Más de 2.400 menores ucranianos de entre 6 y 17 años han sido trasladados a Bielorrusia desde cuatro regiones de Ucrania que están parcialmente ocupadas por las fuerzas rusas, según un estudio de la Universidad de Yale.
El estudio, publicado el jueves por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale, que recibe financiación del Departamento de Estado de Estados Unidos, encontró que "el esfuerzo sistemático de Rusia para identificar, recoger, transportar y reeducar a los niños de Ucrania ha sido facilitado por Bielorrusia", y está "en última instancia coordinado" entre el presidente ruso Vladímir Putin, y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko.
"La participación directa de Bielorrusia en la deportación forzada de niños por parte de Rusia representa una colaboración" entre los dos, "con varias organizaciones pro-Rusia y pro régimen que facilitan la deportación de niños de Ucrania", se lee en la investigación.
Según el estudio de 40 páginas, al menos 2.442 niños, incluidos menores con discapacidades, fueron trasladados a Bielorrusia desde 17 ciudades de las regiones ucranianas de Donestk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia entre el 24 de febrero de 2022 y el 30 de octubre de 2023.
Desde las regiones ucranianas ocupadas, los niños fueron llevados a la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia, y luego trasladados en tren a Bielorrusia. El transporte lo financió el Estado bielorruso y participaron organizaciones estatales con la aprobación de Lukashenko.
Un total de 2.050 menores fueron llevados al centro infantil de Dubrava en la región de Minsk, en Bielorrusia, mientras que los otros 392 fueron trasladados a otras 13 instalaciones en todo el país. Allí, los niños fueron sometidos a reeducación y entrenamiento militar, incluso con los servicios policiales y de seguridad de Bielorrusia, según el informe.
Las autoridades ucranianas han dicho que están investigando las deportaciones como posible genocidio. El fiscal general de Ucrania dijo que también se está investigando el papel de Bielorrusia en las deportaciones forzadas de más de 19.000 niños de los territorios ocupados.
A principios de este año, la Corte Penal Internacional (CPI) acusó a Putin y a su comisionada para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, por su presunta participación en crímenes relacionados con la deportación de niños de Ucrania y emitió órdenes de arresto contra ellos. La oposición bielorrusa busca una acusación similar para Lukashenko.
Pavel Latushka, un exministro bielorruso convertido en líder de la oposición en el exilio, dijo que entregó pruebas a la CPI que implican al presidente de Bielorrusia.
Latushka dijo a The Associated Press el viernes que el informe de Yale complementa los datos que él y su equipo han reunido con "detalles horribles" adicionales y "plantea la cuestión del procesamiento penal internacional de los principales criminales bielorrusos que organizaron el traslado ilegal de niños ucranianos a Bielorrusia".
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