Un total de 9 organizaciones unieron sus fuerzas para elaborar el informe "Venezuela 2014: Protestas y derechos humanos", en el que se analizan todos los acontecimientos ocurridos en el país entre febrero y mayo de este año y, fundamentalmente, las diferencias entre el gobierno de Nicolás Maduro y el de Hugo Chávez a la hora de solventarlas. De acuerdo a las cifras recogidas, Maduro habría ejercido la represión un 485% más que su predecesor.
En sus 161 páginas, este documento describe en profundidad todos los pasos que han llevado a Venezuela hasta la situación actual, señalando que “ante el retroceso de las políticas sociales y el aumento de la pobreza, la tradicional exclusión política del proyecto bolivariano comenzó a ser acompañada de una nueva y creciente exclusión social".
El asesinato de la actriz Mónica Spear, el 7 de enero de 2014, de alto valor simbólico y un gran impacto en la opinión pública nacional, fue el detonante de la grave situación de inseguridad acumulada en el país. Semanas después, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), en la ciudad de San Cristóbal, protestaba por el abuso sexual contra una compañera, foco inicial de la represión estatal que aún persiste según el informe. Con todo detalle, se enumeran uno a uno los incidentes ocurridos en el país, su localización y las personas involucradas en él, aunque a grandes rasgos toda la información contenida se recoge en varios capítulos: Violaciones al derecho a la manifestación pacífica; Uso excesivo de la fuerza y violaciones a la integridad personal; Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso; Violaciones a la libertad de expresión y ataques a periodistas; Ataques a civiles en áreas residenciales; y, finalmente, Violaciones al derecho a la vida.
En los tres meses analizados, se calcula que se desplegaron hasta 20 modalidades distintas de protesta a lo largo de 16 estados, con un total de 800.000 personas manifestándose. Siendo más precisos, se tomó una muestra en 7 de estos estados (Distrito Capital, Lara, Táchira, Bolívar, Mérida, Carabobo y Zulia) y se confirmó que el 93.35% de las manifestaciones fueron de carácter pacífico y el 34,05% fueron reprimidas.
En comparación con la represión vivida en la etapa de Hugo Chávez, las cifras son muy dispares, ya que éste sólo la ejerció en el 7% de las protestas en 2009, año de mayor oposición civil durante su mandato. Puestos uno a uno en este terreno, el informe concluye que Nicolás Maduro reprime un 485% más que su antecesor.
Por estados, Zulia y Lara fueron donde se registraron proporcionalmente las mayores cifras, pues de cada 2 manifestaciones una fue reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana.
Heridos y torturas y detenciones en las protestas
Entre febrero y abril de 2014 se produjeron 854 heridos y lesionados durante las protestas, de los que 138 fueron heridos de bala y 330 por heridas causadas por perdigones. Esto supone un incremento de 270% con respecto a los 12 meses de 2013, en los que hubo 316 víctimas producto de heridas o lesiones en manifestaciones. Es la cifra más alta registrada en los últimos 10 años en Venezuela, y se da la circunstancia de que en 33 de estos casos fue responsable la Guardia Nacional Bolivariana.
En lo relativo a torturas y malos tratos se habían registrado 157 casos, pero el documento señala además que tuvieron lugar en diversos centros de detención. Las víctimas sufrieron abusos en más de uno de estos centros, y en algunas ocasiones e incluso durante los traslados. El informe va más allá: “el tipo de maltrato físico más reportado fueron golpes con puños y patadas, estas últimas, frecuentemente, propinadas con bota militar”. Tampoco obvia a las mujeres en particular, reportando 6 casos de amenazas de abuso sexual contra detenidas.
"Ayer se lo dije a unos compañeros del Psuv, una cosa era Chávez y otra cosa ese que está ahí, esos que están mandado ahí, y ojo, yo fui opositor a Chávez, ese modelo no funcionó y no funciona. Aquí las cosas hay que decirlas como son, lo que no sirve se cambia y punto. El pueblo no tiene por qué calarse un mal gobierno. Al pueblo lo que le interesa es que le hablen de los tres golpes: desayuno, almuerzo y cena, ¿cuándo van hablar del golpe a la pobreza? El pueblo tiene que reaccionar, no puede quedarse de brazos cruzados. Esto no se trata de una lucha de pueblo contra pueblo, esto es una lucha de gobierno contra el pueblo".
En lo relativo a detenciones arbitrarias, se contabilizaron 3.127 casos a lo largo de las manifestaciones realizadas en el país. 2.463 de estos ciudadanos fueron sometidos posteriormente a regímenes de presentación en tribunales, por lo que sumaron un total de 4.863 personas sometidas a regímenes de presentación por participar en una manifestaciones sumando los 2.400 casos que ya existían.
En estos cuatro meses de 2014 se produjo la cifra de detenidos más alta de los últimos 25 años. El doble, por ejemplo, que las registradas entre los años 1989-1990 (segundo mandato del expresidente Carlos Andrés Pérez).
Otro dato elocuente es que este número de detenciones representa el 30% del total en 24 años de protestas (10.400 entre 1989 y 2013, frente a los 3.127 de estos meses). Muchas de ellas y como dato significativo, llevadas a cabo por civiles, debido al “forjamiento de pruebas incriminatorias y el robo de sus pertenencias a personas privadas de libertad”.
240% más violaciones a la libertad de expresión que Chávez
Los ataques a periodistas durante el primer cuatrimestre del año 2014 también se multiplicaron, junto a las violaciones a la libertad de expresión. En total se registraron 174 casos, significando un aumento de 240% respecto al mismo período en 2013, incluyen denuncias por 37 detenciones, 67 agresiones, 31 robos o hurtos, un herido de bala y una persona fallecida.
En otro contexto, el relativo a la naturaleza y la ubicación de las protestas, el informe señala que la represión y la violación de derechos humanos cambió respecto a otras etapas, produciéndose ahora “ataques generalizados y sistemáticos a zonas residenciales por ejercer el derecho a la manifestación”.
En ellos participó fundamentalmente la GNB (un 81% de los casos), en el 17% las Policías Estatales, en el 12% el Ejército, y en el 8% la Policía Nacional Bolivariana. En estos se produjeron daños a bienes privados en el 36% de las ocasiones y en el 34% allanamientos ilegales para capturar a supuestos manifestantes.
Finalmente, el capítulo de fallecidos como consecuencia de la violencia en Venezuela recoge 41 víctimas, 27 de ellas por armas de fuego. Es importante, de acuerdo al informe, recordar la responsabilidad de la justicia para investigar y determinar “qué asesinatos fueron consecuencia de disparos por cuerpos armados del Estado y cuáles por particulares que dispararon contra los manifestantes o contra los organismos policiales y militares”.
En su parte final, el documento hace un llamamiento al Estado venezolano para que “canalice de manera democrática la protesta social, respete el derecho a exigir derechos, el derecho a disentir y las normas constitucionales que garantizan el derecho a la reunión y a la manifestación”.
El informe fue firmado por las organizaciones civiles de Derechos Humanos, Espacio Público, Foro Penal Venezolano, Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ) del estado Lara, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y de la Comisión Inter-Institucional de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Zulia.
En sus 161 páginas, este documento describe en profundidad todos los pasos que han llevado a Venezuela hasta la situación actual, señalando que “ante el retroceso de las políticas sociales y el aumento de la pobreza, la tradicional exclusión política del proyecto bolivariano comenzó a ser acompañada de una nueva y creciente exclusión social".
El asesinato de la actriz Mónica Spear, el 7 de enero de 2014, de alto valor simbólico y un gran impacto en la opinión pública nacional, fue el detonante de la grave situación de inseguridad acumulada en el país. Semanas después, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), en la ciudad de San Cristóbal, protestaba por el abuso sexual contra una compañera, foco inicial de la represión estatal que aún persiste según el informe. Con todo detalle, se enumeran uno a uno los incidentes ocurridos en el país, su localización y las personas involucradas en él, aunque a grandes rasgos toda la información contenida se recoge en varios capítulos: Violaciones al derecho a la manifestación pacífica; Uso excesivo de la fuerza y violaciones a la integridad personal; Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso; Violaciones a la libertad de expresión y ataques a periodistas; Ataques a civiles en áreas residenciales; y, finalmente, Violaciones al derecho a la vida.
En los tres meses analizados, se calcula que se desplegaron hasta 20 modalidades distintas de protesta a lo largo de 16 estados, con un total de 800.000 personas manifestándose. Siendo más precisos, se tomó una muestra en 7 de estos estados (Distrito Capital, Lara, Táchira, Bolívar, Mérida, Carabobo y Zulia) y se confirmó que el 93.35% de las manifestaciones fueron de carácter pacífico y el 34,05% fueron reprimidas.
En comparación con la represión vivida en la etapa de Hugo Chávez, las cifras son muy dispares, ya que éste sólo la ejerció en el 7% de las protestas en 2009, año de mayor oposición civil durante su mandato. Puestos uno a uno en este terreno, el informe concluye que Nicolás Maduro reprime un 485% más que su antecesor.
Por estados, Zulia y Lara fueron donde se registraron proporcionalmente las mayores cifras, pues de cada 2 manifestaciones una fue reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana.
Heridos y torturas y detenciones en las protestas
Entre febrero y abril de 2014 se produjeron 854 heridos y lesionados durante las protestas, de los que 138 fueron heridos de bala y 330 por heridas causadas por perdigones. Esto supone un incremento de 270% con respecto a los 12 meses de 2013, en los que hubo 316 víctimas producto de heridas o lesiones en manifestaciones. Es la cifra más alta registrada en los últimos 10 años en Venezuela, y se da la circunstancia de que en 33 de estos casos fue responsable la Guardia Nacional Bolivariana.
El tipo de maltrato físico más reportado fueron golpes con puños y patadas, estas últimas, frecuentemente, propinadas con bota militar
En lo relativo a torturas y malos tratos se habían registrado 157 casos, pero el documento señala además que tuvieron lugar en diversos centros de detención. Las víctimas sufrieron abusos en más de uno de estos centros, y en algunas ocasiones e incluso durante los traslados. El informe va más allá: “el tipo de maltrato físico más reportado fueron golpes con puños y patadas, estas últimas, frecuentemente, propinadas con bota militar”. Tampoco obvia a las mujeres en particular, reportando 6 casos de amenazas de abuso sexual contra detenidas.
Capriles: “Una cosa era Chávez y otra ése que está ahí”
En una visita al municipio Independencia de Valles del Tuy, en el estado de Mirando del que es gobernador, Henrique Capriles declaró que el país va directo a un “barranco” por las necesidades del pueblo que se niega a cubrir, tal y como recoge el diario venezolano El Universal."Ayer se lo dije a unos compañeros del Psuv, una cosa era Chávez y otra cosa ese que está ahí, esos que están mandado ahí, y ojo, yo fui opositor a Chávez, ese modelo no funcionó y no funciona. Aquí las cosas hay que decirlas como son, lo que no sirve se cambia y punto. El pueblo no tiene por qué calarse un mal gobierno. Al pueblo lo que le interesa es que le hablen de los tres golpes: desayuno, almuerzo y cena, ¿cuándo van hablar del golpe a la pobreza? El pueblo tiene que reaccionar, no puede quedarse de brazos cruzados. Esto no se trata de una lucha de pueblo contra pueblo, esto es una lucha de gobierno contra el pueblo".
En estos cuatro meses de 2014 se produjo la cifra de detenidos más alta de los últimos 25 años. El doble, por ejemplo, que las registradas entre los años 1989-1990 (segundo mandato del expresidente Carlos Andrés Pérez).
Otro dato elocuente es que este número de detenciones representa el 30% del total en 24 años de protestas (10.400 entre 1989 y 2013, frente a los 3.127 de estos meses). Muchas de ellas y como dato significativo, llevadas a cabo por civiles, debido al “forjamiento de pruebas incriminatorias y el robo de sus pertenencias a personas privadas de libertad”.
240% más violaciones a la libertad de expresión que Chávez
Los ataques a periodistas durante el primer cuatrimestre del año 2014 también se multiplicaron, junto a las violaciones a la libertad de expresión. En total se registraron 174 casos, significando un aumento de 240% respecto al mismo período en 2013, incluyen denuncias por 37 detenciones, 67 agresiones, 31 robos o hurtos, un herido de bala y una persona fallecida.
En otro contexto, el relativo a la naturaleza y la ubicación de las protestas, el informe señala que la represión y la violación de derechos humanos cambió respecto a otras etapas, produciéndose ahora “ataques generalizados y sistemáticos a zonas residenciales por ejercer el derecho a la manifestación”.
En ellos participó fundamentalmente la GNB (un 81% de los casos), en el 17% las Policías Estatales, en el 12% el Ejército, y en el 8% la Policía Nacional Bolivariana. En estos se produjeron daños a bienes privados en el 36% de las ocasiones y en el 34% allanamientos ilegales para capturar a supuestos manifestantes.
Finalmente, el capítulo de fallecidos como consecuencia de la violencia en Venezuela recoge 41 víctimas, 27 de ellas por armas de fuego. Es importante, de acuerdo al informe, recordar la responsabilidad de la justicia para investigar y determinar “qué asesinatos fueron consecuencia de disparos por cuerpos armados del Estado y cuáles por particulares que dispararon contra los manifestantes o contra los organismos policiales y militares”.
En su parte final, el documento hace un llamamiento al Estado venezolano para que “canalice de manera democrática la protesta social, respete el derecho a exigir derechos, el derecho a disentir y las normas constitucionales que garantizan el derecho a la reunión y a la manifestación”.
El informe fue firmado por las organizaciones civiles de Derechos Humanos, Espacio Público, Foro Penal Venezolano, Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ) del estado Lara, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y de la Comisión Inter-Institucional de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Zulia.