El caso del llamado modelo de “esclavitud moderna” de los médicos cubanos, considerado un crimen de lesa humanidad, fue presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) el martes 8 de mayo, anunció este martes Blas Jesús Imbroda, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional.
El abogado es parte de un panel de expertos que ofreció una conferencia de prensa en la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que denunciaron que los médicos cubanos que trabajan fuera de su país bajo acuerdos del régimen cubano y terceros gobiernos, lo hacen privados de sus derechos básicos, de una justa remuneración y bajo estricta vigilancia.
La conferencia estuvo centrada en un estudio de la organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) a partir del testimonio de 46 médicos cubanos cuya identidad ha sido protegida, e información recopilada desde una página de Facebook con comentarios de 15 mil cubanos sobre el tema.
“La mayoría tienen hijos y familia en Cuba y saben que la represalia es tremenda”, explicó el abogado Javier Larrondo, fundador de CPD.
Larrondo aseguró que hay médicos cubanos trabajando en 100 países que son estados miembros de la Corte Penal Internacional, por lo que tienen esperanzas de que el caso sea escuchado.
El informe de CPD asegura que las violaciones ocurren y han ocurrido, al menos, en los siguientes países: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Botsuana, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, El Congo, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Guinea Ecuatorial, El Salvador, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Italia, Kenia, Kuwait, Lesoto, Mali, Malta, Mauritania, México, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Qatar, Ruanda, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, Saint Vincent y las Granadinas, Arabia Saudí, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, España, Suriname, Suiza, Tanzania, Timor-Leste, Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zambia y Zimbabwe.
Entre los presuntos autores de las violaciones de derechos humanos CPD señala a Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de la República de Cuba; Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba; José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de la República de Cuba; Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la República de Cuba; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba y Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba.
CPD anunció además que el pasado jueves presentaron un procedimiento especial con estas denuncias en cinco comités de Naciones Unidas por considerar que los hechos "violan de forma alarmante y aterradora" varios convenios y pactos de este organismo como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención de los Derechos del Niño.
También lo hicieron ante la Organización Mundial de la Salud, para pedir a este organismo internacional que investigue estas denuncias y contraste las estadísticas de salud ofrecidas por el gobierno comunista.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, denunció a La Habana por el trato que da a sus profesionales de la salud enviados al exterior “bajo una supuesta solidaridad revolucionaria”, que en el fondo tiene un fin político más allá del supremo objetivo de salvar vidas, dijo.
“Las misiones médicas cubanas son un pretexto para una verdadera intervención como ha sucedido en el caso de Venezuela”, expresó Almagro, y agregó que “son una máscara para la mayor fuente de ingresos en divisas del régimen cubano”.
El secretario general citó a un funcionario cubano que admitió que las ganancias de este servicio rondan los 8 mil millones de dólares anuales: Estas ganancias provienen "de la trata de decenas de miles de personas que son obligadas a salir al exterior, sin saber su destino, reteniéndoles sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia, donde la mayor parte de sus ingresos son confiscados por el gobierno cubano”.
“Es un sistema de esclavitud moderna que no puede quedar impune. Este modelo constituye otra sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen cubano”, concluyó Almagro.
