Cuba
Represores de cuello blanco en las universidades cubanas: desde los orígenes hasta hoy
Artículo de opinión
Los represores de cuello blanco en las universidades cubanas y otros centros académicos del país han sido poco visibilizados en un contexto social permeado -a lo largo de más de seis décadas─ por la sistemática violación de la libertad de pensamiento y de expresión, en un entramado político-ideológico signado por la intolerante y excluyente postura gubernamental.
Con el apoyo y bajo las orientaciones de una cúpula de gobierno que desde su arribo al poder lo primero que atacó fue la cultura como base del pensamiento –acto inicial de las dictaduras, según expresara el nigeriano Wolle Soyinka, Premio Nobel de Literatura 1986─ los represores han podido destruir con sus execrables actos carreras, individuos y familias.
El asalto contra la autonomía universitaria perpetrado por Fidel Castro Ruz en el año 1962, expulsó a decenas de profesores de pensamiento liberal y sólida formación académica, y cerró las disciplinas de ciencias sociales para luego reabrirlas vaciadas de sus metodologías y contenidos originales.
Pero este acto contra la libertad de pensamiento se veía venir, no sólo por ser inherente al proyecto político que se vislumbraba sería impuesto en el país, sino por algunos antecedentes a esta posición planteados en “Los discursos pronunciados por Fidel Castro en 1961”, según el Informe No.6 del Observatorio de Libertad Académica (OLA), de noviembre 2020.
De acuerdo con el Informe, en el primero de los discursos (23/1/1961) se destacan las consignas ideológicas en torno a “las responsabilidades que tendrían los maestros en el proyecto”, cuya idea era crear centros de formación comunista capaces de garantizar el adoctrinamiento de la clase académica e intelectual, y defender sobre todo los valores del régimen.
El segundo discurso, pronunciado el 27 de marzo del propio año 1961, marcaría un hito en cuanto a la motivación de las juventudes, y un camino a seguir de acuerdo con la ideología, ´pues aparte de invitar a los estudiantes a defender la revolución, los conminó a asegurarse de protegerla a toda costa en sus hogares, las calles, y todo centro de enseñanza, emplazando a los “contrarrevolucionarios” como el enemigo a derrotar y a destruir.
De ahí la obsesión “revolucionaria” de controlar la Universidad desde la vigilancia absoluta, impuesta tras la contrarreforma universitaria de Juan Marinello (1962). A partir de ahí, siempre hubo censura en la Universidad, como esencia fundamental de la ideología comunista para lograr sus fines.
En su infeliz intento de lograr una sociedad distópica orwelliana, donde la manipulación de la información, la vigilancia masiva y la represión política predominan como la fórmula ideal para conservar el poder ─al peor estilo de la novela 1984 de George Orwell─ la revolución cubana no ha dejado de imponer el “crimental” –crimen de la mente─ en los centros universitarios.
Esta criminalización del pensamiento que parece una parodia macabra de la ficticia sociedad de Orwell ─hecha verbo en la real de Castro Ruz─ ha contado con muchos y connotados represores de cuello blanco a lo largo de más de 60 años del poder absoluto de la “revolución” sobre la nación cubana.
Entre la desinformación, la ausencia de formación y la mordaza política, los profesores se sintieron presionados, menos los que provenían de la cantera de cuadros del Partido Comunista que, por supuesto, aportaban mucho de dogma y ortodoxia teológica para imponer en los diversos escenarios.
Políticos, académicos y amanuenses vinculados por razones ideológicas a las universidades como Juan Marinello, José Manuel Miyar Barruecos, Rubén Sardoya, Juan Vela, o Miriam Nicado, entre otros represores de cuello blanco, implementaron la excluyente consigna “La Universidad es para los Revolucionarios”.
Sin tomar en cuenta el nivel académico, la trayectoria y obra de profesores, alumnos e investigadores, muchos de ellos fueron enviados a ocupar espacios fuera de sus perfiles profesionales, condenados al ostracismo social, o expulsados definitivamente de las universidades, ensañándose en intelectuales del nivel de Walterio Carbonell y Manuel Moreno Fraginals.
Más adelante, como forma de acabar con la opinión otra, se perpetró el cierre de la revista de la Facultad de Filosofía, Pensamiento Crítico (1971), y en el año 1992, la expulsión del grupo de profesores del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría (ISPJAE), entre los que figuraba quien fuera luego un líder de la oposición, Félix Bonne Carcassés.
Otro caso fue el de la actual Doctora Marlene Azor. A mediados de la década de los 90, como profesora de la Facultad de Filosofía e Historia, presentó una tesis doctoral sobre las experiencias históricas del socialismo de Estado. La polémica propuesta le impuso una barrera.
Para continuar como profesora universitaria, debía hacer un doctorado y fue el Decano Dr. Rubén Sardoya Loureda quien la desautorizó a cursarlo debido a la actitud civil y académica de Azor frente a los métodos que se aplicaban, actitud por la que tuvo que salir entonces al exilio en México.
Estas purgas universitarias iniciadas en los años 60 del pasado siglo, y aún vigentes a cuentagotas, pero con sistematicidad, convirtieron los altos centros de estudios en otra trinchera política donde las opiniones favorables a la “revolución” son la única garantía de no ser expulsados de un plantel.
El Rey desnudo: La represión en Cuba bajo la mirada de internet
La llegada de internet a la isla –más allá de la precaria conexión, los altos y prohibitivos precios de los equipos y servicios, las limitaciones y la vigilancia política en las redes─ ha propiciado el poder desvelar las interioridades del monstruo de la represión política a todos los niveles de la sociedad.
La creación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) en el año 1992 creó extensas bases dentro de la isla para compilar y enviar con inmediatez a través de las redes y hacia organismos internacionales los constantes actos represivos cometidos por el régimen dentro del país.
La expulsión del Máster Julio Antonio Aleaga Pesant, mientras fungía como profesor de cine cubano en la Universidad de La Habana, propició mi primer contacto personal con una víctima de los represores de cuello blanco que han fungido como guardianes de la doctrina en las aulas universitarias desde los albores de la revolución hasta el día de hoy.
Expulsado el día 4 de abril del año 2005 por el Doctor Rogelio Rodríguez Coronel, Decano de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, bajo el supuesto crimen de ser un defensor de los Derechos Humanos en Cuba, el caso de Aleaga es otra muestra de la continuidad en la práctica de depurar por razones políticas los centros de Educación Superior en la isla.
Al preguntar quién decidía su expulsión del claustro de profesores de la universidad, el decano le dijo: “Son órdenes de la Seguridad del Estado”.
Aleaga recuerda que sus visitas a la Secretaría del Rectorado para exigir al rector, Juan Vela Valdés, los documentos del proceso de expulsión, fueron en balde, pues la política es no dejar huellas sobre estas situaciones.
Mi segundo contacto con una víctima de los ejecutores de este tipo de represión fue con Boris González Arenas, quien mientras se desempeñaba como profesor de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, fue expulsado por su activismo en las redes sociales. Es una muestra de la vigilancia y asedio del gobierno a quien busca información, y el castigo a quien la difunde.
La expulsión de Boris la ejecutó Gerónimo Labrada, un antiguo y anodino sonidista de la escuela que sustituyó al anterior, Rafael Rosales, quien, según Boris, es un honorable intelectual guatemalteco que por su postura cívica frente a las presiones del Partido Comunista y otros directivos del centro para que aprobara y firmara el despido del profesor fue también cesanteado.
“Es lógico pensar” –señala Boris─ “que detrás de todos estos funcionarios estaba la Seguridad del Estado, y en mi caso hay duplicidad de interpretaciones. Si por un lado”, agrega, “el director extranjero no admitía presiones, por el otro, el nacional se rebajaba y humillaba a cumplir las órdenes de la policía política”.
“Ya en dictadura el castrismo ha estado en el centro de las discusiones generales de la masa universitaria”, dice Gonzáles Arenas. “Pero también la universidad ha estado en el centro de las frustraciones del castrismo. Eso permite comprender el daño antropológico hecho por la dictadura, y cómo la censura a los medios académicos daña el desarrollo y el cuerpo intelectual y profesional de la nación”.
“Creo que los analistas abusan al considerar las acciones de Fidel Castro como estratégicas, cuando lo cierto es que eran condicionantes viscerales. El encanto que él buscaba producir entre intelectuales y científicos era visceral, parte de su percepción desquiciada de la realidad”, concluye.
Otros casos donde nuevos represores de cuello blanco han quedado al desnudo frente a la opinión pública nacional a través de las redes sociales, grupos independientes y acuciosos observadores y denunciantes de la realidad de la isla como la FHRC, son los de Oscar Casanella y Yanelis Nuñez Leyva, ambos expulsados por razones políticas de sus respectivos empleos.
A Oscar lo expulsan del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología el director del centro, Dr. Luis Curbelo Alonso, y el vicedirector de investigaciones y docencia, Dr. Lorenzo Anasagasti, por sus vínculos de amistad con un músico del grupo Porno para Ricardo, opuesto al régimen.
Por otra parte, Nuñez Leyva, graduada de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, crítica de arte y curadora del Museo de la Disidencia, es expulsada por la Doctora Luisa Campuzano Senti de la revista Revolución y Cultura, por opiniones “subversivas”.
También los hermanos Ariel y Omara Ruiz Urquiola han pasado a formar parte de una considerable y creciente lista de profesores y alumnos de diversas universidades o centros académicos que han sido expulsados por no ser ejemplos de “rectitud política” o compromiso ideológico con los supuestos postulados de una revolución que ve las libertades de opinión, expresión, pensamiento y conciencia como ejes del mal.
En el caso del Msc Ariel Ruiz Urquiola, fue expulsado del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana por denunciar en las redes algunas decisiones laborales y gubernamentales que afectan el normal desarrollo de un profesional. Por igual causa, su hermana, Omara Ruiz Urquiza, fue cesanteada del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI).
Como caso final de este trabajo –quedan cientos a lo largo y ancho del país─ quiero mencionar el de una joven que se ha convertido en el suceso actual más visible del despotismo revolucionario en el mundo académico y de su comportamiento violatorio de los Derechos Humanos elementarles, al impedirle la entrada a su país –condenándola al destierro─ a la periodista Karla Pérez González.
Pérez González, quien había ido a estudiar periodismo en Costa Rica luego de ser expulsada de la Universidad Central de Las Villas (2017) por sus vínculos con el grupo opositor Somos Más, regresaba graduada a su patria y otra vez la Seguridad del Estado y el gobierno cubano volvieron a violar un derecho humano fundamental, esta vez, el de poder entrar a su país.
Si en el 2017 su expulsión fue avalada por los integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Giovani Peñate, Armando Reguera Monzón y Jorge Castañeda López, en esta ocasión, la Cancillería cubana, la Aduana de la República y algún oscuro y tétrico enviado por el partido, hicieron el papel.
Además, si en aquella ocasión las caras de los títeres y la voz de los ventrílocuos que ejecutaron la orden de la policía política fueron las de la Dra. Osneydi León Bermúdez, Decana de la facultad de artes y letras, la Dra. Osana Moleiro Pérez, Vicerrectora primero, y ahora rectora, y el exrector Andrés Castro Alegría, ahora le tocó asumir el penoso rol a la directora de comunicación e imagen de la Cancillería cubana, Yaira Jiménez Roig.
En resumen, los estudiantes, profesores e investigadores de las universidades y centros académicos son víctimas de la violación de diversos derechos humanos, tales como el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a la libertad de pensamiento o conciencia, el derecho a la libertad académica y el derecho al trabajo, entre otros.
Para imponer esos niveles de control, coacción, amenazas, chantaje y represión política, el estado totalitario se vale de los represores de cuello blanco, muchos de ellos prestigiosos académicos y funcionarios del país.
Muchos de los académicos y directores formados y aupados en tiempo de dictadura son inescrupulosos y amorales, hasta que se pruebe lo contrario. Por ejemplo, la Doctora Luisa Campuzano Sentí, es filóloga. Gerónimo Labrada es sonidista de profesión. El Doctor Rogelio Rodríguez Coronel, filólogo y Presidente del capítulo cubano de la Academia Cubana de la Lengua. El Doctor Luis Curbelo, es un famoso oncólogo que acaparaba todos los viajes al exterior en el instituto que dirigía, para formarse en resonancia nuclear. Todos son sumisos e incondicionales al poder.
Para resumir el grado de sumisión, cinismo, cobardía e impunidad con que actúan estos inquisidores del pensamiento, la opinión y la conciencia libres, sólo se necesita leer una de las citas de las “reflexiones que bajo el título Ser profesor universitario, publicara la viceministra de Educación Superior, Martha del Carmen Mesa Valenciano, el pasado 13 de agosto de 2019, en alusión al caso de Omara Ruiz Urquiola. Según aseguró:
“El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”.
Con los alumnos que incumplen estos patrones se ha demostrado que puede ser peor. Características de la dictadura cubana que a menudo son silenciadas o tergiversadas por quienes las conocen bien en los círculos académicos internacionales.
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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