La Reforma Universitaria de 1962 estableció las bases para la anulación de la autonomía en los centros de estudio de la educación superior en Cuba.
Desde ese momento, “se inició una sutil pero poderosa transición hacia la pérdida de autonomía” en las universidades de la nación en la medida en que sus intereses quedarían supeditados a los de la Revolución, indicó el Informe No. 3 del Observatorio de Libertad Académica (OLA) que encabeza, Sergio Ángel, investigador principal del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, con sede en Colombia.
El profesor Sergio Ángel explicó a Radio Televisión Martí que, en una primera lectura, la Reforma de 1962 es “bastante progresista para su época”.
“No se encuentran expresiones como que ‘la universidad es para los revolucionarios’ y otras que se encuentran posteriormente en la misma década del 60 en las palabras de Fidel Castro, o más contemporáneas”, señaló.
La viceministra Martha del Carmen Mesa Valenciano publicó en agosto de 2019 un artículo en el que aseguró que “el profesor universitario cubano debe ser un "defensor de nuestras convicciones políticas".
Días más tarde, el 16 de septiembre, el titular de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi, confirmó en el programa televisivo Mesa Redonda que la universidad cubana es para los que no discrepen del sistema político.
Este tipo de manifestaciones no están registradas en la Reforma de 1962, “de hecho”, dijo el intelectual, “hay un contenido altamente orientado a la calidad de la docencia y el carácter orientador y de guía del docente”.
Hay una referencia escueta al marxismo sin utilizar ese término. Se habla, por ejemplo, de las relaciones capitalistas que se van a abandonar, donde básicamente se emula el modelo del explotador con el profesor y el explotado es el estudiante, comentó.
¿Pero qué mecanismo se utiliza para socavar la autonomía universitaria con la normativa de 1962?
“Una de las características esenciales de la autonomía universitaria es precisamente el autogobierno, que presupone que debe haber una independencia entre lo que sucede dentro de la Universidad y lo que sucede en el Gobierno”, resaltó Sergio Ángel.
“Eso no sucede en el contexto de la reforma porque el primer artículo transitorio que aparece allí establece que el Consejo Superior de Universidades va a determinar la composición de las Juntas Superiores de Gobierno dentro de las universidades”.
Este organismo centralizado, el Consejo Superior de Universidades, es nombrado y responderá a los intereses del Gobierno.
Entonces, las designaciones dentro de las universidades no las determinan la comunidad sino el Consejo Superior de Universidades y éste a las Juntas Superiores de Gobierno, detalló el estudioso.
El Informe tercero de OLA revela otras cuatro violaciones contra la libertad académica en Cuba.
La separación en 2013 del estudiante de Licenciatura en Biología en la Universidad de Oriente, Juannier Rodríguez Matos, acusado durante toda la carrera por sus ideas políticas, informó a nuestra redacción el periodista camagüeyano, José Raúl Gallego, coautor del texto.
Asimismo, la expulsión el 5 de enero de 2015 “por cuestiones políticas de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños” “del profesor Boris González Arena, periodista, activista, opositor, apuntó Gallego.
En otra parte a cargo de la ex profesora del Instituto Superior de Diseño Omara Ruiz Urquiola, el reporte denuncia otros dos casos de violación de libertad de cátedra, a los que clasifica como “históricos”, porque ocurrieron antes de 2010.
Se trata de Pedro Luis Boitel Abraham, estudiante del quinto año de Ingeniería Eléctrica, que en 1961 fue detenido, acusado de conspiración contra el estado y sentenciado a diez años de prisión. Luego se le añadieron cargos adicionales. En 1972, falleció tras 53 días de huelga de hambre.
De la misma forma, fue despedido Ricardo Bofill Pagés en 1966 de la Universidad de La Habana, donde impartía la asignatura de Historia de la Filosofía. El motivo argumentado: tenía desviaciones ideológicas.
