Derechos Humanos
Nos niegan el derecho a salir del país con posibilidad de retorno, denuncia activista cubana
El Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR) impulsa una campaña de denuncia contra la prohibición de salida del país que las autoridades cubanas imponen a miembros de la sociedad civil independiente, conocida como regulación.
La activista Marthadela Tamayo en declaraciones desde La Habana a la revista Martí Noticias AM dijo que a ella y a otros activistas “les impiden salir de la isla con derecho al retorno".
"Hace cinco años que estamos en esta situación", apuntó,
“Hemos estado hablando de "regulados" porque es el eufemismo que el Estado, la Seguridad del Estado cubana les coloca a los activistas, artistas, que trabajamos los derechos humanos en la isla”, agregó.
“Esta denuncia de la regulación se realizó en el Examen Periódico Universal (EPU) en el año 2018 y en el escrutinio a Cuba en la sesión de este 2023 salió a relucir de nuevo esta imposibilidad de movimiento como una falta grave de derechos humanos y libertades en la Isla”, destacó la activista.
El Decreto Ley 302 de 2013 en su Artículo 23 regula los permisos para viajar al extranjero por motivos personales a ciudadanos sujetos a proceso penal, con una sanción pendiente o responsabilidad civil, los que deban pasar el Servicio Militar, aquellos que sean de interés para preservar la fuerza de trabajo calificada o “cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen”. Este último, es el que se aplica a los activistas y periodistas que desean por razones de trabajo o personales salir al exterior.
“A los activistas les impiden salir para participar en eventos, fórums, con la posibilidad de retornar a Cuba, siempre hemos dejado claro que no deseamos exiliarnos en ningún país”, explicó aclarando que no solo se trata de la movilidad para salir al exterior sino las restricciones para trasladarse dentro del país con la finalidad de establecer contactos con activistas de otras provincias.
La activista enfatiza en que “las recomendaciones a Cuba, en materia de derechos humanos, por parte de 144 Estados en el Examen Periódico Universal refleja una vez más el panorama complejo que se vive dentro del país”.
“Lo que existe hoy en Cuba en materia de falta de derechos humanos coincide con la voz de la comunidad internacional y los activistas exiliados”, consideró.
“Hay una realidad en materia de los presos políticos, en la libertad de expresión, de movimiento, la violencia de género, intrafamiliar y estructural, unido a un racismo sistémico, una discriminación racial que va más allá de la discriminación por motivos culturales que el régimen siempre ha tratado de disfrazar”, denunció.
El Instituto sobre la Raza, Igualdad y derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó testimonios de seis defensores de derechos humanos en Cuba que han sido etiquetados por el régimen bajo el término de regulados: la coordinadora de la Red de Líderes y Lideresas de Cuba (RELLIC), María Elena Mir Marrero; el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa; Osvaldo Navarro, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR); Marthadela Tamayo; y al coordinador Nacional del CIR, Juan Antonio Madrazo Luna.
"Ellas y ellos intentaban salir del país para denunciar la grave crisis social, política, económica y de derechos que se registra en este país, y que ha empeorado en los últimos años", indicó el reporte publicado en octubre por esa entidad.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial también desarrolla la jornada: Todos los derechos, todas las personas, que “busca visibilizar, focalizar y dialogar sobre la violencia latente que existe en Cuba. Es un foro donde se han unido varias organizaciones de la sociedad civil en Cuba y que se extenderá hasta el próximo 10 de diciembre”, concluyó la activista.
Vea todas las noticias de hoy
Preso político en estado grave por una isquemia cerebral
Carlos Manuel Pupo Rodríguez, encarcelado por manifestarse del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, tuvo que ser internado de emergencia en el hospital de Artemisa, donde tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior.
El preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 70 años, está ingresado en el Hospital General Comandante Ciro Redondo, de Artemisa, tras sufrir, el pasado sábado, una isquemia cerebral, confirmó a Martí Noticias, su esposa Janet Bulnes.
“Una isquemia en desarrollo. Le están administrando medicamentos para su mejoría y que no le repita. El médico que pasó visita me dijo que le hicieron un TAC (Tomografía Axial Computarizada) y arrojó eso, una isquemia. Me dijo que hay lesiones en el cerebro”, declaró Bulnes, a quien le permitieron cuidar del enfermo, reportado en estado grave.
“Fue por una subida de presión. Yo no hacía ni cinco días que le había llevado medicamentos para la presión y para la diabetes”, explicó la mujer.
Pupo Rodríguez, manifestante del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, padece diabetes e hipertensión arterial. Días antes había sufrido una caída en el correccional con internamiento Ceiba 5 donde estaba recluido, luego de que las autoridades de ejecución le aprobaran el tránsito a un régimen de menor severidad.
La esposa relató que Pupo tiene el lado derecho del cuerpo afectado, con parálisis en el brazo y la pierna “y el lenguaje no se le entiende, no está articulado”.
Aunque el preso político no está internado en una sala penal porque el hospital artemiseño carece de este tipo de instalación, tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior (MININT).
“Ahora, hay un teniente coronel del MININT que está aquí constantemente, sentado al lado de nosotros”, indicó Bulnes.
“Yo estuve hablando con el militar que estaba [de guardia] por la mañana y me dice que ellos van a procesar una licencia extrapenal para presentarla al tribunal y el tribunal es el que decide. Después le pregunté al teniente coronel qué cree en este caso de la presentación de una extrapenal y me contestó que se la van a conceder, porque ‘en el estado que está ¿dónde lo van a tener?’. Él no puede caminar, no puede comer, hay que darle la comida”, señaló.
La legislación cubana otorga a los tribunales la facultad para otorgar la licencia extrapenal durante el tiempo “que se considere necesario” y en casos de enfermedad o padecimientos que incapaciten al reo de forma temporal o definitivamente.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha emitido varias alertas acerca del estado de salud de Pupo Rodríguez, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI).
La organización ha destacado que, debido a sus enfermedades y a su edad, Pupo es uno de los presos políticos más vulnerables, cuestión que se agrava con la falta del acceso necesario a cuidados médicos especializados y a la administración puntual de los medicamentos que requiere.
Cubalex denuncia sanciones más severas para afrodescendientes acusados de sedición en protestas del 11J
Una organización no gubernamental analizó las condenas del 11J y detectó lo que podría ser un “un sesgo racial en la imposición de sanciones y un perfilamiento basado en lo que el Estado define como conductas desfavorables”.
Un informe de la ONG Cubalex que analiza la discriminación racial en las sentencias por sedición tras las protestas del 11J en Cuba, concluye que las personas afrodescendientes “reciben, en promedio, sanciones más largas”.
Hay un preocupante patrón de “sanciones más severas” para la comunidad negra. Esto podría indicar “un sesgo racial en la imposición de sanciones y un perfilamiento basado en lo que el Estado define como conductas desfavorables”, subraya el estudio publicado el 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes.
Las personas afrodescendientes reciben sanciones con una duración promedio de 13.63 años, frente a los 12.61 años para las personas no afrodescendientes, precisa el documento.
Cubalex explica que el Estado considera como “conductas desfavorables” la falta de participación en actividades políticas o comunitarias, la desvinculación laboral y la limitación de relaciones sociales.
“Este enfoque es injusto cuando no se garantiza acceso a trabajos dignos o educación”, dice la organización. “Penalizar la desvinculación laboral o la falta de participación en actividades políticas como conductas desfavorables afecta desproporcionadamente a las personas afrodescendientes, que enfrentan barreras estructurales en el acceso a empleo y educación”.
Además, las sanciones son más severas “para quienes tienen niveles educativos más bajos. La mayoría de las personas afrodescendientes solo cuentan con educación secundaria o preuniversitaria, lo que agrava otras formas de vulnerabilidad”.
El estudio añade que el uso de antecedentes penales para justificar sanciones más severas “perpetúa un ciclo de criminalización que afecta desproporcionadamente a los afrodescendientes, reforzando la desigualdad y la exclusión social”.
Otros estudios
Cubalex reveló en su informe correspondiente al mes de julio que las personas más vulnerables a la represión del régimen son los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad.
La organización, entre el 8 y el 12 de julio, documentó 160 hechos de hostigamiento.
"Las categorías de vulnerabilidad más recurrentes entre las víctimas son defensores de derechos humanos, personas privadas de libertad y afrodescendientes", indicó la ONG.
“Máxima severidad” son las palabras clave del sistema judicial de Cuba, país donde los juicios ejemplarizantes se han convertido en una nueva herramienta represiva, informó el 31 de agosto el diario independiente 14ymedio.
Por ejemplo, el 20 de agosto “se publicó información sobre cuatro juicios celebrados en el tribunal municipal de Songo-La Maya, en Santiago de Cuba. La prensa no reveló detalles sobre los casos, pero sí subrayó su carácter de advertencia”.
“Cuando hacemos juicios ejemplarizantes potenciamos la comunicación para que el mensaje que queremos transmitir llegue a determinados destinatarios”, dijo, por las claras, Geovanis Mestre, uno de los jueces del tribunal provincial santiaguero, entrevistado por Sierra Maestra. Es indispensable, argumentó, que los delincuentes se enteren de que las autoridades tienen a la ganadería en la mira y que los castigos serán severos, reporta 14ymedio.
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó la discriminación racial en Cuba, durante el 190 período de sesiones de la entidad adscrita a la OEA.
En la audiencia, María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó cuatro patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica; un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes; leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente para proteger a los afrodescendientes; y la criminalización y marginalización.
“Los afrodescendientes que representan un 9.3% de la población y los mestizos, el 26.6%, están sobrerrepresentados en el sistema carcelario y en las víctimas de la violencia policial”, dijo Matienzo.
En su informe anual del 2021, la Comisión Interamericana denunció que "persisten patrones discriminación racial en Cuba" y los afrodescendientes recibirían la mayor represión del régimen.
El organismo señaló que organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la desigualdad racial fue una de las razones desencadenantes para que empezaran las protestas históricas del 11 de julio del 2021.
Según el documento, 726 organizaciones han informado a la CIDH que agentes del castrismo aplicaron "prácticas de perfilado racial y uso excesivo de la fuerza" en contra de afrocubanos que se manifestaron en las protestas sociales y destacaron el caso de Diubis Laurencio Tejeda, afrodescendiente de 36 años, fallecido en el marco de las manifestaciones por un disparo de la policía.
Tras huelga de hambre, presa política logra que aminoren su castigo en la cárcel de Mayabeque
Yilian Oramas García inició una huelga de hambre el 13 de agosto cuando los mandos del penal le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase. La mujer está encarcelada a más de 250 km de distancia de su ciudad de residencia.
La presa política Yilian Oramas García abandonó este martes una huelga de hambre que llevaba desde hace varios días, luego de conseguir que las autoridades de la prisión "Cuba Panamá" para enfermos de VIH, cambiaran la medida punitiva de revocación del régimen de menor rigor a la suspensión de dos visitas a su hogar.
Oramas García inició su protesta el 13 de agosto cuando los mandos del penal ubicado en la provincia Mayabeque le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase a su vivienda situada en la ciudad de Santa Clara, a más de 250 kilómetros de la prisión donde está recluida.
“Ella estaba muy débil porque es diabética, le pusieron sueros en el hospitalito que tienen en la prisión. Ella levantó la huelga, pues el Jefe de Cárceles y Prisiones de Mayabeque [Yunior Lázaro Santana], en conjunto con la Seguridad del Estado, le quitaron la revocación que era por dos años y, en su lugar, le tumbaron dos pases. Con la dictadura no se gana, pero la revocación significaba que tenía que cumplir los tres años”, dijo a Martí Noticias, María Josefa Oramas, la madre de la reclusa.
De habérsele modificado el tipo de régimen en el que cumple su sentencia, Oramas García perdería, además, su derecho a la libertad anticipada y tendría que cumplir toda la pena que le resta tras las rejas.
La mujer de 43 años, cumple una sentencia de seis de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021 en la capital villaclareña. El tribunal la encontró culpable de los delitos de Atentado y Resistencia.
Yilian, su esposo el también preso político Geobel Manso y otras personas, protagonizaron una manifestación frente a la funeraria de la localidad, en la que exigieron que el gobierno tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos de Covid-19 y que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios.
Denuncian deterioro de la salud de preso político cubano: "Está muy mal"
Una fuente familiar de Loreto Hernández García, condenado por participar en las protestas populares del verano de 2021, alertó sobre varias complicaciones de salud del preso político.
El preso político Loreto Hernández García refleja un deterioro sostenido de su estado de salud mientras cumple sentencia en la Prisión de Hombres de Guamajal, en Villa Clara, alertó desde Placetas, su hija Rosabel Sánchez.
La fuente familiar explicó que el miércoles visitó en la cárcel a su padre y a su esposa, la también presa política Donaida Pérez Paseiro. Ambos fueron condenados por su participación en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 en Placetas y reconocidos por la organización Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia.
“En esta visita pudimos conversar, pudimos observar, pudimos visualizar nosotros mismos la situación que presenta mi padre de salud. Mi padre, cada vez que vamos a verlo, adelgaza más. A menudo le da un dolor en el lado izquierdo, un dolor que le coge el pulmón. Le está dando falta de aire, está descompensado con la diabetes (...) nos explica que en varias ocasiones tiene decaimiento, flojera. En cuanto a la salud, lo vimos que no ha mejorado nada, cada vez está peor, está muy mal”, dijo Sánchez.
Según refirió su hija, el preso político “se mantiene firme” en sus posturas políticas como opositor al régimen comunista.
“En varias ocasiones ya, la Seguridad del Estado se ha acercado a él y le ha propuesto acogerse a los beneficios para darle la mínima y pasarlo para el campamento para comenzar a darle pases y esas cosas y, tanto él como su esposa, se niegan a dichos beneficios”, aseguró Sánchez.
Loreto Hernández y su esposa, al momento de su detención en las protestas populares del verano de 2021, presidían la Asociación "Yorubas Libres de Cuba" y fueron sentenciados a siete y ocho años de cárcel respectivamente.
El caso del matrimonio opositor ha sido denunciado como una violación de la libertad religiosa en Cuba en varios informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de EEUU y por organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y Solidaridad Cristiana Internacional (CSW, por sus siglas en inglés).
También cinco relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas, vinculados a la libertad de religión o de creencias, la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y las cuestiones de las minorías; además del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, se han pronunciado sobre el encarcelamiento de estos opositores y la falta de atención médica para Hernández García.
(A partir de un reporte radial de Ivette Pacheco)
Madre de hermanos presos por la protesta de Caimanera denuncia abusos en la prisión de Guantánamo
Los cubanos condenados por la manifestación pacífica de Caimanera están sufriendo abusos en prisión por parte de los propios carceleros, denunció la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez.
En precarias condiciones y soportando abusos se encuentran los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez en la prisión provincial Combinado de Guantánamo, según constató la madre de estos presos políticos, Victoria Martínez Valdivia.
Ambos son parte del grupo de cinco personas condenadas en julio de 2024 por el Tribunal Municipal Popular de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, a penas de entre dos y ocho años de privación de libertad por -según la sentencia- gritar “frases ofensivas sobre el presidente de la República y autoridades del Gobierno local” y “provocar una aglomeración de personas en la vía pública”, en Caimanera, el 6 de mayo de 2023.
Ese día, cientos de personas salieron a la calle para demandar derechos y mejores condiciones de vida en una manifestación pacífica en la que se escucharon gritos de “Libertad”, “Patria y Vida” y “Vivan los derechos humanos”. Rápidamente, las autoridades interrumpieron el servicio de Internet en casi todo el país y familiares de los manifestantes denunciaron que estos fueron golpeados por las tropas especiales del ejército.
Entre los detenidos, Daniel Álvarez González y Alarcón Martínez, fueron sancionados a ocho y siete años de prisión, respectivamente; Freddy Sarquiz González, a cinco años; Rodolfo Álvarez González, a cuatro años; y Correa Martínez, a dos años.
La señora dijo a Martí Noticias que visitó este martes a sus dos hijos en la mayor cárcel de la provincia de Guantánamo.
En el caso de Felipe Octavio, quien sufre de discapacidad intelectual, está haciéndole mucho rechazo a esa prisión, dijo su madre.
“Felipe sigue con un estado de depresión, llorando. La situación está bien fuerte, han pasado muchas cosas y él está alterado de los nervios. Él tiene un retraso mental y convulsiones”, explicó.
Mientras que Luis Miguel, condenado a siete años de prisión, está siendo acosado por su posición política y además tiene que proteger a su hermano enfermo, señaló su madre.
“Luis Miguel se mantiene todo el tiempo protegiendo al hermano y tratando de evitar los problemas allí en ese lugar porque hay abuso, tanto de presos comunes como de los mismos guardias que están cuidándolos a ellos allá dentro. Están abusando de los mismos presos y los ofenden y provocan para que el preso se altere y darle a golpes”, aseguró Martínez Valdivia.
La madre de los presos políticos denunció además la precaria alimentación y la falta de medicamentos para hacer frente a las múltiples enfermedades que sufren los reos en esa cárcel.
“No comen lo suficiente, se mantienen los brotes de enfermedades, primeramente está la plaga de las chinches, y está el dengue por la falta de higiene", indicó.
En julio, los familiares de los condenados por participar en la manifestación apelaron la condena.
Desde entonces no han sabido “nada nuevo”.
“Fui a la Fiscalía Provincial y me quejé, pero dicen que hay que seguir esperando”, declaró Martínez Valdivia.
Foro