Desde el sábado se encuentra plantado y en celda de castigo el preso del 11 J Juan Enrique Pérez Sánchez, en la prisión Melena II, en Güines, en protesta por los maltratos y deplorables condiciones en el penal.
“Él está plantado y sin comer. Se encuentra en una celda de castigo y tiene muchas razones para plantarse”, dijo a Radio Martí su esposa, Dayana Aranda Batista, quien acudió a la prisión el miércoles y solo recibió escasa información por parte de las autoridades.
La mujer denunció que su esposo, y otros detenidos en relación con las protestas del 11 de julio pasado, son víctimas de frecuentes abusos a manos de los carceleros.
“Desde que entró en este penal, con el resto de los muchachos del 11J del poblado de Vegas, los maltratan mucho. Viven y mueren amenazándolos, no reciben atención médica, los tratan como perros. Inclusive, los guardias han utilizado a reos comunes para que los agredan”, denunció.
Aranda Batista explicó que el castigo más reciente fue la restricción de llamadas telefónicas. Esa es, dijo, “la única esperanza que ellos tienen, una vez por semana, para conversar con sus familiares”.
Este miércoles, la esposa de Pérez Sánchez estuvo en la prisión porque le pertenecía su visita, pero dio el viaje en vano.
“No me dejaron verlo ni nada, y después de tanta espera salió el segundo jefe del penal, y lo único que hizo fue tratarme mal y responsabilizarnos a nosotros, los familiares, por la actitud que él tomó de plantarse”, señaló.
El preso político tiene varios problemas de salud, entre estos, padecimientos siquiátricos que pueden poner en riesgo su vida, comentó Aranda Batista.
“Mi esposo es asmático crónico, padece de una hernia discal, también es hipertenso, y tiene una historia clínica muy severa. Años atrás tuvo un intento de suicidio y estuvo ingresado en una institución mental porque trató de ahorcarse. Su vida corre peligro”, aseguró.
Juan Enrique Pérez Sánchez, de 41 años de edad, padre de 4 hijos, fue detenido el 12 de julio junto a su esposa en el poblado de San Antonio de las Vegas, municipio de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, por haber participado el día anterior en las protestas populares que sacudieron a gran parte del país. Ambos fueron enviados a la cárcel para los enfermos de VIH-Sida, en San José de las Lajas. Ella fue liberada 11 días después, bajo una fianza de 8 mil pesos cubanos, y su esposo permaneció preso.
Pérez Sánchez ya fue condenado a 12 años de cárcel por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos, en juicio celebrado los días 13, 14 y 15 de diciembre en el Tribunal Provincial.
“El arresto fue violentamente, no les importó a los policías que hubiera allí personas mayores de edad, ni la presencia de niños. Fuimos golpeados y agredidos”, describió Aranda Batista, que tiene dos hijos en común con el detenido.
