La situación de los derechos humanos en China está "cuesta abajo prácticamente en todas las medidas" bajo el Presidente Xi Jinping y Beijing está utilizando su creciente poder para difundir prácticas autoritarias fuera de sus fronteras, aseguró un panel asesor del Congreso de Estados Unidos dijo en miércoles.
El informe anual de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC) catalogó los perennes problemas de derechos humanos, incluidos los presos políticos, encarcelamiento de periodistas, la represión de la religión y censura en internet.
La edición de 2018 pone especial énfasis en la encarcelación de los uygures y otros musulmanes en Xinjiang, el creciente control del partido comunista sobre sociedad y empresa y el uso de la tecnología como una herramienta de represión.
"El autoritarismo de China directamente amenaza nuestras libertades, así como nuestros más profundos valores y los intereses nacionales," dijo en una declaración el senador Marco Rubio, Presidente de la CECC y el representante Chris Smith, Co-Presidente de la CECC, citando la página 244 del informe.
"Además, el 'brazo largo' del partido comunista chino se extiende más allá de las fronteras de China y es cada vez más omnipresente y polifacético," es escribieron los legisladores, al tiempo que advirtieron que bajo Xi, las prácticas chinas están siendo exportadas alrededor del mundo.
"Vemos una China ascendiente, cada vez más agresiva, tratando de tomar protagonismo en el mundo y al hacerlo, determina nuevas normas mundiales sobre desarrollo, comercio, internet y hasta los derechos humanos. "Todo el tiempo, el carácter autoritario fundamental del sistema político de China sigue siendo el mismo", escribieron.
Las condiciones de los derechos humanos en China han sido extremas y en una "continua trayectoria cuesta abajo por prácticamente todas las medidas desde que Xi Jinping se convirtió en Secretario General de partido comunista en 2012 y Presidente en 2013," dice la declaración.
"De particular preocupación son los arrestos masivos y arbitrarios, de hasta 1 millón o más uigures y otras minorías étnicas musulmanas en los campos de "reeducación política"en el oeste de China".
A principios de abril de 2017, los uigures, acusados de albergar "opiniones religiosas fuertes" e ideas "políticamente incorrectas", han sido encarcelados o detenidos en campos de reeducación, donde impera la discriminación generalizada, la represión religiosa y la supresión cultural. Beijing dice que está luchando contra el extremismo y dando formación profesional a los uigures.
El CECC citó informes que indican que la redada de los uigures ha sido la encarcelación masiva más grande desde la segunda guerra mundial y dijo que las autoridades utilizaron una retórica política alarmante que evoca imágenes de "racismo formal" de apartheid de Sudáfrica.
"Las detenciones parecen ser indefinidas en la mayoría de los casos. Las autoridades del gobierno regional habría ordenado a funcionarios de algunas jurisdicciones de la región cumplir cuotas de detención, y los orfanatos locales tienen hacinamiento por la cantidad de niños que requieren cuidado mientras sus padres están en los campamentos", dijo el informe, que citó a grupos de derechos humanos y los medios de comunicación, incluyendo de la RFA.
El CECC también citó informes de que «autoridades chinas tratan de influir, intimidar y hostigar a otros uigures que viven en el extranjero, incluyendo en los Estados Unidos, para conseguir que vuelvan a China, o los controlan y silenciar en el extranjero.
"La competencia del partido continuó ampliándose en muchos sectores de la vida pública, eliminando la separación tenue que existían previamente entre los organismos del partido y del gobierno", dijo el reporte.
Bajo el control de Xi, el partido comunista ha usado múltiples métodos "exportar su autoritarismo".
Las prácticas de China incluyen "injerencia en las instituciones multilaterales; amenazar e intimidar a defensores de los derechos y sus familias; imponer mecanismos de censura de editoriales extranjeras y empresas de medios de comunicación social".
Otras medidas por el grupo incluyen "influir en las instituciones académicas y análisis crítico de la historia pasada de China y las políticas actuales; y amenazar a las empresas estadounidenses que no se ajustan con la narrativa de China en "temas sensibles" como Tíbet, Hong Kong y Taiwán, apunta el informe.
El partido comunista impulsa el control y vigilancia total de la nación de 1,3 billones de personas, también ha desplegado los últimos desarrollos tecnológicos, incluyendo el sistema de "Skynet" que incluye cámaras de vigilancia (más de 27 millones en todo el país y el programa "Ojos agudos", diseñado para extender la vigilancia a las zonas rurales.
"De acuerdo con la tendencia en cuanto a alcance de expansión de la parte, la Comisión observa el partido y el Gobierno sí mismo reinsertar en la vida privada de los ciudadanos chinos a través de la mayor recogida de datos biométricos, creciendo las redes de vigilancia, y continuó el desarrollo del sistema de crédito social,"dijo el informe.
La Comisión observa que el Partido y el Gobierno se reinsertan en la vida privada de los ciudadanos chinos a través de la recogida de datos biométricos, multiplicando las redes de vigilancia y el desarrollo del sistema de crédito social", dijo el informe.
El sistema de crédito social pretende premiar o castigar a una gama de conducta económica, social y política.
La ex colonia británica de Hong Kong, que en 2017 marcado de 20 años desde que entró bajo el gobierno de Pekín, está perdiendo la autonomía prometida, dijo el informe.
El CECC citó la prohibición de partidos políticos y los políticos en Hong Kong, la selección de candidatos y el estrechamiento del espacio para el debate en la ciudad meridional China, que funciona como una región autónoma especial.
Duras políticas chinas en el Tíbet permanecieron sin cambios, dijo.
"El partido y el gobierno continuaron implementando políticas represivas en áreas autónomas tibetanas, incluyendo vigilancia amplia e intrusiva, estrictas regulaciones y normas para restringir los derechos religiosos y culturales tibetanos y muestra generalizada de policía y fuerza militar", dijo el informe.
En la recomendaciones del CECC al Congreso destaca la necesidad de un "reajuste" de la política estadounidense hacia China, en el que los derechos humanos y el estado de derecho ya no son "temas tangenciales en las relaciones bilaterales" y en cambio están en la vanguardia.
El gobierno estadounidense debe abogar por presos políticos, dar prioridad a la libertad religiosa en la diplomacia y responsabilizar a funcionarios de abusos, dijo.
En concreto, los Estados Unidos debe llamar al gobierno chino a poner fin a la detención arbitraria y masiva de uigures, kazajos, kirguises, Hui y otros en centros de "reeducación política".
Washington también debe presionar a los funcionarios chinos para permitir que a los funcionarios estadounidenses, diplomáticos de otros países, funcionarios ONU, organizaciones humanitarias y periodistas internacionales puedan visitar la región e investigar las denuncias de detención arbitraria, dijo.
El CECC también hizo un llamado para que los gobiernos y organizaciones internacionales no gubernamentales compilen información sobre los funcionarios responsables de las detenciones masivas arbitrarias y del abuso en los campos para posibles sanciones bajo La Ley Magnitsky.
En agosto, Rubio, Smith y otros 15 legisladores escribieron al Secretario de Estado Mike Pompeo sobre la aplicación de sanciones de Magnitsky al Secretario del Partido Comunista de la región Chen Quanguo, quien ha encabezado las políticas duras contra los uigures.
[Escrito por Eugene Whong de Radio Free Asia]
