La experiencia de las transformaciones en Rumania y Rusia y el impacto de los órganos de seguridad en la transición fueron los temas abordados este viernes en un simposio organizado en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) por el Programa Vaclav Havel de Derechos Humanos y Democracia, el Centro de Estudios Cubanos (CRI) y el Centro de Investigaciones de la República Checa CEVRO.
Con el título de “Apoyando la democracia a través de la experiencia de otros”, se presentaron en el evento dos ponentes: Stefano Bottoni, del Centro de Investigaciones de Humanidades en la Academia de Ciencias de Hungría, quien se ha especializado en el impacto de los órganos de seguridad del régimen comunista de Nicolae Ceaucescu en los procesos posteriores a 1989 en ese país de Europa del Este y Nikita Petrov, historiador ruso vicepresidente del Centro de Investigación Memorial en Moscú y especialista en el sistema totalitario soviético y sus órganos represivos.
La Securitate rumana no muere
Según datos aportados por Bottoni, quien desarrollara su investigación profesional estudiando los órganos represivos de Rumania, en el país, para 1989 existían 3millones de afiliados al partido comunista, cerca de 14 mil miembros de la seguridad y más de 400 mil “colaboradores” de los órganos represivos o Departamento de Seguridad del Estado (Securitate). A todos esos elementos les denomina miembros de la “sociedad no civil”, e incluye a los militares, miembros de la seguridad, colaboradores, oportunistas y agentes de influencia.
La importancia de la educación en la sociedad sobre la naturaleza de los regímenes autoritarias, desenmascarar los crímenes, condenar a los culpables, educar a las futuras generaciones en los peligros para la sociedad del autoritarismo, del totalitarismo es una tarea perenne, dijo el investigador húngaro, quien alarmado expuso los datos de una reciente encuesta de la firma IRES en Rumania donde el 66 por ciento de los encuestados dijeron vivir mejor en 1989 que en la actualidad. De ellos un 35 % estaba totalmente de acuerdo con esa calificación y un 31 parcialmente de acuerdo. Igual pregunta tuvo 60 por ciento de similares respuestas en el 2010. El tipo de memoria que preservemos es importante para el país, pues si no se enfatiza en los valores morales que deben perdurar para que la democracia triunfe y el pasado no sea el futuro, recordó Bottoni.
La falta de una legislación capaz de depurar los órganos de la seguridad del estado después de diciembre de 1989 hizo que los miembros de eso organismos, en especial las ramas del espionaje exterior, estuvieran presente en los procesos de privatización económica, sacando provecho del conocimiento de las leyes extranjeros e idiomas. Según el especialista húngaro, los primeros millonarios en la década de los años noventa en Rumania provenían del aparato de inteligencia de la Securitate. Una de las tareas que tenía el espionaje exterior rumano era obtener divisas para el régimen de Ceaucescu, de ahí que los espías y agentes que laboraban en misiones diplomáticas fueron los primeros beneficiados con la creación de empresas mixtas, muchas en las cuales ya trabajaban. También se dedicaban a buscar inversionistas, no ya para Rumania, sino para sus propios proyectos de privatización en Rumania, destaca el historiador húngaro.
Otros de los “segurosos”, en vez de dedicarse a las actividades económicas decidieron seguir el camino de la política, y se involucraron en dos de los grandes partidos que se crearon tras la caída del comunismo, uno de la extrema derecha, como el Partido de la Gran Rumania y otros a los de izquierda. En muchos casos esos partidos eran maquinarias para lavar dinero, afirma Bottoni.
La comunidad exiliada rumana no tuvo gran impacto en los acontecimientos posteriores a diciembre de 1989 por la división existente en ella. Los “agentes de influencia” del régimen, afirma el historiador húngaro, fueron los encargados de crear división, resentimientos mutuos y rencillas entre los exiliados rumanos.
Los organismos de seguridad, afirma el investigador, cambiaron de nombre, de entidad, en varios casos pasando del control del ministerio del interior al de defensa, pero nunca hubo una lustración a capacidad plena capaz de revitalizar esos organismos, desprenderlos de la lacra que llegaba de la sociedad comunista. Solamente en los últimos años, ya en el siglo XXI, se institucionaliza el Instituto para la Investigación de los Crímenes del Comunismo y la Memoria del Exilio Rumano (IICCMER) creado en el 2005.
El tema de la compensación a las víctimas del comunismo es parte del legado actual que hay que resolver, destaca Bottoni.
Destaca que, en la actualidad, Rumania tiene dentro de los miembros de la OTAN el segundo aparato de vigilancia más extenso. En EEUU el FBI lo integran unos 35 mil oficiales y agentes para una población de 314 millones de habitantes, mientras que en Rumania la actual seguridad interna (SRI) tiene unos 12 mil agentes para 20 millones de habitantes. Los gastos para la seguridad en el país sobrepasan los de la salud, dice Bottoni.
Rusia y la ausencia de cambios
El investigador ruso Nikita Petrov, doctor en filosofía y experto en el sistema totalitario dio una sinopsis de la creación de los órganos de represión en la URSS. Y las características de los primeros procesos contra los opositores políticos y después contra los mismos partidarios que se iban decantando dentro de la lucha por el poder en los primeros años de la dictadura soviética y Iosef Stalin a la cabeza.
Afirma el historiador que el estado soviético fue un estado de nuevo tipo con características no afines a la naturaleza humana, que pretendía privar a la familia del derecho a la educación de los hijos, acabar con la propiedad privada, tanto en la tierra como en los medios de producción; buscando atomizar la sociedad, llevarla a la confrontación social. En un inicio la represión fue organizado contra los llamados “enemigos de clases”, después contra los representantes de otras nacionalidades y terminó contra todo pensamiento diferente a la doctrina oficial, la marxista-leninista, destaca el especialista. El Gran Terror de 1938-1939 llevó ante el paredón de fusilamiento a más de 600 mil personas. Condenados estas, recuerda Petrov, por un trio (troika) del Comisariado de Asuntos Internos (NKVD) que tomaba ilegalmente las funciones de jurado. El 92 por ciento de estos casos sin una decisión judicial, solo por el veredicto de aquellas troikas compuestas por los miembros del NKVD, aclara el historiador.
Y a diferencia de muchos países de Europa del Este, donde el ciclo represivo comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial y la ocupación e intervención soviética y finaliza en 1989, en la URSS este ciclo represivo se extendió desde 1917 hasta 1989, reconoce Petrov, donde en ocasiones los represores terminaban años después en el banquillo de los acusados, y fusilados. Los represores en la URSS al cabo de los años, al iniciarse un nuevo ciclo de lo que llamaban “agudización de la lucha de clases”, serían las victimas de esa maquinaria de terror que impuso Stalin. Y reconoce que el primer reformador del sistema fue Nikita Jrushev, y aclara el investigador que la proporción de la represión con Stalin fue de millones, con Jruschev miles y ya con Brezhnev cientos y decenas con Gorbachev; pero la maquinaria represiva, sea VCheka, NKVD, MGB o KGB, no se detenia en el sistema totalitario soviético.
Expuso Petrov el caso de Vasili M. Blojin, jefe de la comandancia del NKVD y tuvo bajo su cargo la realización de las sentencias de los juicios sumarios y también de matanzas colectivas como la de Katin, contra soldados, oficiales y sacerdotes polacos en 1941. Ofrecio el disparo de gracia a figuras célebres como el mariscal Mijail Tujachjevski, el líder del Komsomol Alexander Kosarev y los escritores Issac Babel y Mijail Koltsov, entre miles que ultimó.
Tras la desintegración de la URSS no se vio en un proceso de lustración. Si bien bajo los cinco meses de mando en el KGB de Vadim Bakatin, tras el golpe de estado contra Gorbachev, este desmantelo al KGB en varios departamentos, creando varias entidades. Muchos de los oficiales que se dedicaban a reprimir a los disidentes y opositores fueron separados de sus cargos, otros renunciaron, pero nunca hubo un proceso judicial contra ellos, recuerda el investigador ruso.“Muchos funcionarios del KBG pasaron a las entidades gubernamentales y empresas económicas, como pasaba en Europa del Este y un coronel de esa institución es hoy el presidente de la Federación Rusa”, acentúa el investigador.
Aunque en 1992 el Tribunal Constitucional de Rusia determinó la constitucionalidad de los decretos del presidente Boris Yeltsin, prohibiendo al partido comunista, disolviéndolo y apropiándose de sus bienes y propiedades; en ningún momento se analizó la criminalidad de esa organización ni los órganos que ella dirigía como era el KGB o en Ministerio del Interior.Y sobre los archivos, aunque se crean leyes en 1994 para permitir el acceso a estos, muchos de ellos quedaron bajo la supervisión de las estructuras donde se encontraban radicados, como los del Ministerio de Defensa, Justicia o Interior.
Petrov es partidario de abrir los archivos secretos de la URSS para conocer la criminalidad del sistema, de sus órganos represivos, considera que todos los ciudadanos que vivieron en un sistema totalitario tienen el derecho a conocer la represión que sobre ellos se ejerció por décadas. Considera como absurdo que todavía permanezcan bajo llaves varios portafolios en los archivos de Stalin, que una vez pertenecieron al Politburó del PCUS y estuvieron en la llamada Plaza Vieja (Stara Plozhad) donde su ubicaban las oficinas del Comité Central del partido comunista de la Unión Soviética (PCUS). “No existe la URSS y todavía no se puede acceder a varios tomos de los archivos de Stalin, en especial algunos concernientes a la política exterior, como la repartición de Europa Central, la ocupación de países vecinos (Ucrania, los del Báltico) y la correspondencia entre Stalin y Mao durante la guerra de Corea en 1953”, dijo el experto.
Ambos expertos destacan la necesidad de una pronta legislación dedicada a la lustración, donde se reforme verdaderamente los órganos encargados de la seguridad. Se realice una reforma interna con el personal y se lleve a los tribunales aquellos que violaron las leyes existentes o que cometieron crímenes que nunca caducan. La demora de unas leyes capaces de hacer estas reformas en los órganos de seguridad en Rumania y la ausencia total en Rusia son parte de los problemas que hoy enfrentan esas naciones, no importa que una pertenezca a la OTAN y la otra lucha por volver a ser la superpotencia que fue la URSS, recalca Petrov.
