Todos los patrocinadores del programa de Parole Humanitario tendrán que cumplir con el nuevo requisito de tomarse huellas dactilares para un chequeo de antecedentes penales, dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martí Noticias este jueves.

“Se notificará a los patrocinadores sobre cualquier requisito de proporcionar información adicional cuando su solicitud esté bajo revisión. En lo adelante, todos los patrocinadores radicados en los EEUU que actualmente tengan un Formulario I-134A pendiente con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés), así como aquellos que presenten una solicitud en el futuro, estarán sujetos a estas medidas de selección y verificación mejoradas”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un correo electrónico enviado a nuestra redacción.

Martí Noticias reportó primero que los patrocinadores tendrán que pagar por el trámite $30 dólares.

La toma de huellas digitales deberá realizarse en persona y “se le notificará a los patrocinadores de cualquier requisito necesario para proporcionar información adicional cuando su solicitud esté bajo revisión”, dijo la agencia.

Con esta respuesta el DHS aclara una duda recurrente de muchos patrocinadores desde el reinicio de la entrega de permisos de viaje del Parole Humanitario hace dos semanas.

El Departamento de Seguridad Nacional también explicó que aquellas personas cuyas solicitudes fueron rechazadas anteriormente “no están impedidos de volver a presentar la solicitud con el mismo patrocinador o con uno diferente”.

“Todos los beneficiarios potenciales y sus patrocinadores se someterán a una investigación rigurosa y a verificaciones de antecedentes. Si vuelve a presentar la solicitud con el mismo patrocinador o con un patrocinador diferente, tenga en cuenta que ahora se le solicitará al patrocinador que envíe sus huellas digitales”, informó el DHS.

“Los patrocinadores que no hayan sido confirmados anteriormente volverán a serlo si las inquietudes sobre sus calificaciones no se han abordado de manera suficiente”, agregó.

El programa fue pausado a inicios de este mes tras conocerse un informe que revelaba que cientos de solicitudes habían sido marcadas por usar una misma dirección. Los autores también encontraron usos repetidos de los mismos números de Seguro Social, incluidos los de personas fallecidas.

A mediados de agosto un comité del Congreso de Estados Unidos inició una investigación sobre la decisión de la administración Joe Biden de congelar el programa.

La suspensión repentina de las autorizaciones de viaje del programa dejó a miles de cubanos en una incertidumbre. Muchos esperaban desde el inicio del programa en enero de 2023 para renunirse con sus familiares en EEUU.

Hay más de dos millones de solicitudes de parole humanitario, según datos filtrados de un informe sobre el programa.

Hasta julio, más de 530.000 inmigrantes habían sido autorizados a viajar a Estados Unidos bajo el programa, según datos del DHS

Cuba se mantuvo en la segunda posición entre los países con más solicitudes de refugio en México registradas hasta el cierre de agosto último, indican cifras publicadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

En los primeros 8 meses de este año, un total de 11.052 ciudadanos de la isla realizaron ese trámite, unos 1,138 más que los contabilizados al cierre de julio. Las solicitudes se incrementaron en 5,475, para un total de 52,395.

Honduras continúa liderando la lista de países, con 21,529 solicitudes de migrantes procedentes de más de 10 países. Detrás de Cuba aparecen Haití, con 4,916; El Salvador, con 4,185; Venezuela, con 3,055, y Guatemala, con 2.928.

En 2023, la COMAR recibió unas 18,386 solicitudes de migrantes de la isla. Cuba fue la tercera nación con mayor número, superada por Haití y Honduras. Ese año, el total fue de 140 mil solicitudes de migrantes procedentes de más de veinte países.

Alrededor de 200 mil cubanos han llegado a Estados Unidos, principalmente a través de la frontera con México, en lo que va de año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2023.

La frontera con México es la principal vía de ingreso de cubanos a Estados Unidos. Migrantes de decenas de países se aglomeran en las cuidades fronterizas del país azteca para intentar cruzar a territorio estadounidense. En una medida de alivio, desde el 23 de agosto pasado, los ciudadanos que no son mexicanos pueden programar citas en la aplicación CBP One desde los estados sureños de Chiapas y Tabasco, además de las zonas del norte y el centro de México, donde lo hacían habitualmente.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), solo en julio pasado ingresaron un total de 15,645 cubanos por esa ruta, una ligera disminución respecto al mes anterior, cuando arribaron a EEUU 17,561 migrantes de la isla.

En junio de este año, el presidente Joe Biden anunció una medida que restringe el derecho a solicitar asilo cuando las detenciones por cruces ilegales superan las 2,500 al día. A partir de entonces, los migrantes irregulares que no demuestren un temor creíble en la frontera pueden enfrentar la deportación inmediata y ser, incluso, acusados de cargos penales.

″¡Listo! ¡Listo, papá, listo!”, exclama Eliezer López. Lanza los brazos al cielo, se persigna.

La alegría de López contagia a sus amigos, quienes salen de unas carpas hechas de plástico y tablas para festejar.

López, un migrante venezolano de 20 años de edad que actualmente se encuentra en Ciudad de México, tenía motivos para alegrarse: tras varios intentos frustrados, pudo conseguir una cita para solicitar asilo en Estados Unidos.

Es uno de los miles de migrantes cuyo viaje hacia Estados Unidos los ha llevado a la capital mexicana, el punto más al sur hasta hace poco desde el que los migrantes pueden registrarse para solicitar una cita para pedir asilo a través de la aplicación móvil de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) conocida como CBP One.

Desde junio, cuando el gobierno del presidente Joe Biden anunció significativas restricciones para los migrantes que solicitan asilo, la aplicación se convirtió en una de las únicas formas de solicitar asilo en la frontera suroeste de Estados Unidos.

Esta política de asilo estadounidense y sus límites geográficos son parte de los factores que han impulsado la aparición de campamentos improvisados de migrantes en la capital mexicana, donde miles de personas esperan semanas, incluso meses, en el limbo, viviendo hacinadas, con deficientes servicios de higiene y pésimas condiciones.

Ciudad de México, de punto de tránsito a estancia temporal

Históricamente, Ciudad de México no era una parada habitual para los migrantes que iban al norte. Tratan de cruzar el país lo más rápido posible hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Pero los retrasos a la hora de conseguir una cita para solicitar asilo, junto con el peligro de las ciudades fronterizas del norte controladas por los cárteles y el aumento de la represión de las autoridades mexicanas contra los migrantes, han convertido a la capital de México en un destino temporal para miles de personas.

Algunos campamentos para migrantes han sido desmantelados por las autoridades de migració n o abandonados con el tiempo. Otros permanecen aún, como en el que López ha vivido los últimos meses.

Al igual que López, muchos migrantes han optado por esperar a conseguir una cita en la relativa seguridad de la capital. Pero en Ciudad de México enfrentan otras dificultades.

El espacio en los albergues para migrantes es limitado y, a diferencia de las grandes ciudades de Estados Unidos como Chicago y Nueva York —que en el invierno pasado se apresuraron a encontrar alojamiento para los migrantes que llegaban—, en Ciudad de México quedan mayoritariamente abandonados a su suerte.

Andrew Bahena, coordinador de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) explicó que hasta finales de 2023 la mayoría de migrantes se quedaban estancados en la ciudad sureña de Tapachula, en la frontera con Guatemala.

Muchos trataban de ocultar su ubicación para sortear las limitaciones geográficas de la aplicación de CBP One. Pero cuando las autoridades estadounidenses se dieron cuenta, muchos de los migrantes comenzaron a ver a Ciudad de México como un destino para hacer sus citas desde allí, dijo.

Como resultado, ha habido un incremento en la población de migrantes en los campamentos de Ciudad de México.

“Hablamos de esto como externalización fronteriza y es algo que Estados Unidos y México llevan años aplicando conjuntamente”, afirmó Bahena sobre la estrategia de ambos países para extender virtualmente la frontera hacia puntos más al sur. “La aplicación CBP One es probablemente uno de los mejores ejemplos de eso hoy en día”.

“Estas personas son solicitantes de asilo, no son personas sin hogar que viven en México”, agregó.

Un enjambre de carpas y lonas

Cuando López llegó a Ciudad de México a finales de abril, pensó en alquilar una habitación, pero el precio lo hizo darse cuenta de que no era una opción.

López, quien trabajaba tres días a la semana en un mercado ambulante, ganaba 450 pesos mexicanos al día (aproximadamente 23 dólares). Le pedían 3.000 pesos (157 dólares) por persona por un cuarto compartido con desconocidos, un arreglo que se ha convertido en algo habitual en las ciudades mexicanas con población migrante.

“El campamento es un refugio”, dijo López. Los migrantes pueden compartir el espacio con gente conocida, evitar los toques de queda y las estrictas reglas de los albergues.

También pueden alargar su estancia si es necesario.

Los campamentos son un enjambre de carpas y lonas. Algunos de los migrantes llaman a este espacio “ranchitos”: viviendas que ensamblan con tablas, cartones, lonas de plástico, cobijas y todo lo que encuentran para protegerse del aire helado de la montaña y de las intensas lluvias de verano que azotan a la ciudad.

En otro campamento, en el céntrico barrio de La Merced, cientos de carpas azules, amarillas y rojas llenan una plaza frente a una iglesia. Es uno de los más grandes de la capital y está a sólo 20 minutos a pie del corazón de la ciudad.

“Este es un lugar donde han llegado a vivir hasta 2.000 migrantes en el último año”, dijo Bahena. “El 40% de ellos son niños”.

Ante la necesidad, los migrantes que viven en La Merced se han organizado como una pequeña ciudad. Construyeron una bomba improvisada de agua que la traslada de la red pública y la distribuye en un horario fijo. Cada carpa recibe cuatro cubetas al día.

“Al principio había muchos problemas, mucha basura, y eso no les gustaba a las personas aquí en México”, dijo Héctor Javier Magallanes, un migrante venezolano que lleva nueve meses esperando su cita para pedir asilo en Estados Unidos. “Nosotros nos encargamos de eliminar todo eso poco a poco”.

Viendo como el flujo de migrantes no paraba, decidió formar un grupo de 15 personas para encargarse de la seguridad e infraestructura del campamento.

A pesar de estos esfuerzos, sus residentes no han podido evitar brotes de enfermedades, a veces, empeoradas por las variaciones del clima.

Keilin Mendoza, una mujer hondureña de 27 años, explicó que sus hijos enferman constantemente de gripe, especialmente su niña de 1 año de edad.

“Ella es la que más me preocupa porque es la que más me cuesta recuperarla”, dijo. Mendoza ha acudido a la atención médica que organizaciones humanitarias proporcionan en los campamentos, pero los recursos son limitados.

Según Israel Reséndiz, coordinador del equipo móvil de Médicos Sin Fronteras, la incertidumbre en los campamentos también afecta considerablemente la salud mental de los migrantes. “No es lo mismo que una persona esté esperando la cita cuando tiene un recurso”, explicó. “A lo mejor puede rentar un hotel, una habitación o tiene algún recurso para tener comida”. La mayoría, apunta, carece de eso.

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Secretaría de Gobernación de Ciudad de México no respondieron a una solicitud de comentarios de The Associated Press sobre los campamentos. Representantes de prensa de Clara Brugada, nueva jefa de gobierno de la capital mexicana, dijeron que el tema debe discutirse primero a nivel federal.

En tanto, las tensiones entre los vecinos y los residentes de los campamentos se han intensificado, y en ocasiones han tenido como resultado el desalojo masivo de migrantes.

A finales de abril, vecinos de la elegante y céntrica colonia Juárez bloquearon algunas de las calles más transitadas de la ciudad entre consignas de: “¡La calle no es un albergue!”.

Eduardo Ramírez, uno de los organizadores de la protesta, dijo que es tarea del gobierno “ayudar a esta pobre gente que viene de sus países buscando algo mejor y que tuvieron la mala fortuna de pasar por México”.

“Se quedaron dormidos en la calle porque el gobierno los abandonó”, dijo.
En otro campamento de unas 200 familias en el barrio norteño de Vallejo, las tensiones y el miedo han aumentado.

“Un día le tiraron a un niño agua con cloro, a otro le tiraron agua caliente”, dijo Sonia Rodríguez, una mujer salvadoreña de 50 años que vive en el campamento.

A pesar de haberse esforzado en construir un “ranchito” lo más digno posible —con parrilla para cocinar, literas y televisión—, su mirada se apaga cuando recuerda que ha vivido así desde hace diez meses: en un campamento improvisado y ya no su casa, con sus cosas, su vida normal.

México ofrecerá viajes en autobús con escolta desde el sur del país hasta la frontera con Estados Unidos a migrantes no mexicanos que tengan una cita para solicitar asilo allí, anunció el gobierno el sábado.

El Instituto Nacional de Migración indicó que los autobuses partirán desde las ciudades de Villahermosa y Tapachula, en el sur del país. Parecía ser un intento por hacer que solicitar citas desde el sur de México para recibir asilo en Estados Unidos sea más atractivo para los migrantes, que de otra forma avanzarían hacia el norte hasta Ciudad de México o la frontera.

El anuncio fue efectuado una semana después de que Washington autorizó el acceso a la aplicación CBP One en el sur de México. Previamente, el acceso a la app —la cual permite a los solicitantes de asilo registrarse y aguardar una cita— había estado restringido a la región norte y central del país latinoamericano.

El gobierno mexicano quiere que más migrantes aguarden en el sur de México, lejos de la frontera estadounidense. Los migrantes suelen quejarse de que hay poco trabajo disponible en el sur del país para una espera que puede extenderse durante meses. Muchos de ellos tienen deudas y se sienten presionados para trabajar.

Los migrantes que aprovechen los autobuses también recibirán un permiso para transitar legalmente a través de México por 20 días, indicó el instituto en su comunicado.

Previamente, autoridades mexicanas dijeron que respetarían a los migrantes que mostraran que tenían una cita en la frontera para solicitar asilo, pero algunos migrantes reportaron haber sido recogidos en puestos de control y enviados de nuevo hacia el sur, con lo que perdieron sus citas.

Funcionarios policiales locales, estatales y federales proporcionarán seguridad a los autobuses, y se ofrecerán alimentos durante el tránsito, señaló el instituto.

Los viajes en autobús también podrían ayudar a desalentar a algunos migrantes de efectuar a pie el arduo recorrido hacia el norte. Tres migrantes perdieron la vida y 17 resultaron heridos esta semana cuando un vehículo los embistió en una carretera en el estado sureño de Oaxaca.

México había presionado a Estados Unidos a que ampliara el acceso a CBP One, en parte para mitigar la acumulación de migrantes en Ciudad de México. El año pasado, muchos migrantes optaron por esperar en la capital mexicana la fecha de sus citas, donde había más trabajo disponible y relativamente más seguridad que en las ciudades fronterizas controladas por cárteles.

Los que cuentan con recursos adquieren boletos de avión al cruce fronterizo donde están programadas sus citas, con el fin de reducir el riesgo de ser capturados por autoridades mexicanas o por cárteles, que secuestran a migrantes y exigen el pago de recompensas.

Los patrocinadores que participen en el programa de parole humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos tendrán que pagar $30 por tomarse las huellas digitales, dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martí Noticias este viernes.

La toma de huellas digitales deberá realizarse en persona y “se le notificará a los patrocinadores de cualquier requisito necesario para proporcionar información adicional cuando su solicitud esté bajo revisión”, dijo la agencia.

El DHS no aclaró inmediatamente si los patrocinadores que ya están en el sistema deberán tomarse las huellas digitales o si solo se le requerirá a los nuevos solicitantes.

Todos los patrocinadores deben estar atentos a sus cuentas de USCIS donde recibirán una comunicación si necesitan más evidencia, dijo el DHS.

“USCIS requerirá la presentación de datos biométricos por parte de los patrocinadores como condición para la presentación y requerirá el pago de una tarifa de servicios biométricos de $30. Estos cambios son necesarios para permitir a USCIS validar mejor la identidad y las calificaciones [de los] patrocinador(es) y realizar verificaciones adicionales de antecedentes y seguridad”, asegura el comunicado publicado en el Registro Federal.

“El Formulario I-134A es presentado por un individuo basado en EEUU (el posible patrocinador) para solicitar ser un patrocinador, aceptar proporcionar apoyo financiero al beneficiario mencionado en el formulario durante la duración de la estancia del beneficiario en los Estados Unidos, y proporcionar información sobre por qué el beneficiario merece una concesión discrecional" de parole, añade.

Sobre los patrocinados que recibieron una negativa en su permiso de vuelo tras suspenderse el programa, el DHS explicó que “nada les impide” volver a presentar su solicitud con el mismo patrocinador o con uno diferente.

“Todos los beneficiarios potenciales y sus patrocinadores se someterán a una investigación rigurosa y a verificaciones de antecedentes. Si vuelven a presentar su solicitud con el mismo patrocinador o con uno diferente, tengan en cuenta que ahora se les solicitará al partidario que envíe sus huellas digitales”, dijo el DHS.

“Los beneficiarios que no hayan sido confirmados anteriormente volverán a serlo si no se han abordado suficientemente las inquietudes sobre sus calificaciones”, añadió.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció este jueves que reanudaban la emisión de permisos de viaje para beneficiarios del programa del parole humanitario, suspendidas a inicios de este mes tras informes que revelaban un nivel significativo de fraude en las solicitudes.

Las nuevas medidas incluyen un mayor escrutinio de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores, una investigación adicional para identificar perfiles fraudulentos de patrocinadores y métodos de revisión reforzados para identificar tendencias de presentación de solicitudes en serie.

El programa fue pausado a inicios de este mes tras conocerse un informe que revelaba que cientos de solicitudes habían sido marcadas por usar una misma dirección. Los autores también encontraron usos repetidos de los mismos números de Seguro Social, incluidos los de personas fallecidas.

A mediados de agosto un comité del Congreso de Estados Unidos inició una investigación sobre la decisión de la administración Joe Biden de congelar el programa.

La suspensión repentina de las autorizaciones de viaje del programa dejó a miles de cubanos en una incertidumbre. Muchos esperaban desde el inicio del programa en enero de 2023 para renunirse con sus familiares en EEUU.

Hay más de dos millones de solicitudes de parole humanitario, según datos filtrados de un informe sobre el programa.

Hasta julio, más de 530.000 inmigrantes habían sido autorizados a viajar a Estados Unidos bajo el programa, según datos del DHS.