El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, publicó el miércoles un informe que considera “vergonzosos” a 38 estados, entre ellos Cuba, China y Rusia, que dice han reprimido o intimidado mediante asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias a personas que cooperan con el organismo en materia de derechos humanos.
El informe anual del jefe de la ONU también incluyó denuncias de prohibiciones de viaje, malos tratos, vigilancia, criminalización y campañas públicas de estigmatización contra víctimas de abusos y defensores de los derechos humanos.
“El mundo tiene una deuda con aquellas personas valientes que defienden los derechos humanos, que han respondido a las solicitudes de proporcionar información e involucrarse con las Naciones Unidas, para garantizar que se respete su derecho de participación”, escribió Guterres.
“Castigar a individuos por cooperar con las Naciones Unidas es una práctica vergonzosa y todos debemos hacer más por erradicarla”.
Señaló que los gobiernos a menudo acusan a activistas de derechos humanos de terrorismo, o de cooperar con entidades extranjeras, o de perjudicar la reputación o la seguridad del Estado.
“(Hay una) inquietante tendencia al uso de argumentos de seguridad nacional y estrategias antiterroristas por parte de los Estados, como justificación para bloquear el acceso de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil a las Naciones Unidas”, apunta el reporte.
Los 38 países incluyen a 29 con casos nuevos y 19 con casos en curso o reiterados.
Los nuevos casos se dieron en Bahrein, Camerún, China, Colombia, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, Guatemala, Guyana, Honduras, Hungría, India, Israel, Kirguistán, Maldivas, Mali, Marruecos, Myanmar, Filipinas, Federación de Rusia , Ruanda, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Turkmenistán y Venezuela.
El documento toma nota de mujeres que cooperan con la ONU y han denunciado amenazas de violación y cibercampañas de desprestigio contra ellas, así como de trabajadores de la ONU que a menudo se encuentran con personas demasiado temerosas para hablar con ellos, incluso en las sedes de Nueva York y Ginebra.
El subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, quien presentará el informe al Consejo de Derechos Humanos la semana próxima, dijo en un comunicado que los casos recogidos en el informe son solo la punta del iceberg.
El caso cubano
El informe de Guterres señala que el 11 de mayo de 2018, el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, declaró que el organismo había recibido informes preocupantes de que las autoridades cubanas habían impedido que defensores de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil embarcaran en vuelos para viajar a reuniones en el extranjero, incluidas reuniones de las Naciones Unidas.
Entre estos casos figuraban 14 cubanos a los que los funcionarios habían informado de que el sistema informático requería un control adicional. Estas medidas hicieron que los pasajeros perdiesen sus vuelos y, por lo tanto, no pudiesen asistir a las reuniones.
El portavoz pidió a las autoridades cubanas que respetaran el derecho de todos a las libertades de expresión y circulación, y que garantizaran que a los defensores de derechos humanos y los representantes de la sociedad civil no se les prive injustificadamente de la posibilidad de viajar, incluidos los que planeaban estar presentes durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba el pasado 16 de mayo de 2018 en Ginebra.
Algunos de los casos que recoge el informe de activistas cubanos que vieron denegados u obstruidos sus viajes, bien para tomar parte en el EPU o después de haber participado en eventos de la ONU, fueron los de José Ernesto Morales Estrada (Consejería Jurídica e Instrucción Cívica), Dora L. Mesa (Asociación Cubana para el Desarrollo de la Educación Infantil), Juan Antonio Madrazo Luna y Marthadela Tamayo González (Comité Ciudadanos por la Integración Racial).
El reporte señala que a los activistas han sido además citados por las autoridades, informados de su prohibición de viajar, y amenazados concretamente por sus actividades de cooperación con las Naciones Unidas.
Precisa que durante el EPU de Cuba, en mayo de 2018, un Estado miembro recomendó que La Habana permitiera a los defensores de los derechos humanos y miembros de la sociedad civil en Cuba cooperar con las Naciones Unidas y sus mecanismos.
El Subsecretario General de Derechos Humanos había abordado esas alegaciones en una comunicación al Gobierno de Cuba el 11 de abril de 2018.
El 10 de mayo de 2018 el Gobierno respondió que las personas mencionadas en la misiva “no merecen ser categorizadas como 'defensores de los derechos humanos' debido a que reciben grandes sumas monetarias de parte de indebidas influencias extranjeras empeñadas en un cambio de régimen”.
El Gobierno afirmó que estos individuos deberían llamarse más apropiadamente 'agentes extranjeros', y rechazó categóricamente las acusaciones de represalias.
(Con información de Reuters e Informe del Secretario General sobre Cooperación con la ONU, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos)
