A pesar de las restricciones que recaen sobre el sector laboral en Cuba, las imposiciones bajadas desde el Partido Comunista de Cuba (PCC) y la falta de una estructura legal que los defienda, los trabajadores cubanos asienten en masa a cada convocatoria del Estado.
El pasado 1ero de Mayo, como hace ya 60 años, trabajadores y estudiantes formaron parte de la escena que el régimen cubano vende ante el mundo: carteles de apoyo a la revolución, vítores a Fidel Castro y consignas contra Estados Unidos.
¿Ningún profesional cubano siente la necesidad de reclamar públicamente a las autoridades? ¿Qué hay de los pagos obligatorios para las Milicias de Tropas Territoriales o el expediente laboral que arrastran hasta el día de su jubilación?
Un capítulo aparte tienen las iniciativas del sindicalismo independiente, que promoviendo los derechos laborales han sido sometidos a penas de cárcel, persecución, hostigamiento y el sambenito que le es adjudicado a todo el que promueve la diferencia ante la dictadura: estar "al servicio de una potencia extranjera".
La inoperancia del sindicato único
Hace solo dos semanas concluyó el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), donde paradójicamente sus dirigentes se explayaron en decir: “Tenemos que defender el salario y a la Revolución”, un titular del diario oficial trabajadores que busca vestir de diverso el monolito del mandato único.
En un artículo publicado en el citado medio gubernamental, el académico canadiense Arnold August, un escritor y conferencista afín al régimen castrista, hace una comparación entre el derecho a huelga de los trabajadores en Canadá y en Cuba.
Como es de esperar, August pone entre comillas cualquier asomo de libertades en países capitalistas como el suyo, Estados Unidos o Europa.
“(…) veamos el “derecho a la huelga” en el contexto histórico para los trabajadores cubanos, desde siglo XVIII en Europa, para apreciar su carácter precario e hipócrita bajo el capitalismo”, afirma August y más adelante plantea: “El “derecho a la huelga” en los países capitalistas es, por consiguiente, similar a su altamente promovida “libertad de prensa y expresión”. Es “permitido” tan sólo en la medida en que no cuestione el statu quo, ni siquiera los objetivos a corto plazo”.
En contraparte, el periodista y sindicalista independiente Víctor Manuel Domínguez, lanzó desde la agencia Cuba Sindical Press sus dardos contra un cuentapropista que manifestó en el cónclave oficial su adhesión a los designios del PCC.
En un artículo de opinión titulado “Oportunismo y cobardía por cuenta propia”, Domínguez lamenta que lejos de un reclamo legítimo por el acoso y pocas oportunidades a que está sometido el sector privado, el delegado al que identifica como Jorge Miguel Gutiéz se haya deshecho en elogios a la dictadura.
“De los cuentapropistas asumir similar actitud a la del régimen que los desprecia y sólo los admite con límites y por necesidad de conservar el control absoluto de la nación, el pueblo en nada se beneficiará con los servicios de los emprendedores, pues sólo habrá un vencedor: El Estado”, remata Domínguez.
Muchos años, poca fuerza
Uno de los temas que sale a flote desde hace algo más de una década en el país es el del aumento de la edad de retiro, al que el Estado cubano ha recurrido por falta de fuerza laboral (causada a su vez por baja natalidad, migraciones internas y externas y una escasa –cuando no nula- estimulación salarial).
Presumiblemente se volvería a aumentar el término de la edad laboral, lo planteó precisamente la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González.
Los abuelos cubanos en la calle
En la actualidad la edad de retiro está en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) reportó que Cuba cerró 2018 con 16 mil 320 nacimientos, un ligero aumento respecto al año anterior, pero sigue dejando al país como uno de los más longevos de América Latina.
Ante el anuncio de la ministra cubana, la joven periodista Sayli Sosa Barceló publicó en el periódico Invasor de Ciego de Ávila una columna de opinión titulada “Faltan trabajadores y sobran años”.
Sosa Barceló pide que otros cuestionamientos se aireen de manera pública:
“Y aunque la esperanza de vida al nacer ha continuado creciendo en nuestro país —supera ya los 78 años—, deberíamos analizar otras variables que, de paso, sirvan para el debate nacional que una transformación en el sistema de Seguridad Social requeriría, llegado el momento. Decir, por ejemplo, que, sin calidad de vida, esos años altos no son satisfactorios ni productivos, y que por calidad de vida entendemos la conjunción de factores diversos: desde la alimentación, el estado de la vivienda y el transporte, hasta la incidencia de enfermedades crónicas no trasmisibles”.
Barceló busca reivindicar a quienes “han trabajado y trabajan, con salarios insuficientes y no siempre en las mejores condiciones materiales”, no sin antes apuntar a la cifra de 567.000 cubanos en edad laboral activa que no estudian ni trabajan y a los que tilda de “vagos y mantenidos de toda la vida. La gente que se escuda en el bajo poder adquisitivo de los salarios para no buscar empleo y viven del invento; los que reciben remesas del exterior y aprovechan la dualidad monetaria en su beneficio”.
Reivindicar el derecho al trabajo
Después de décadas de intentos por establecer organizaciones independientes por la autonomía sindical en la isla, en 2016 fue fundada la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), una sombrilla que absorbe a la Confederación Obrera Nacional Independientes de Cuba (CONIC), la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba (CTIC) y el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC).
Al frente de la ASIC fue elegido el expreso político de la Causa de los 75, Iván Hernández Carrillo, condenado a 25 años de cárcel en la Primavera Negra de Cuba (2003) junto a otros sindicalistas y liberado siete años después.
Los demás activistas por los derechos laborales encarcelados en la Primavera Negra fueron Nelson Molinet Espino (20 años de cárcel), Alfredo Felipe Fuentes (26), Carmelo Díaz Fernández (16), Pedro Pablo Álvarez Ramos (25), Miguel Galván Gutiérrez (26) y Héctor Raúl Valle (12).
La ASIC la componen, además, como vicesecretaria general, María Elena Mir Marrero; secretario organizador, Alejandro Sánchez Saldívar; en los asuntos laborales y sindicales, Reinaldo Cosano Allen; atención a la mujer Hilda López Salazar; en las relaciones públicas y exteriores, Aymé Cabrera Álvarez; para asuntos juveniles, Ariadna Mena Rubio, y como suplentes Pedro Antonio Scull y Yamilka Mejía Peña.
El sindicalismo independiente ha denunciado la falta de libertades esenciales en Cuba como el derecho a huelga, la protesta pacífica y la contratación directa por empresas de capitales mixtos, entre otras.
Entre las imposiciones del régimen cubano a los trabajadores, y que ha sido llevado a importantes foros internacionales aparecen el aporte a las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), la filiación a la CTC y la asistencia a los actos del gobierno.
Los sindicalistas alternativos a la CTC han sido condenados a largas penas de cárcel, sus viviendas han sido allanadas por fuerzas de la Seguridad del Estado, ellos y sus familias han sufrido actos de repudio, acoso e intimidación, hasta llegar en muchos casos a los despidos laborales.
En diciembre de 2018, el activista del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), Yasmani Soto Mesa, un cuentapropista, denunció al portal Cubanet que estaba siendo víctima del acoso policial en el municipio La Lisa, en La Habana.
Soto Mesa publicó un video donde enfrentaba verbalmente a los uniformados.
En junio de 2018, la ASIC logró lo que puede llamarse un hito en la historia del sindicalismo independiente en Cuba, y fue romper el monopolio de la representatividad sindical oficialista de cara a los organismos de alto nivel internacional.
Miembros de esta asociación sindical entregaron una carta al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la que solicitan una intervención directa y urgente ante las violaciones de los derechos laborales que ocurren en la isla.
“Por primera vez el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha aceptado el caso número 3271”, dijo entonces a Radio Martí Hernández Carrillo.
La misiva, entregada por el vicepresidente de la ASIC, Alejandro Saldívar, en la 107 Conferencia de la OIT en Ginebra, Suiza, denunció las interferencias en las comunicaciones y los actos restrictivos contra los sindicalistas por parte de las fuerzas represivas del régimen castrista.
Son pasos ante una masa cautiva de trabajadores, quienes solo ven el látigo sexagenario de un sistema que exige obediencia ciega mientras vende al escenario internacional la representación de una democracia fabricada a base de encarcelamientos, apartheid laboral y penuria extrema.