El enfrentamiento que ha tenido lugar en Argentina entre el poderoso Grupo Clarín y la presidenta Cristina Fernández, es parte de la ancestral confrontación entre el poder político y los medios de información, situación que varia según las convicciones y prácticas de gobiernos y políticos.
Si el gobierno tiene un barniz democrático recurrirá al chantaje económico en la distribución de las pautas publicitarias, suspenderá las garantías constitucionales para imponer la censura, o recurrirá a otras formas legales que le permitan intimidar hasta lograr su propósito de limitar las libertades de información y expresión.
Los gobiernos de fuerza son menos sofisticados. Las dictaduras censuran abiertamente los medios o los cierran. El totalitarismo los confisca y en consecuencia la prensa pasa a formar parte de la maquinaria del estado.
Por supuesto que la prisión, el asesinato o desaparición, fórmulas que todavía practican algunos gobiernos y grupos criminales, es parte del arsenal de los enemigos de la libertad sin que importen ideologías, aunque los resultados de estos recursos extremos son temporales, porque nunca faltan periodistas dispuestos a enfrentar a los autócratas, lo que ha demostrado que controlar los medios es más efectivo.
En base a esta realidad hay que admitir que los depredadores de la libertad de expresión del Siglo XXI que han arribado al poder como consecuencia del despotismo electoral han sido más creativos, porque han recurrido a fórmulas que encubren su propósito de establecer progresivamente un control absoluto sobre los medios de información, en consecuencia la censura como tal no existe, porque se procura que no se publique información alguna que pueda ser contraria a los intereses del régimen.
El primer paso de estos gobernantes es demonizar a la prensa que les adversa. Ataques verbales en su contra. Polarizar la sociedad, mientras intimidan y dañan la credibilidad de los rivales y adversarios.
Presentarse como víctimas de los medios de comunicación a la vez que los responsabilizan de todos los males de la sociedad, es parte del proceso. Otra es recurrir a constantes cadenas radiotelevisivas para trasmitir un mensaje divisivo, que sirve para adoctrinar y fortalecer a sus partidarios.
Un tiempo después, como si fuera parte de un manual, tienen sus propios programas de radio y televisión y fortalecen los medios públicos que históricamente han sido propiedad del estado o crean nuevas entidades como ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, que junto a su familia posee varias emisoras de radio y televisión.
Posteriormente cuando han generado un ambiente contrario a determinados medios informativos y periodistas, proceden a actuar judicialmente contra los mismos.
El acoso tiene muchas facetas. Con argumentos legales o seudo legales, como el vencimiento de las concesiones del espacio radio eléctrico, clausuran los medios periodísticos que les incomodan, tal y como sucedió en Venezuela con Radio Caracas Televisión. También recurren a multimillonarias multas como las que ha recibido Globovisión.
Otro recurso productivo, contra el medio y el periodista, es el judicial, como el usado por el presidente ecuatoriano Rafael Correa contra los propietarios del diario El Universal, César y Nicolás Pérez, y el periodista Emilio Palacios.
Evo Morales, de Bolivia, es otro de los que gusta determinar qué es lo que se debe informar y por esa razón ha tenido más de una disputa con la Sociedad Interamericana de Prensa.
Los periodistas están en la mira de estos depredadores y regularmente son objeto de ataques personales y agresiones físicas. La persecución policial y la difamación para destruir la credibilidad del comunicador, favorecen la autocensura, que es uno de los objetivos de los autócratas.
Comunicadores obedientes, disciplinados, que informen lo que es políticamente correcto, forma parte del sueño de cualquier déspota.
Tanto el presidente Hugo Chávez como el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, han recurrido a diferentes procedimientos administrativos para confiscar, cerrar, multar, intimidar, neutralizar e impulsar la autocensura en los medios y entre los periodistas.
Los medios confiscados pasan a formar parte de la red estatal de comunicaciones o son traspasados de diferentes formas a personas vinculadas al régimen, lo que presta la apariencia de que hay medios independientes, cuando en realidad dependen del ejecutivo, lo que permite al gobierno contar con una tejido informativo que responde a sus intereses y no a los de la sociedad.
El estadio superior del control sobre la Prensa es cuando la dictadura institucional esta en capacidad de legislar sobre el derechos de información y expresión, cuando regula desde los horarios de programación y contenido, hasta quienes poseen los medios, cumplir ese objetivo es la ruta para lograr el despotismo perfecto sin ser titulado Dictador.
Si el gobierno tiene un barniz democrático recurrirá al chantaje económico en la distribución de las pautas publicitarias, suspenderá las garantías constitucionales para imponer la censura, o recurrirá a otras formas legales que le permitan intimidar hasta lograr su propósito de limitar las libertades de información y expresión.
Los gobiernos de fuerza son menos sofisticados. Las dictaduras censuran abiertamente los medios o los cierran. El totalitarismo los confisca y en consecuencia la prensa pasa a formar parte de la maquinaria del estado.
Por supuesto que la prisión, el asesinato o desaparición, fórmulas que todavía practican algunos gobiernos y grupos criminales, es parte del arsenal de los enemigos de la libertad sin que importen ideologías, aunque los resultados de estos recursos extremos son temporales, porque nunca faltan periodistas dispuestos a enfrentar a los autócratas, lo que ha demostrado que controlar los medios es más efectivo.
En base a esta realidad hay que admitir que los depredadores de la libertad de expresión del Siglo XXI que han arribado al poder como consecuencia del despotismo electoral han sido más creativos, porque han recurrido a fórmulas que encubren su propósito de establecer progresivamente un control absoluto sobre los medios de información, en consecuencia la censura como tal no existe, porque se procura que no se publique información alguna que pueda ser contraria a los intereses del régimen.
El primer paso de estos gobernantes es demonizar a la prensa que les adversa. Ataques verbales en su contra. Polarizar la sociedad, mientras intimidan y dañan la credibilidad de los rivales y adversarios.
Presentarse como víctimas de los medios de comunicación a la vez que los responsabilizan de todos los males de la sociedad, es parte del proceso. Otra es recurrir a constantes cadenas radiotelevisivas para trasmitir un mensaje divisivo, que sirve para adoctrinar y fortalecer a sus partidarios.
Un tiempo después, como si fuera parte de un manual, tienen sus propios programas de radio y televisión y fortalecen los medios públicos que históricamente han sido propiedad del estado o crean nuevas entidades como ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, que junto a su familia posee varias emisoras de radio y televisión.
Posteriormente cuando han generado un ambiente contrario a determinados medios informativos y periodistas, proceden a actuar judicialmente contra los mismos.
El acoso tiene muchas facetas. Con argumentos legales o seudo legales, como el vencimiento de las concesiones del espacio radio eléctrico, clausuran los medios periodísticos que les incomodan, tal y como sucedió en Venezuela con Radio Caracas Televisión. También recurren a multimillonarias multas como las que ha recibido Globovisión.
Otro recurso productivo, contra el medio y el periodista, es el judicial, como el usado por el presidente ecuatoriano Rafael Correa contra los propietarios del diario El Universal, César y Nicolás Pérez, y el periodista Emilio Palacios.
Evo Morales, de Bolivia, es otro de los que gusta determinar qué es lo que se debe informar y por esa razón ha tenido más de una disputa con la Sociedad Interamericana de Prensa.
Los periodistas están en la mira de estos depredadores y regularmente son objeto de ataques personales y agresiones físicas. La persecución policial y la difamación para destruir la credibilidad del comunicador, favorecen la autocensura, que es uno de los objetivos de los autócratas.
Comunicadores obedientes, disciplinados, que informen lo que es políticamente correcto, forma parte del sueño de cualquier déspota.
Tanto el presidente Hugo Chávez como el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, han recurrido a diferentes procedimientos administrativos para confiscar, cerrar, multar, intimidar, neutralizar e impulsar la autocensura en los medios y entre los periodistas.
Los medios confiscados pasan a formar parte de la red estatal de comunicaciones o son traspasados de diferentes formas a personas vinculadas al régimen, lo que presta la apariencia de que hay medios independientes, cuando en realidad dependen del ejecutivo, lo que permite al gobierno contar con una tejido informativo que responde a sus intereses y no a los de la sociedad.
El estadio superior del control sobre la Prensa es cuando la dictadura institucional esta en capacidad de legislar sobre el derechos de información y expresión, cuando regula desde los horarios de programación y contenido, hasta quienes poseen los medios, cumplir ese objetivo es la ruta para lograr el despotismo perfecto sin ser titulado Dictador.
