La secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, notificó este viernes la decisión en una carta enviada a Ignacio J. Álvarez, representante de Luisa Ortega Díaz en el procedimiento de las medidas cautelares.
La Comisión solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para "garantizar la vida e integridad personal de la señora Luisa Ortega Díaz y su núcleo familiar, para que pueda desarrollar sus funciones como Fiscal General de la República de Venezuela sin ser objeto de amenazas, estigmatizaciones, hostigamientos o actos de violencia", según la misiva a la que tuvo acceso The Associated Press.
Álvarez dijo a la AP que "las medidas cautelares dictadas por la CIDH en favor de la Fiscal General, en el contexto actual, son fundamentales para tratar de preservar el importante rol que ella está ejerciendo en favor de los derechos humanos y de lo que resta de democracia en Venezuela".
El agente del Estado venezolano ante el sistema internacional de derechos humanos, Lerry Devoe, abogó el mes pasado para que la CIDH no otorgara la medida cautelar, alegando que el trámite solo busca “obtener réditos políticos en el marco del debate democrático que se vive en el país”.
La CIDH comunicó su decisión de otorgar la protección horas después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro instaurara este viernes una Asamblea Constituyente integrada por sus partidarios desafiando un creciente rechazo internacional.
Al designar a la directiva de la Constituyente, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo hoy que una de las primeras tareas de ese organismo será confrontar a Ortega Díaz, quien simpatizaba con el gobierno pero rompió recientemente con Maduro.
Ortega expresó el mes pasado a la CIDH su temor de que en su despacho pudiera repetirse un ataque como el ocurrido a comienzos de julio cuando unos 200 presuntos simpatizantes del gobierno venezolano tomaron por la fuerza la Asamblea Nacional y atacaron con tubos y objetos contundentes a congresistas y empleados.
La Comisión, que mantiene a Venezuela desde 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial, tiene la facultad de solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.
Ortega se enfrentó al gobierno al rechazar el proceso de reforma de la constitución y solicitó por primera vez protección a la CIDH el 30 de junio, poco después que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera la salida del país y congelara sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso en su contra que podría provocar su enjuiciamiento y destitución.
(Con información de AP)
