La Fiscalía Provincial de La Habana pide 20 años de privación de libertad al activista Eduardo Álvarez Rigal por su participación en las protestas del 12 de julio en La Güinera, una de las zonas más pobres de La Habana.
“Mi hijo salió con la manifestación y el 21 de julio se lo llevaron. Se le fugó dos veces a la Policía. Yo lo que no estoy de acuerdo que por expresar sus ideas y por tirar piedras le echen 20 años”, dijo a Radio Televisión Martí su madre Ismary Rigal.
“¿Si en el mundo entero dicen que hay libre expresión por qué aquí en Cuba no la hay?”, se pregunta.
Fue en La Güinera donde Diubis Laurencio Tejeda resultó muerto durante un enfrentamiento entre el pueblo y las autoridades policiales el 12 de julio. Tejeda, cantante de 36 años, falleció cuando un policía le disparó por la espalda, indicó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Por esa muerte nadie ha sido juzgado, precisó Human Rights Watch. "Las manifestaciones de julio fueron abrumadoramente pacíficas", añadió la organización.
La versión oficial culpa a los manifestantes en La Güinera de alterar el orden e intentar dirigirse hacia la Estación de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) del territorio, “con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación".
Álvarez Rigal, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República, está acusado de “sedición y otros actos contra la seguridad del estado” y por “evasión”.
“A muchas madres a las que a los hijos le están echando muchos años les estoy diciendo que tenemos que ir a 15 y K [Dirección General de Cárceles y Prisiones], a la Plaza de la Revolución. Me responden que las van a meter presas, pero si nosotras las madres no hacemos nada, que la ‘súplica de madre’ en el mundo entero se oye, ¿qué vamos a hacer, quedarnos con los brazos cruzados?", planteó Ismary Rigal.
De acuerdo con las Conclusiones provisionales del órgano acusatorio en el Expediente de Fase Preparatoria número 145C-21 están acusadas 23 personas con peticiones fiscales de entre 15 y 27 años de privación de libertad.
“Inconformes con el desempeño de las autoridades, se armaron en el lugar de piedras, botellas de cristal y de forma no precisada se hicieron de gasolina y tela, con las que confeccionaron botellas incendiarias (cocteles molotov), las cuales arrojaron contra los efectivos del Ministerio del Interior, quienes realizaron un cordón de contención con el propósito de disgregar a la muchedumbre y evitar su avance, mientras los acusados con la firme convicción de lograr sus propósitos, mantuvieron su actuar violento, poniendo en peligro la vida de los oficiales y de otras personas que pudieran encontrarse próximo al lugar, así como interfirieron el tránsito vehicular y de peatones”, afirman las Conclusiones del Estado.
Del activista, la Fiscalía subraya que “en su comunidad no participa en las actividades convocadas por las organizaciones políticas y de masas” y que “ha sido persona de interés policial por estar involucrado en indisciplinas sociales y procesadas por varios hechos delictivos”, aunque reconoce que “no le constan antecedentes penales”.
“Mi hijo no merece esa condena ni ninguna, si en otros países la gente se manifiesta y los cogen y los sueltan a las 72 horas. El estaba defendiendo sus ideales, esos son sus derechos”, recalcó la madre.
