A continuación, un editorial que refleja el punto de vista del gobierno de Estados Unidos:
Estados Unidos condena la decisión del Gobierno de Nicaragua de despojar a 94 de sus ciudadanos de la nacionalidad y revocar la ciudadanía de 222 presos políticos que fueron liberados a principios de febrero.
"Estos actos son incompatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad", dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita. "Marca otro paso atrás para el pueblo nicaragüense y un paso más hacia la consolidación de un régimen autocrático".
El 9 de febrero, 222 presos políticos, incluidos líderes políticos y empresariales de Nicaragua, actores religiosos, activistas de la sociedad civil, periodistas y estudiantes, fueron liberados de prisión y trasladados a los Estados Unidos. Fueron recibidos a su llegada con atención médica, psicológica y asistencia legal.
En Nicaragua, el presidente Ortega calificó de "terroristas" a los presos políticos liberados. Un juez leyó un comunicado diciendo que eran culpables de acciones que atentan contra la independencia y soberanía de Nicaragua, y que habían sido "deportados".
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, fue más precisa. Dijo que "quieren llamar deportación al exilio, lo cual es absolutamente arbitrario y está prohibido por las normas internacionales de derechos humanos".
Poco después, el Congreso de Nicaragua votó por unanimidad para despojar a los 222 de su ciudadanía. Luego, un juez de la corte de apelaciones declaró traidores a otros 94 disidentes nicaragüenses, y también fueron despojados de sus bienes y ciudadanía.
Entre este grupo se encuentran el destacado autor Sergio Ramírez, la destacada activista de derechos humanos Vilma Núñez y el obispo católico Silvio Báez.
Desde que estallaron manifestaciones callejeras masivas en Nicaragua en 2018 en protesta por el gobierno represivo de Daniel Ortega, su gobierno se ha esforzado por erradicar las voces e instituciones independientes.
La decisión de despojar de la nacionalidad o ciudadanía a los nicaragüenses, que pretenden ejercer sus derechos humanos fundamentales, para borrarlos y silenciarlos, es un acto deplorable.
Como dijo el secretario de Estado Blinken, "Aquellos que valientemente defiendan la democracia en Nicaragua siempre serán ciudadanos y patriotas".
Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo a los periodistas: "Nos mantenemos firmes en alentar medidas por parte del gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades civiles, especialmente a la luz de su decisión unilateral de liberar a los 222 presos políticos". Despojarlos de su ciudadanía, dijo, "es un paso en la dirección opuesta".