Casa Blanca, la campaña de Harris y la campaña de Trump no respondieron a una solicitud de comentarios.

El Programa de Admisión de Refugiados suele estar disponible para personas que se encuentran fuera de sus países de origen y sufren persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Los solicitantes deben encontrarse fuera de Estados Unidos para poder optar a este estatus.

El primer objetivo de Biden era lograr 125.000 admisiones de refugiados en el año fiscal 2022, una meta ambiciosa que se ha mantenido inalcanzable incluso después de años de intensificar la tramitación de los refugiados.

El gobierno de Biden también ha aumentado las entradas de refugiados procedentes de América Latina, como parte de una estrategia para proporcionar más vías legales en la región en medio de niveles récord de desplazamientos.

Más de 16.000 refugiados de América Latina y el Caribe han entrado en Estados Unidos desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de 2024, según datos del Departamento de Estado.

Refugee Council USA, una coalición de grupos humanitarios, había pedido a Biden en agosto que aumentara el objetivo en el año fiscal 2025 hasta al menos 135.000, citando las crecientes necesidades en todo el mundo.

Un juez accedió el viernes posponer hasta después de las elecciones de noviembre la sentencia a Donald Trump en el caso donde se le acusa de pagar para ocultar información desfavorable, concediéndole un aplazamiento obtenido a duras penas, cuando navega entre las consecuencias de su condena penal y la recta final de su campaña presidencial.

El juez de Manhattan Juan M. Merchan, que también pondera una solicitud de la defensa para anular el veredicto por motivos de inmunidad, retrasó la sentencia de Trump hasta el 26 de noviembre, tres semanas después que se emitan los últimos votos de la elección presidencial.

El veredicto se había programado para el 18 de septiembre, unas siete semanas antes de la elección. La nueva fecha es el martes previo al Día de Acción de Gracias.

El retraso, que es la más reciente muestra de buena fortuna legal para Trump, significa que la elección presidencial se decidirá sin que los votantes sepan si el candidato republicano irá a la cárcel o no.

Merchan explicó, en un fallo de cuatro páginas, que pospuso la sentencia “para evitar cualquier apariencia— por injustificada que sea— de que el proceso ha sido afectado, o busca afectar la próxima elección presidencial en que el acusado es candidato”.

“El tribunal es una institución justa, imparcial y apolítica”, añadió, y escribió que su decisión “debe disipar cualquier insinuación” de lo contrario.

Los abogados de Trump presionaron para obtener el retraso desde varios frentes, presentando una petición al juez y pidiendo la intervención de un tribunal federal. Argumentaron que castigar al expresidente en medio de su campaña para recuperar la Casa Blanca equivaldría a interferir en las elecciones.

La defensa de Trump argumentó que retrasar la sentencia del magnate hasta después de la elección también le dará tiempo para ponderar sus próximos pasos después que Merchan decida sobre la solicitud de la defensa de revertir su condena y desestimar el caso debido a la decisión tomada en julio por la Corte Suprema de Estados Unidos en relación con la inmunidad presidencial.

En su orden del viernes, Merchan retrasó la decisión sobre el tema hasta el 12 de noviembre.

Colin Gray, de 54 años y padre de Colt Gray, ha sido acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario, dos cargos de homicidio en segundo grado y ocho cargos de crueldad hacia niños, informó la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) en una publicación en redes sociales.

"Estos cargos se derivan de que el señor Gray le permitió a sabiendas a su hijo, Colt, poseer un arma", dijo el director de la GBI, Chris Hosey, en una conferencia de prensa vespertina. "Sus cargos están relacionados directamente con las acciones de su hijo, y el permitirle poseer un arma".

En Georgia, un cargo de homicidio en segundo grado significa que la persona ha causado la muerte de otra al tiempo que cometió crueldad en segundo grado con niños, independientemente de la intención. Se castiga con penas de 10 a 30 años de cárcel, mientras que el homicidio doloso y el asesinato criminal conllevan una pena mínima de cadena perpetua.

Las autoridades han acusado a Colt Gray, de 14 años, como un adulto con un cargo de homicidio por los disparos del miércoles en la escuela secundaria Apalachee, ubicada en las afueras de Atlanta. Órdenes de arresto obtenidas por The Associated Press lo acusan de utilizar un fusil semiautomático de asalto en el atentado, que resultó en la muerte de dos estudiantes y dos profesores y causó heridas a nueve personas más.

El adolescente negó haber amenazado con llevar a cabo un tiroteo en la escuela cuando las autoridades lo entrevistaron el año pasado con respecto a un mensaje amenazador en redes sociales, según un informe del departamento policial obtenido el jueves.

La evidencia contradictoria sobre el origen de la publicación les impidió a los investigadores detener a alguien, según el informe. La jefa policial del condado Jackson, Janis Mangum, dijo que revisó el informe de mayo de 2023 y no encontró nada que hubiera justificado presentar cargos en ese momento.

"No cometimos un error en esto en lo absoluto", le dijo Mangum a la AP en una entrevista. "Hicimos todo lo que podíamos hacer con lo que teníamos en ese momento".

Cuando un investigador del departamento policial del vecino condado Jackson entrevistó a Gray el año pasado, su padre dijo que el chico había resultado afectado por la separación de sus padres y que frecuentemente era molestado en la escuela. El adolescente disparaba armas con frecuencia y cazaba con su padre, que le tomó una fotografía con la sangre de un ciervo en las mejillas.

"Conoce la gravedad de las armas y lo que pueden hacer, y cómo usarlas y cómo no usarlas", dijo Colin Gray, de acuerdo con una transcripción obtenida del departamento policial.

El adolescente fue entrevistado luego de que el departamento policial recibió una pista del FBI acerca de que Colt Gray, en ese entonces de 13 años, "había posiblemente amenazado con perpetrar un tiroteo en una escuela secundaria mañana". La amenaza fue realizada en Discord, una plataforma de redes sociales popular entre jugadores de videojuegos, de acuerdo con el reporte del departamento policial.

Una acusación presentada el miércoles por fiscales del gobierno federal de Estados Unidos alega que una compañía de medios vinculada a seis influencers conservadores, incluidos Tim Pool, Dave Rubin y Benny Johnson, fue financiada en secreto por empleados de medios estatales rusos para producir videos en inglés que "a menudo eran consistentes" con el "interés del Kremlin en amplificar las divisiones internas de EEUU para debilitar la oposición de EEUU" a los intereses rusos, como su guerra en Ucrania.

El Departamento de Justicia de EEUU no alega ninguna irregularidad por parte de los influencers, algunos de los cuales, dice, recibieron información falsa sobre la fuente de financiación de la empresa.

En cambio, acusa a dos empleados de RT, una empresa de medios estatal rusa, de canalizar casi 10 millones de dólares a una empresa de creación de contenido con sede en Tenesí para contenido amigable con Rusia.

Después de que se anunciaron las acusaciones, tanto Pool como Johnson emitieron declaraciones en las redes sociales, que Rubin retuiteó, diciendo que eran víctimas de los presuntos delitos y que no habían hecho nada malo.

"Todavía no sabemos qué es verdad, ya que estas son solo acusaciones", dijo Pool. "Putin es una basura".

En su publicación, Johnson escribió que hace un año se le había pedido que proporcionara contenido a una "startup de medios". Dijo que sus abogados negociaron un "acuerdo estándar, en condiciones de plena competencia, que luego fue terminado".

Kostiantyn Kalashnikov y Elena Afanasyeva están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Están prófugos y no quedó claro si tenían abogados.

Los funcionarios estadounidenses han advertido previamente sobre el uso por parte de Rusia de estadounidenses involuntarios para influir en las elecciones de 2024, pero la acusación del miércoles es la descripción más detallada de esos esfuerzos hasta la fecha.

En un foro el jueves, el presidente ruso Vladimir Putin pareció sugerir en broma que apoyaría a la vicepresidenta Kamala Harris en las próximas elecciones estadounidenses, pero funcionarios de inteligencia han dicho que Moscú tiene preferencia por Donald Trump, informó la agencia Prensa Asociada.

Con el declive de los medios de comunicación tradicionales, como los periódicos, y los límites a la publicidad directa en las plataformas de redes sociales, los influencers desempeñan cada vez más un papel clave en la política y en la formación de la opinión pública.

Tanto el Partido Republicano como el Demócrata invitaron a decenas de personas influyentes a sus respectivas convenciones nacionales este verano. Pero con pocos o ningún requisito de divulgación sobre quién financia el trabajo de los influencers, el público está en gran medida a oscuras sobre quién está impulsando los mensajes en línea, dijo Prensa Asociada.

Aunque la acusación no nombra a la compañía con sede en Tenesí, los detalles coinciden con Tenet Media, una compañía de medios en línea que se jacta de albergar "una red de comentaristas heterodoxos que se enfocan en temas políticos y culturales occidentales".

Los seis principales influencers de Tenet Media tienen más de 7 millones de suscriptores en YouTube y más de 7 millones de seguidores en X.

(Basado en artículos de Prensa Asociada y CNN)

Un juez federal ordenó el miércoles la liberación de un exboina verde estadounidense acusado de participar en un fallido intento de golpe de Estado en 2020 contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, rechazando los argumentos de que huiría mientras aguarda un juicio por cargos de contrabando de armas.

Jordan Goudreau fue arrestado en julio tras una investigación de cuatro años sobre la intentona golpista, la cual concluyó cuando fuerzas de seguridad venezolanas mataron a varios combatientes y dos de los compañeros de Goudreau en las Fuerzas Especiales estadounidenses fueron recluidos en una prisión del gobierno de Maduro.

El complot, expuesto por The Associated Press dos días antes de la incursión, fue ejecutado por un grupo de desertores del ejército venezolano a los que Goudreau supuestamente ayudó a armar y entrenar en la vecina Colombia.

Goudreau se adjudicó de inmediato la responsabilidad de la Operación Gedeón —o Bahía de los Lechones, como llegó a conocerse el sangriento fiasco—, pero dijo que había actuado de común acuerdo con la oposición venezolana para proteger la democracia.

“Si estuviera en su lugar, hubiera huido antes de que me acusaran”, declaró la jueza Virginia Hernandez Covington al ordenar la puesta en libertad de Goudreau a la espera del inicio de su juicio, previsto para el mes próximo.

Goudreau, con grilletes en las piernas y vestido de naranja, respondió "negativo" varias veces cuando se le preguntó en la corte si alguna vez se le habían diagnosticado enfermedades mentales que lo convirtieran en un peligro para sí mismo y para los demás tras su puesta en libertad.

Aunque Goudreau, de 48 años, no tiene antecedentes penales y fue condecorado tres veces con la Estrella de Bronce en Irak y Afganistán, la fiscal adjunta Cherie Krigsman argumentó que existía riesgo de fuga, que tenía un historial de manipulación de testigos y que infringía a sabiendas las leyes estadounidenses.

Krigsman dijo que Goudreau huyó a México, donde permaneció cerca de un año, a los pocos días de enterarse de que estaba siendo investigado. Antes de salir de Estados Unidos, realizó una serie de búsquedas en Google que supuestamente incluían “cómo huir y permanecer oculto de los federales” y “cómo ser un prófugo exitoso”.

Krigsman citó extractos de una conversación que Goudreau mantuvo con una fuente confidencial, en la que supuestamente entrenó al testigo para que mintiera a los investigadores sobre unos 60 fusiles AR-15 incautados por la policía colombiana de camino a los campamentos clandestinos donde los oponentes del gobierno venezolano eran entrenados.

Dos de los fusiles automáticos contienen rastros del ADN de Goudreau, mientras que silenciadores, gafas de visión nocturna y otros equipos de defensa llevan números de serie que coinciden con los adquiridos por Goudreau y su empresa de seguridad Silvercorp, con sede en Melbourne, Florida. Todo ello requería una licencia de exportación, que Goudreau nunca tuvo. Algunas de las armas nunca arribaron, según los fiscales, porque un yate se hundió en medio del Caribe. Goudreau y un socio fueron rescatados por un buque petrolero que pasaba por allí.

“Su meritorio servicio en las fuerzas armadas representa una impresionante caída en desgracia”, apuntó Krigsman al juez. Dijo que Goudreau —nacido en Canadá— era un “fantasma”, entrenado por las Fuerzas Especiales para “permanecer invisible”.

La abogada de Goudreau, Marissel Descalzo, dijo que su cliente nunca se escondió y que en todo momento estuvo en contacto con los investigadores a través de otro abogado que lo representa en la demanda, interpuesta contra un exasesor del líder opositor venezolano que, según él, lo contrató para explorar la posibilidad de una incursión con mercenarios.

En anticipación a un argumento que probablemente se utilizará en el juicio, dijo que evidencia secreta mostrará que Goudreau enviaba mensajes de texto a “funcionarios gubernamentales de alto nivel” durante el período previo a la incursión, lo cual lo llevó a creer que el gobierno estadounidense respaldaba sus acciones. Aunque el gobierno del entonces presidente Donald Trump no ocultó su deseo de deshacerse de Maduro, no hay evidencia de que funcionarios estadounidenses respaldaran la invasión ni la exportación de armas, lo cual representaba una violación de las leyes de control de armas de Estados Unidos.

La fiscal Krigsman respondió: “Si él pensaba que alguien del gobierno había autorizado sus acciones, ¿por qué haría esas búsquedas en línea sobre cómo volverse prófugo de la justicia?”

En un principio, un juez de instrucción de Manhattan ordenó la puesta en libertad de Goudreau en julio, pero la orden fue suspendida mientras se le daba trámite a una interpelación interpuesta por el gobierno.

Como condición para su liberación, Goudreau —que no tiene residencia ni bienes propios aparte de un velero atracado en Tampa— tendrá que portar una tobillera de rastreo. También estará confinado en la residencia de un antiguo colega de las Fuerzas Especiales en el norte de Florida.

La fianza de 2 millones de dólares que garantiza su puesta en libertad está avalada con un apartamento propiedad de Jen Gatien, el cineasta que dirigió el documental “Men at War”, que sus productores dicen es un acercamiento a la vida de Goudreau “fugitivo” tras el fallido golpe de Estado.

Si es declarado culpable, Goudreau podría enfrentar entre 10 y 20 años de prisión.