El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó este lunes de "inconcebible" que Cuba se postule al Consejo de Derechos Humanos "sin ratificar o respetar al menos 16 tratados internacionales".
Un informe jurídico enviado a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos cuestiona "la poca implicación jurídica" del Estado cubano en el Derecho Internacional y en su ordenamiento interno, según Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH.
Cires mencionó, sobre todo, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fueron firmados en 2008, "pero, transcurridos más de 12 años, el Estado cubano no ha procedido a ratificarlos, lo cual implicaría ajustar el ordenamiento interno [de la isla] a sus prerrogativas".
La lista de pactos y tratados que La Habana incumple o no ha ratificado incluye además a las convenciones relacionadas con la tortura, las desapariciones forzadas, la discriminación contra la mujer, los derechos del niño y las personas con discapacidad, entre otros, según el informe jurídico.
Por ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue ratificada por Cuba en 1995. "No obstante, 25 años después, La Habana no reconoce la competencia del Comité contra la Tortura, para recibir y examinar comunicaciones de otros Estados partes y posibles víctimas que aleguen incumplimientos o violaciones de la convención".
Esto significa, según Cires, que su ratificación fue "una mera formalidad", lo que "propicia la impunidad" del régimen cubano.
El OCDH considera "preocupante" que La Habana no haya ratificado la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.
"En consecuencia, el país no se encuentra comprometido a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), o cualquier otro organismo de Naciones Unidas", explica el documento.
Otros convenios no ratificados por La Habana son la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apátridas, la Convención Internacional de 1990 sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares o el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En cuanto a la legislación nacional, el OCDH recuerda que la propia Constitución de la República prima sobre los tratados internacionales. Además señala la falta de independencia del poder judicial, supeditado al Partido Comunista, un código penal que establece "medidas predelictivas", así como leyes y decretos que limitan la libertad de opinión, expresión, reunión, manifestación y asociación.
