La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, denunció la "intensificación" del estado de excepción de facto en Nicaragua, de cara a los comicios de noviembre próximo.
Urrejola destacó que en Nicaragua se está produciendo un "cierre de los espacios democráticos bajo la estrategia que busca impedir e inhibir cualquier manifestación contraria al gobierno" del presidente Daniel Ortega.
La responsable de la CIDH apuntó que recientemente se ha recrudecido la persecución penal de líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y periodistas en ese país.
Recordó que en los últimos 20 días 5 precandidatos opositores a la Presidencia han sido "detenidos y criminalizados": Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora. Entre otros.
En ese mismo lapso, la CIDH ha tenido conocimiento del arresto de al menos 20 dirigentes opositores y empresariales, así como de activistas de derechos humanos y periodistas.
Urrejola detalló que algunas de esas detenciones fueron llevadas a cabo con un "uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional", y que en la mayoría de los casos se allanaron domicilios sin órdenes judiciales.
Puntualizó, además, que gran parte de los detenidos, salvo Cristiana Chamorro, están siendo investigados bajo "la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz", que sanciona actos como traición a la patria, pero que no establece tipos penales en concreto.
Asimismo, denunció que el Estado nicaragüense no está garantizando a los detenidos el derecho a una defensa legal adecuada, ya que restringe el acceso a abogados y les está asignando uno de oficio.
La mayoría de los arrestados se encuentran incomunicados y la CIDH ha recibido información de la celebración de "audiencias secretas sin representación legal" desarrolladas en instalaciones que no son juzgados ni sedes de tribunales en Managua.
Según Urrejola, sus familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de información sobre el paradero de los detenidos y su estado de salud.
"Actualmente, más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria", advirtió Urrejola.
El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó el informe, que calificó de "falaz y malintencionado". "Condenamos la manipulación e instrumentalización de este organismo (la CIDH), que está siendo utilizado como punta de lanza del Gobierno de EE.UU. en su guerra de agresión contra Nicaragua y su descarada injerencia en elecciones", subrayó Alvarado.
Alvarado también criticó a los Gobiernos de Chile, Costa Rica, Canadá y Uruguay después de que sus representantes criticaran al régimen de Ortega.
[Con información de la agencia EFE y reporte radial de Jorge Orellana para Radio Martí]
