Cuba
Represores de cuello blanco en las universidades cubanas: desde los orígenes hasta hoy
Artículo de opinión
Los represores de cuello blanco en las universidades cubanas y otros centros académicos del país han sido poco visibilizados en un contexto social permeado -a lo largo de más de seis décadas─ por la sistemática violación de la libertad de pensamiento y de expresión, en un entramado político-ideológico signado por la intolerante y excluyente postura gubernamental.
Con el apoyo y bajo las orientaciones de una cúpula de gobierno que desde su arribo al poder lo primero que atacó fue la cultura como base del pensamiento –acto inicial de las dictaduras, según expresara el nigeriano Wolle Soyinka, Premio Nobel de Literatura 1986─ los represores han podido destruir con sus execrables actos carreras, individuos y familias.
El asalto contra la autonomía universitaria perpetrado por Fidel Castro Ruz en el año 1962, expulsó a decenas de profesores de pensamiento liberal y sólida formación académica, y cerró las disciplinas de ciencias sociales para luego reabrirlas vaciadas de sus metodologías y contenidos originales.
Pero este acto contra la libertad de pensamiento se veía venir, no sólo por ser inherente al proyecto político que se vislumbraba sería impuesto en el país, sino por algunos antecedentes a esta posición planteados en “Los discursos pronunciados por Fidel Castro en 1961”, según el Informe No.6 del Observatorio de Libertad Académica (OLA), de noviembre 2020.
De acuerdo con el Informe, en el primero de los discursos (23/1/1961) se destacan las consignas ideológicas en torno a “las responsabilidades que tendrían los maestros en el proyecto”, cuya idea era crear centros de formación comunista capaces de garantizar el adoctrinamiento de la clase académica e intelectual, y defender sobre todo los valores del régimen.
El segundo discurso, pronunciado el 27 de marzo del propio año 1961, marcaría un hito en cuanto a la motivación de las juventudes, y un camino a seguir de acuerdo con la ideología, ´pues aparte de invitar a los estudiantes a defender la revolución, los conminó a asegurarse de protegerla a toda costa en sus hogares, las calles, y todo centro de enseñanza, emplazando a los “contrarrevolucionarios” como el enemigo a derrotar y a destruir.
De ahí la obsesión “revolucionaria” de controlar la Universidad desde la vigilancia absoluta, impuesta tras la contrarreforma universitaria de Juan Marinello (1962). A partir de ahí, siempre hubo censura en la Universidad, como esencia fundamental de la ideología comunista para lograr sus fines.
En su infeliz intento de lograr una sociedad distópica orwelliana, donde la manipulación de la información, la vigilancia masiva y la represión política predominan como la fórmula ideal para conservar el poder ─al peor estilo de la novela 1984 de George Orwell─ la revolución cubana no ha dejado de imponer el “crimental” –crimen de la mente─ en los centros universitarios.
Esta criminalización del pensamiento que parece una parodia macabra de la ficticia sociedad de Orwell ─hecha verbo en la real de Castro Ruz─ ha contado con muchos y connotados represores de cuello blanco a lo largo de más de 60 años del poder absoluto de la “revolución” sobre la nación cubana.
Entre la desinformación, la ausencia de formación y la mordaza política, los profesores se sintieron presionados, menos los que provenían de la cantera de cuadros del Partido Comunista que, por supuesto, aportaban mucho de dogma y ortodoxia teológica para imponer en los diversos escenarios.
Políticos, académicos y amanuenses vinculados por razones ideológicas a las universidades como Juan Marinello, José Manuel Miyar Barruecos, Rubén Sardoya, Juan Vela, o Miriam Nicado, entre otros represores de cuello blanco, implementaron la excluyente consigna “La Universidad es para los Revolucionarios”.
Sin tomar en cuenta el nivel académico, la trayectoria y obra de profesores, alumnos e investigadores, muchos de ellos fueron enviados a ocupar espacios fuera de sus perfiles profesionales, condenados al ostracismo social, o expulsados definitivamente de las universidades, ensañándose en intelectuales del nivel de Walterio Carbonell y Manuel Moreno Fraginals.
Más adelante, como forma de acabar con la opinión otra, se perpetró el cierre de la revista de la Facultad de Filosofía, Pensamiento Crítico (1971), y en el año 1992, la expulsión del grupo de profesores del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría (ISPJAE), entre los que figuraba quien fuera luego un líder de la oposición, Félix Bonne Carcassés.
Otro caso fue el de la actual Doctora Marlene Azor. A mediados de la década de los 90, como profesora de la Facultad de Filosofía e Historia, presentó una tesis doctoral sobre las experiencias históricas del socialismo de Estado. La polémica propuesta le impuso una barrera.
Para continuar como profesora universitaria, debía hacer un doctorado y fue el Decano Dr. Rubén Sardoya Loureda quien la desautorizó a cursarlo debido a la actitud civil y académica de Azor frente a los métodos que se aplicaban, actitud por la que tuvo que salir entonces al exilio en México.
Estas purgas universitarias iniciadas en los años 60 del pasado siglo, y aún vigentes a cuentagotas, pero con sistematicidad, convirtieron los altos centros de estudios en otra trinchera política donde las opiniones favorables a la “revolución” son la única garantía de no ser expulsados de un plantel.
El Rey desnudo: La represión en Cuba bajo la mirada de internet
La llegada de internet a la isla –más allá de la precaria conexión, los altos y prohibitivos precios de los equipos y servicios, las limitaciones y la vigilancia política en las redes─ ha propiciado el poder desvelar las interioridades del monstruo de la represión política a todos los niveles de la sociedad.
La creación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) en el año 1992 creó extensas bases dentro de la isla para compilar y enviar con inmediatez a través de las redes y hacia organismos internacionales los constantes actos represivos cometidos por el régimen dentro del país.
La expulsión del Máster Julio Antonio Aleaga Pesant, mientras fungía como profesor de cine cubano en la Universidad de La Habana, propició mi primer contacto personal con una víctima de los represores de cuello blanco que han fungido como guardianes de la doctrina en las aulas universitarias desde los albores de la revolución hasta el día de hoy.
Expulsado el día 4 de abril del año 2005 por el Doctor Rogelio Rodríguez Coronel, Decano de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, bajo el supuesto crimen de ser un defensor de los Derechos Humanos en Cuba, el caso de Aleaga es otra muestra de la continuidad en la práctica de depurar por razones políticas los centros de Educación Superior en la isla.
Al preguntar quién decidía su expulsión del claustro de profesores de la universidad, el decano le dijo: “Son órdenes de la Seguridad del Estado”.
Aleaga recuerda que sus visitas a la Secretaría del Rectorado para exigir al rector, Juan Vela Valdés, los documentos del proceso de expulsión, fueron en balde, pues la política es no dejar huellas sobre estas situaciones.
Mi segundo contacto con una víctima de los ejecutores de este tipo de represión fue con Boris González Arenas, quien mientras se desempeñaba como profesor de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, fue expulsado por su activismo en las redes sociales. Es una muestra de la vigilancia y asedio del gobierno a quien busca información, y el castigo a quien la difunde.
La expulsión de Boris la ejecutó Gerónimo Labrada, un antiguo y anodino sonidista de la escuela que sustituyó al anterior, Rafael Rosales, quien, según Boris, es un honorable intelectual guatemalteco que por su postura cívica frente a las presiones del Partido Comunista y otros directivos del centro para que aprobara y firmara el despido del profesor fue también cesanteado.
“Es lógico pensar” –señala Boris─ “que detrás de todos estos funcionarios estaba la Seguridad del Estado, y en mi caso hay duplicidad de interpretaciones. Si por un lado”, agrega, “el director extranjero no admitía presiones, por el otro, el nacional se rebajaba y humillaba a cumplir las órdenes de la policía política”.
“Ya en dictadura el castrismo ha estado en el centro de las discusiones generales de la masa universitaria”, dice Gonzáles Arenas. “Pero también la universidad ha estado en el centro de las frustraciones del castrismo. Eso permite comprender el daño antropológico hecho por la dictadura, y cómo la censura a los medios académicos daña el desarrollo y el cuerpo intelectual y profesional de la nación”.
“Creo que los analistas abusan al considerar las acciones de Fidel Castro como estratégicas, cuando lo cierto es que eran condicionantes viscerales. El encanto que él buscaba producir entre intelectuales y científicos era visceral, parte de su percepción desquiciada de la realidad”, concluye.
Otros casos donde nuevos represores de cuello blanco han quedado al desnudo frente a la opinión pública nacional a través de las redes sociales, grupos independientes y acuciosos observadores y denunciantes de la realidad de la isla como la FHRC, son los de Oscar Casanella y Yanelis Nuñez Leyva, ambos expulsados por razones políticas de sus respectivos empleos.
A Oscar lo expulsan del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología el director del centro, Dr. Luis Curbelo Alonso, y el vicedirector de investigaciones y docencia, Dr. Lorenzo Anasagasti, por sus vínculos de amistad con un músico del grupo Porno para Ricardo, opuesto al régimen.
Por otra parte, Nuñez Leyva, graduada de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, crítica de arte y curadora del Museo de la Disidencia, es expulsada por la Doctora Luisa Campuzano Senti de la revista Revolución y Cultura, por opiniones “subversivas”.
También los hermanos Ariel y Omara Ruiz Urquiola han pasado a formar parte de una considerable y creciente lista de profesores y alumnos de diversas universidades o centros académicos que han sido expulsados por no ser ejemplos de “rectitud política” o compromiso ideológico con los supuestos postulados de una revolución que ve las libertades de opinión, expresión, pensamiento y conciencia como ejes del mal.
En el caso del Msc Ariel Ruiz Urquiola, fue expulsado del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana por denunciar en las redes algunas decisiones laborales y gubernamentales que afectan el normal desarrollo de un profesional. Por igual causa, su hermana, Omara Ruiz Urquiza, fue cesanteada del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI).
Como caso final de este trabajo –quedan cientos a lo largo y ancho del país─ quiero mencionar el de una joven que se ha convertido en el suceso actual más visible del despotismo revolucionario en el mundo académico y de su comportamiento violatorio de los Derechos Humanos elementarles, al impedirle la entrada a su país –condenándola al destierro─ a la periodista Karla Pérez González.
Pérez González, quien había ido a estudiar periodismo en Costa Rica luego de ser expulsada de la Universidad Central de Las Villas (2017) por sus vínculos con el grupo opositor Somos Más, regresaba graduada a su patria y otra vez la Seguridad del Estado y el gobierno cubano volvieron a violar un derecho humano fundamental, esta vez, el de poder entrar a su país.
Si en el 2017 su expulsión fue avalada por los integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Giovani Peñate, Armando Reguera Monzón y Jorge Castañeda López, en esta ocasión, la Cancillería cubana, la Aduana de la República y algún oscuro y tétrico enviado por el partido, hicieron el papel.
Además, si en aquella ocasión las caras de los títeres y la voz de los ventrílocuos que ejecutaron la orden de la policía política fueron las de la Dra. Osneydi León Bermúdez, Decana de la facultad de artes y letras, la Dra. Osana Moleiro Pérez, Vicerrectora primero, y ahora rectora, y el exrector Andrés Castro Alegría, ahora le tocó asumir el penoso rol a la directora de comunicación e imagen de la Cancillería cubana, Yaira Jiménez Roig.
En resumen, los estudiantes, profesores e investigadores de las universidades y centros académicos son víctimas de la violación de diversos derechos humanos, tales como el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a la libertad de pensamiento o conciencia, el derecho a la libertad académica y el derecho al trabajo, entre otros.
Para imponer esos niveles de control, coacción, amenazas, chantaje y represión política, el estado totalitario se vale de los represores de cuello blanco, muchos de ellos prestigiosos académicos y funcionarios del país.
Muchos de los académicos y directores formados y aupados en tiempo de dictadura son inescrupulosos y amorales, hasta que se pruebe lo contrario. Por ejemplo, la Doctora Luisa Campuzano Sentí, es filóloga. Gerónimo Labrada es sonidista de profesión. El Doctor Rogelio Rodríguez Coronel, filólogo y Presidente del capítulo cubano de la Academia Cubana de la Lengua. El Doctor Luis Curbelo, es un famoso oncólogo que acaparaba todos los viajes al exterior en el instituto que dirigía, para formarse en resonancia nuclear. Todos son sumisos e incondicionales al poder.
Para resumir el grado de sumisión, cinismo, cobardía e impunidad con que actúan estos inquisidores del pensamiento, la opinión y la conciencia libres, sólo se necesita leer una de las citas de las “reflexiones que bajo el título Ser profesor universitario, publicara la viceministra de Educación Superior, Martha del Carmen Mesa Valenciano, el pasado 13 de agosto de 2019, en alusión al caso de Omara Ruiz Urquiola. Según aseguró:
“El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”.
Con los alumnos que incumplen estos patrones se ha demostrado que puede ser peor. Características de la dictadura cubana que a menudo son silenciadas o tergiversadas por quienes las conocen bien en los círculos académicos internacionales.
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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Presentan en España resolución para reducir la influencia rusa en Cuba
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una propuesta de ley destinada a detener la creciente influencia de Rusia en Cuba y su impacto para socavar las democracias.
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
Los diputados explican que “Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de (Vladimir) Putin defendiendo la versión del Kremlin” sobre la guerra en Ucrania y “ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales”.
Mencionan además que Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania, dando como un ejemplo que en 2022, Cuba "participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de 50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú".
“Si hemos sido conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las democracias de Occidente”, expresaron los diputados.
La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos “que el régimen cubano Ileva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos” y que se “exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
Asimismo pide “promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vlodimir Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas” y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC UE-Cuba) hasta que el régimen cubano “ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania”.
Dicho articulo establece la cláusula de suspensión del acuerdo "por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos.
Los diputados proponentes expresan que “Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa”, lograda a través de dicho acuerdo.
“El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo, ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano”, señalaron.
Miles de litros se desperdician por salideros en La Habana en plena crisis de agua potable
El video de un enorme salidero en plena calle del Cerro, en La Habana, es pura ironía para los cientos de miles de cubanos que no tienen acceso regular al servicio de agua potable.
En las esquinas de las calles Santa Lutgarda y Recreo, en el municipio Cerro de La Habana, el el agua potable brota de una tubería rota. Durante días, miles de litros de agua potable se han desperdiciado, fluyendo por las calles, mientras cientos de miles de cubanos sufren cortes en el suministro de agua en sus hogares.
El artista cubano Yulier Rodríguez, conocido por sus graffitis en áreas públicas de la capital, documentó el desastre en un video grabado el martes. En las imágenes se aprecia un enorme agujero en el pavimento, en el que se puede ver una tubería rota de la que mana agua sin cesar. Rodríguez describió la situación y dijo que el problema lleva varios días sin solución.
“Es una tubería grande, parece que es una tubería suministradora que sale de la propia sede de Aguas de La Habana, que está a unos metros de aquí. El agua lleva días fluyendo, y nadie hace nada”, explicó el artista en una conversación con Martí Noticias.
Este desperdicio de agua ocurre en medio de una crisis por falta del recurso y recientes declaraciones de Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, quien reveló este martes que más de un millón de personas en Cuba están afectadas por los cortes de agua, con 713,000 de ellas sufriendo interrupciones prolongadas.
El funcionario añadió que alrededor de 300,000 cubanos dependen del suministro de agua a través de camiones cisterna, en ciclos que pueden extenderse hasta más de 15 días.
Benito, un vecino que vive cerca del salidero de Santa Lutgarda y Calle Recreo, describió la situación con desesperación. “Eso es peor que el río Almendares”, comentó, refiriéndose al famoso río habanero.
Ana Julia Cortés, otra residente en el lugar, expresó su indignación por el daño causado no solo a la infraestructura hidráulica, sino también a las calles del barrio. "El agua corre por ambas aceras las 24 horas del día. Ha destrozado completamente la calle".
Cortés subrayó la ironía de que el agua se derrame cuando existe una crisis del servicio. "Nos duele ver tantos miles de litros desperdiciados mientras la mayoría de nosotros no tiene agua en casa”, dijo.
Este no es un incidente aislado. En otra parte del municipio Cerro, en la Calle Atocha, entre Calzada de Palatino y Zaragoza, los vecinos también sufrieron las consecuencias de un salidero similar que fue, finalmente, reparado, aunque dejó la calle intransitable. “Lo arreglaron, pero la calle sigue desbaratada”, explicó uno de los residentes en el barrio afectado.
La respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Aunque inspectores de la empresa Aguas de La Habana se han acercado al salidero próximo al Acueducto de Albear, en el municipio Cerro, los residentes afirman que no han tomado medidas efectivas.
“Les dijimos a los inspectores, y a todo el que pasa, pero no hacen nada”, comentó Ana Julia con frustración.
La infraestructura hidráulica de Cuba, especialmente en ciudades como La Habana, se encuentra en un estado crítico, afirmaron los entrevistados, quienes también se refirieron a la combinación de apagones constantes, tuberías envejecidas y falta de inversión en reparaciones y mantenimiento, lo que ha generado una situación de emergencia.
“Nos duele ver esto. Pensamos, ¡Dios mío, cuánta agua se está botando aquí!, mientras tantos de nosotros llevamos semanas sin una gota de agua en nuestros hogares”, concluyó Ana Julia.
Pescador cubano dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a Florida asegura que la embarcación fue robada
Un grupo de 43 cubanos desembarcó en una playa de Cayo Marathon, Florida. El dueño del bote en Cuba dice que se lo robaron.
Un pescador cubano dueño de un bote en el que llegaron 43 migrantes desde la isla a Florida este martes asegura que "lo ha perdido todo".
El grupo de 43 cubanos fue interceptado en la madrugada de este martes por la Guardia Costera tras desembarcar en una playa de Cayo Marathon, al sur de la Florida.
Mientras los balseros enfrentan una posible deportación, el dueño del bote, Fermín Puig, quien vive de la pesca desde hace más de tres décadas, fue citado en Cuba por la policía.
El pescador dijo que tenía el barco atracado en la bahía de Cojímar, al este de La Habana, y el lunes por la noche descubrió que se lo habían llevado. "Nadie vio nada, ni siquiera los custodios del lugar", aseguró.
"Ayer salí casi a las 11 de la noche de la estación y hoy me citaron para la una de la tarde. Todo el tiempo insinúan que yo vendí el barco o facilité las cosas para que se lo llevaran. ¿Pero cómo yo voy a vender lo que le da de comer a mi familia?", explicó.
Para que el pescador sea juzgado, el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía tienen que probar que el bote no fue robado, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, del servicio de asesoría legal Cubalex. "No obstante, en la práctica no funciona de esa manera siempre".
"Si la Policía o los oficiales del MININT entienden que no fue un robo, sino que esta persona lo vendió, prestó o regaló, lo pueden acusar de facilitar una salida ilegal y será él quien tenga que demostrar lo contrario", agregó.
"La sanción en estos casos podría ser de uno a tres años de privación de libertad y/o una multa. Paralelamente, pueden aplicar una sanción administrativa, como retiro de la licencia de pesca, entre otras", precisó.
Amanda Puig, la hija de Fermín, vive desde hace dos años en EEUU, adonde llegó por la frontera sur tras hacer una travesía desde Nicaragua.
"Mi papá nunca quiso irse de Cuba porque decía que el mar es su vida. Lo han destruido", dijo.
"Yo estoy en shock. Lo que más lamento en este momento es que mi papá se quedó sin nada y ni siquiera estaba en el grupo de los que llegaron. Por lo menos lo tendría aquí conmigo. En Cuba no hay un seguro, no hay nada para que nos podamos reponer de esto. Estamos desesperados", agregó.
"A esta hora nosotros deberíamos estar reclamando el barco pero no tenemos a quién. Mi papá es el afectado y es al que interrogan", remarcó.
Francis Puig, una hermana de Fermín que vive en Florida, ha publicado varios videos en sus redes sociales exigiendo que se haga justicia y encuentren al responsable del robo de la embarcación.
"Esos balseros quizás ni sabían que el barco era robado pero ojalá que investiguen y den con el culpable. Con la situación como está en Cuba, es muy difícil que mi hermano se pueda reponer de esto y para colmo [las autoridades] lo están amenazando con quitarle hasta la licencia de pesca", indicó.
El bote en el que llegaron los 43 balseros estaba valorado en más de 20.000 dólares en Cuba, comentó Puig.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo recientemente a Martí Noticias que las embarcaciones que llegan desde Cuba no son devueltas a la isla debido a "dificultades logísticas".
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó esta semana de un aumento de operaciones ilegales en el área de los cayos del sur de la Florida, que incluye el tráfico de migrantes y el contrabando de drogas.
En la ruta del Estrecho de la Florida, que ha sido utilizada durante décadas por los que escapan de la isla, han muerto o desaparecido al menos una treintena de cubanos este año, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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