América Latina
Nicaragua reforma su Código Penal para permitir juicios y confiscación de bienes extraterritoriales
La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista, aprobó una modificación al Código Penal para permitir juicios y confiscación de bienes de personas u organizaciones, incluso si están fuera del país.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobernante Frente Sandinista, aprobó el martes una reforma al Código Penal que permite enjuiciar y confiscar los bienes de personas u organismos nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido delitos contra el Estado aún cuando se encuentren fuera del territorio nacional.
La iniciativa, enviada al Congreso unicameral por el presidente Daniel Ortega, fue aprobada en el plenario de forma unánime por 88 votos.
Estos cambios permitirán al gobierno de Ortega enjuiciar a nicaragüenses que no se encuentren en el país, incluyendo opositores exiliados o desterrados, y sentenciarlos con multas, confiscación de bienes y penas que van de seis meses a 30 años de cárcel, así como con la prisión perpetua en caso de delitos considerados graves.
Para el abogado nicaragüense Uriel Pineda, consultado por AP, el gobierno de Daniel Ortega busca con esta medida “legalizar las arbitrariedades que ya venía cometiendo, como la confiscación de propiedades” y, a la vez, “reforzar la estructura de represión, dándole un marco jurídico”.
En cambio, la diputada sandinista María Auxiliadora Martínez defendió que con la reforma “se está garantizando un sistema de normas coherentes” mediante “nuevos tipos penales que permitirán robustecer el sistema jurídico del país”.
Su colega del mismo partido, Edwin Castro, señaló que a partir de ahora “se autoriza el decomiso de los bienes de personas naturales o jurídicas”, nacionales o extranjeras, para “resarcir a la sociedad por el delito cometido”.
Con la reforma se modifican 27 artículos del Código Penal vigente, siendo el primero el referido al “principio de universalidad”, que establece que las leyes penales locales serán también aplicables a los nacionales o extranjeros que hayan cometido delitos fuera del territorio nicaragüense.
Al incluir a extranjeros como sujetos de juicio y cárcel, el gobierno podría procesar a más de 300 opositores nicaragüenses que en 2023 fueron despojados de su nacionalidad y han adoptado otras como la española, entre ellos, líderes políticos, conocidos intelectuales, artistas y defensores de derechos humanos.
Entre las 23 figuras penales establecidas figuran delitos contra el Estado, lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento, tráfico de drogas, de armas, de migrantes y de órganos humanos, así como delitos contra la administración pública, comercio de esclavos, falsificación de moneda, crimen organizado, delitos sexuales y ciberdelitos.
Según la reforma, las penas por esos delitos van desde multas, decomiso de bienes o activos y encarcelamiento.
La reforma sanciona también a quien en Nicaragua o desde el exterior “promueva, solicite o gestione sanciones o bloqueos económicos, comerciales y financieros” contra el Estado, sus negocios o sus funcionarios, para lo cual se impondrán penas de 10 a 15 años de prisión.
Este delito se castigará además con “la inhabilitación y la confiscación de bienes o activos delictivos o bienes de valor equivalentes”. Las penas aumentan hasta 30 años de cárcel para quien “incite, promueva, induzca, facilite o realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua”, delito por el que ya han sido juzgados cientos de opositores.
El mismo martes, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó en un informe sobre “el grave deterioro” de las libertades fundamentales en Nicaragua, donde el gobierno sigue “persiguiendo no solo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control”.
Indicó que, en mayo pasado, 131 personas “consideradas como opositoras se encontraban bajo detención arbitraria” y que, de ellas, al menos 12 han sufrido “tortura y malos tratos en detención”. Entre los detenidos figuraban 27 sacerdotes católicos, que fueron posteriormente expulsados al Vaticano.
Durante la presentación del informe en Ginebra, el portavoz de ese organismo, Thameen Al-Kheetan, se refirió a la reforma al Código Penal y dijo que esta “agravará la situación” de miles de nicaragüenses exiliados. “Si esta ley se adopta se criminalizará más la disidencia, incluso en el caso de los que están exiliados y que enfrentan grandes dificultades”, advirtió horas antes de que la reforma fuese aprobada en Managua.
Con el nuevo texto penal, también se autoriza la intervención judicial y financiera de las empresas que hayan incurrido en delitos, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias y la disolución total del negocio.
La reforma establece penas de uno a tres años de cárcel para el delito de “entorpecimiento de servicios públicos” y de tres a seis años en casos de “alteración del orden público”, como realización de protestas y manifestaciones, prohibidas en el país desde 2018.
El abogado Pineda consideró además que el cambio legislativo pretende “intimidar y disuadir de cualquier acción contra el régimen dentro o fuera de Nicaragua”, a fin de evitar “un posible estallido social” similar al ocurrido en 2018.
Pineda, quien también está exiliado y fue uno de los 316 nicaragüenses despojados de su nacionalidad en 2023, planteó que la reforma es “una reacción al proceso penal” que un grupo de abogados argentinos impulsan contra Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y varios funcionarios de su círculo más cercano, a quienes pretenden juzgar por crímenes de lesa humanidad y para quienes días atrás solicitaron que se emita una orden de captura internacional.
Nicaragua atraviesa una grave crisis sociopolítica a raíz de las protestas sociales que estallaron en 2018 y que fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares. La represión dejó al menos 355 muertos, 2.000 heridos, más de 1.600 detenidos y unos 100.000 exiliados.
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Díaz-Canel se solidariza con Petro ante supuestos "intentos golpistas" en Colombia
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que los presuntos planes para desestabilizar Colombia son parte de la "arremetida derechista contra los gobiernos progresistas de la región".
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó el sábado su "apoyo y solidaridad" al presidente colombiano Gustavo Petro ante lo que calificó de "intentos golpistas" para derrocar su gobierno.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia investiga a Petro por una presunta violación de topes en su financiamiento de campaña. Petro denunció la semana pasada que la autoridad electoral prepara el terreno para su suspensión, y alegó que la investigación se inició 30 días después de los comicios, fuera del tiempo establecido para que indagara si hubo o no irregularidades durante la campaña.
"Los planes para desestabilizar #Colombia, son parte de la arremetida derechista contra los gobiernos progresistas de la región", escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se sumó a las expresiones de apoyo de Díaz-Canel, con un mensaje en X en el que manifiesta toda su "solidaridad" al mandatario colombiano "frente a las maniobras que pretenden destituirlo mediante un Golpe de Estado".
El mismo Petro ha denunciado la investigación como un intento de "golpe" de Estado, argumentando que, según la constitución, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la única facultada para iniciar una investigación en su contra.
“Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de Estado... ¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de Estado contra el presidente”, escribió la semana pasada en su cuenta de X.
Pero el Consejo de Estado, en una consulta sobre el caso, espaldó al CNE y dijo que este sí está facultado para revisar las presuntas irregularidades en la campaña de Petro por la presidencia.
La investigación conducida por el CNE, dirigida por el magistrado del Partido Liberal Benjamín Ortiz y del uribista Centro Democrático Álvaro Hernán, concluyó que la campaña de Petro sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos (alrededor de 1,27 millones de dólares) y que recibió aportes de personas jurídicas, algo prohibido explícitamente por la ley electoral, reportó la semana pasada la agencia de noticias EFE.
Petro ha dicho que fue despojado de su fuero por "tres magistrados que rompieron las sentencias constitucionales sobre fuero presidencial y conflicto de competencias", y que ahora el CNE, "con mayoría política de quienes derrotamos en las elecciones", se dispone a juzgar al presidente.
En respuesta este sábado a un post en la red social del empresario Luis Ernesto Gómez, el mandatario colombiano insistió en que el CNE no solo investiga su campaña, sino a él, "el presidente".
Gómez instó a Petro a seguir los canales adecuados para protestar la decisión del CNE de abrir la investigación en su contra.
"Si el CNE cometiera un desafuero, puede ud demandar la decisión ante el Consejo de Estado. Ese mismo Consejo de Estado que amparó sus derechos, declarando ilegal la destitución hecha por el exprocurador Ordóñez, cuando Ud era Alcalde de Bogotá", escribió.
El empresario colombiano recomendó al mandatario ejercer su defensa ante el Congreso de la República, como ya lo hace con otras denuncias en su contra.
Gobierno de Venezuela denuncia supuesto plan para matar a Maduro y arresta a seis extranjeros
Entre los capturados figuran tres estadounidenses, dos españoles y un checo, informó a la prensa el ministro de Relaciones Interiores de Maduro, Diosdado Cabello.
CARACAS (AP) — El gobierno venezolano denunció el sábado un supuesto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de Estado y aseguró que detuvo a 14 personas, entre ellas a seis extranjeros, que estarían relacionadas con el presunto complot.
El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, afirmó en rueda de prensa que luego de un trabajo de inteligencia y rastreo también se decomisaron 400 fusiles y pistolas, armamento que según el funcionario sería utilizado para provocar actos violentos en territorio venezolano.
Cabello dijo que entre los capturados figuran tres estadounidenses, dos españoles y un checo. Entre los estadounidenses, mencionó a un hombre al que identificó como Joseph Castañeda Gómez, quien según dijo es miembro de la Armada estadounidense y a quien acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
“El gobierno de los Estados Unidos no está ajeno a esta operación", acotó, y agregó que detrás de ella está un personaje “nefasto del tráfico de armas” al que identificó como Iván Simonovis.
En 2002, Simonovis —entonces jefe de seguridad ciudadana de Caracas— fue encarcelado por lo que, según él, fueron acusaciones falsas de ordenarle a la policía que disparara contra manifestantes progubernamentales que habían salido a las calles para defender Hugo Chávez durante un breve golpe de Estado. Diecinueve personas murieron a raíz del tiroteo en un paso elevado en el centro de Caracas. Simonovis huyó en 2019.
Cabello aseveró que detrás de la operación se encuentran agencias de inteligencia de Estados Unidos y España.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró a The Associated Press en un correo electrónico que las acusaciones de ser parte de un complot para derrocar a Maduro “son categóricamente falsas” y agregó que su gobierno está a favor de una solución democrática a la crisis política en la nación sudamericana.
Adicionalmente, Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Estados Unidos sigue de cerca la situación, añadió.
La embajada de España en Caracas no respondió de inmediato a un email de la AP en busca de comentarios.
El mandatario venezolano y sus aliados han acusado en numerosas oportunidades a Estados Unidos de promover supuestas conspiraciones y atentados contra el gobierno del país sudamericano, algo que ha sido rechazado por las autoridades estadounidenses. Caracas rompió relaciones con Estados Unidos en 2019.
En septiembre del 2020, el presidente Maduro anunció que había tomado la decisión de impulsar un amplio plan de seguridad con miras a frustrar una supuesta trama desestabilizadora orquestada por Washington y que, según el gobernante, salió a la luz luego de la captura de un presunto espía que estaría vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).
El gobierno de Maduro elevó recientemente la tensión con España, país que acogió al excandidato presidencial Edmundo González tras el otorgamiento de asilo político. La oposición sostiene que González se impuso de forma contundente en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El canciller venezolano Yvan Gil advirtió el viernes que Caracas no permitirá “ninguna acción injerencista” luego de que la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, calificó al gobierno de Maduro como una “dictadura”.
Tras su arribo a Madrid, González ha mantenido reuniones con líderes españoles que le han expresado su respaldo. La comunidad internacional ha cuestionado los resultados oficiales de los comicios que dieron la victoria a Maduro para un tercer mandato.
EEUU advierte a Maduro de más acciones si no publica actas electorales
Un día después de sancionar a 16 funcionarios chavistas, la Casa Blanca advirtió al gobierno de Venezuela que si no "hace lo correcto" y publica las actas de los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, tomará acciones adicionales.
Estados Unidos advirtió este viernes al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de decisiones adicionales si no "hace lo correcto" y publica las actas detalladas de los resultados de las votaciones del 28 de julio, un día después de sancionar a 16 funcionarios chavistas.
"Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro", dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa telefónica.
El funcionario agregó que Maduro "tiene opciones y decisiones que sólo él puede tomar" y "la primera decisión que debe tomar es publicar todos los datos y resultados electorales para que el mundo pueda ver cómo se desarrollaron esas elecciones y cómo y hasta qué punto se cumplió realmente la voluntad del pueblo venezolano”.
"La decisión más importante en este momento para él es si va a hacer lo correcto para el pueblo venezolano. Él tiene que tomar esa decisión. Y si no lo hace, tendremos que tomar algunas decisiones adicionales por nuestra cuenta", agregó Kirby.
El jueves, Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Nacional, por "obstruir proceso electoral presidencial" venezolano.
Entre los sancionados están a presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio.
Del mismo modo, el Departamento de Estado prohibió la entrada al país de "funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de los actos de represión".
Reacciones en Venezuela
Ya más temprano, funcionarios de la Corte Suprema y el Poder electoral de Venezuela habían repudiado estas sanciones.
“No vamos a doblegarnos ante ellos”, dijo la presidenta de la Corte Suprema de Venezuela, Caryslia Rodríguez, en la lista de los nuevos sancionados por Estados Unidos, que tildó como “una nueva acción colonialista”.
El CNE también sacó un comunicado rechazando lo que consideró es un “infame acto de injerencia cometido por el gobierno de Estados Unidos”.
“Se intenta señalar y amedrentar a un conjunto de servidores públicos venezolanos, entre ellos la rectora del Consejo Nacional Electoral, Rosalba Gil Pacheco y su secretario Antonio José Meneses Rodríguez”.
En el comunicado, el CNE exige a Estados Unidos no “involucrarse en asuntos internos” del organismo.
"No somos chantajeables, ni nos dejamos intimidar por la lacra imperial", expresó por su parte la Fuerza Armada, en un comunicado leído en la televisión estatal por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acompañado por el alto mando militar.
Se forma la tormenta tropical Gordon en el océano Atlántico
La tormenta tropical Gordon se formó en el océano Atlántico. Se espera que se fortalezca ligeramente antes de debilitarse a partir del fin de semana, a medida que gira hacia el noroeste.
La tormenta tropical Gordon se formó el viernes en el océano Atlántico y los meteorólogos dijeron que se espera que permanezca sobre aguas abiertas durante varios días.
La tarde del viernes la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 40 mph (65 kph) y estaba ubicada a unas 990 millas (1.590 kilómetros) de las islas de Cabo Verde, moviéndose al oeste-noroeste a 12 mph (19 kph), según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.
Gordon se formó durante el pico de la temporada de huracanes del Atlántico que comenzó el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Es la séptima tormenta con nombre de la temporada.
Se espera que Gordon se fortalezca ligeramente antes de debilitarse a partir del sábado a medida que gira hacia el noroeste, dijeron los meteorólogos.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha pronosticado una temporada de huracanes del Atlántico superior a la media este año debido a las temperaturas cálidas récord del océano. Pronosticó entre 17 y 25 tormentas con nombre, con cuatro a siete huracanes importantes de categoría 3 o superior.
Choque entre la policía de fronteras de Panamá y grupos armados deja dos muertos cerca del Darién
La policía de fronteras de Panamá informó de la muerte de dos presuntos delincuentes en enfrentamientos armados en una zona de paso de migrantes cerca del Darién, tras recibir información por parte un grupo de migrantes de que le fueron robadas sus pertenencias.
La policía de fronteras de Panamá informó el jueves de la muerte de dos presuntos delincuentes en dos enfrentamientos armados consecutivos en una zona de paso de migrantes cercana a la selva del Darién, una ruta que ha registrado cifras récord movilización de personas en los últimos años y donde se ha incrementado la inseguridad.
El choque entre uniformados y los armados se produjo el miércoles, según un comunicado del Servicio Nacional de Fronteras, tras recibir información por parte un grupo de migrantes "a los que le fueron robadas sus pertenencias”. Al recibir la voz de alto de la policía de fronteras, un grupo de personas armadas abrió fuego.
Resultó “neutralizado uno de los delincuentes”, un hombre que portaba un rifle calibre .22 con cañón recortado, indicó el comunicado. El segundo muerto fue resultado de un enfrentamiento posterior, al acudir a la voz de auxilio en un punto cercano, a un kilómetro del primer incidente. Según la policía, llevaba una escopeta calibre 16.
Los enfrentamientos ocurrieron en un corredor humanitario, aproximadamente a cinco kilómetros de Tres Bocas, una zona de confluencia de migrantes en la peligrosa selva del Darién. Por esa jungla, han pasado entre enero y agosto, más 236.000 migrantes. En el mismo periodo de 2023, la atravesaron más de 324.000 personas. Ese año, Panamá reportó una cifra récord de desplazamientos con más de medio millón de personas.
Ante esa situación, el nuevo gobierno de Panamá, con la llegada al poder en julio pasado de José Raúl Mulino, planteó una política de mayor control y endurecimiento de medidas contra el flujo irregular de migrantes. En lo que va de mandato, Panamá ha realizado seis vuelos de repatriación hacia Colombia, Ecuador e India bajo un acuerdo firmado con Estados Unidos.
Organizaciones humanitarias que trabajan en la zona para atender a los migrantes han denunciado en los últimos meses un aumento de la inseguridad contra los extranjeros.
No es la primera vez que un enfrentamiento entre uniformados y personas armadas deja víctimas. Al menos en mayo de 2023, otro choque con la policía se saldó con tres muertos.
El levantamiento de los dos cadáveres que dejó el operativo del miércoles se realizará en las próximas horas por personal del Ministerio Público, de acuerdo con la policía de fronteras. También se dará atención a "otras víctimas rescatadas”, señalaron las autoridades sin dar mayores detalles de si había heridos u otro tipo de afectados.
![La fábrica de General Motors en Quito, Ecuador cerrará su producción el viernes 6 de septiembre del 2024, en medio de la presión de los competidores locales. [Foto: Néstor Aguilera/VOA]](https://gdb.martinoticias.com/918bcd36-4fb1-411f-90a2-7e4d7077cddc_w100_r1.png)
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