La Coalición por la Libertad de Asociación realizó su primer foro virtual para conversar sobre las restricciones y amenazas a la libertad de asociación que se registran en numerosos países de América Latina, incluyendo Cuba.
Inés Pousadela, investigadora de CIVICUS, una alianza de organizaciones de la sociedad civil, declaró que Cuba es el único país de las Américas que tiene un espacio cívico cerrado, especificando que cuando se habla de espacio cívico se refiere a que haya cabida para el desarrollo y la capacidad de las personas a organizarse y expresar una opinión.
Por su parte, Gerardo Berthin, Director de los Programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, señaló que en el último informe de su organización sobre la libertad en el mundo, Cuba salió entre los países con menos puntaje.
“En el caso de Cuba es interesante porque desde el 2013 los datos muestran que ha mantenido un puntaje constante bajo que oscila entre 10 y 14 puntos sobre el máximo de 60 puntos en el área de libertades civiles”, dijo Berthin.
Mientras tanto, la abogada Laritza Diversent, de Cubalex, señaló que, aunque el estado cubano reconoce la libertad de asociación, establece restricciones en la práctica que son “incompatibles con los estándares internacionales”.
“La decisión de que una organización se inscriba está sujeta a la discrecionalidad de las autoridades administrativas y no existen herramientas adecuadas para la revisión en caso de rechazo de estos registros”, aclaró Diversent.
La abogada subrayó además que había que hablar también del derecho a no adherirse a una organización y dijo que en Cuba “se han establecido determinadas prácticas que conllevan estar obligatoriamente integrado organizaciones”.
Opinó que “esto implica un control social, porque los individuos son obligados a integrarse, por ejemplo, al Comité de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas o a los sindicatos u organizaciones estudiantiles”.
Asimismo, declaró que otra parte es el derecho a asociarse sin tener que iniciar un procedimiento de registro: “el simple motivo de crear un grupo”, añadiendo que hay determinadas figuras que pueden ser utilizadas dentro de la ley penal para sancionar a las personas que se asocien supuestamente porque determinada actividad puede considerarse conspirativas contra la seguridad del estado.
Diversent mencionó que la Ley 88 o Ley Mordaza “va contra la libertad de expresión pero también contra el derecho de asociación porque impide a las personas asociarse para determinado fin”.
La Coalición por la Libertad de Asociación, que organizó la conferencia virtual, está compuesta por 15 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe entre ellas Freedom House, People in Need, CADAL y PROVEA.
