Estimaciones de la organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) cifran en cinco mil las personas detenidas en la isla tras las históricas protestas del 11 de julio. Del total, más de 1.500 habrían recibido “autos de limitación de libertad o sentencias judiciales”.
“Hemos podido establecer esas cifras en base a testimonios tabulados de más de 130 personas en Cuba. Esto ha permitido conocer cuántas había detenidas en cada provincia y hallar una cifra mínima real de detenciones ilegales y arbitrarias”, explicó Javier Larrondo, presidente de CPD.
La estimación se basa en un estudio con detenidos en los centros de reclusión del Ministerio de Interior, realizado entre más de un centenar de personas con las que CPD dijo haber mantenido “entrevistas sobre las detenciones que presenciaron físicamente y que han podido enumerar mientras estaban detenidos”.
CPD aclara que las cifras “son un conteo de personas, y no un reporte de nombres y apellidos de detenidos”, porque “sería imposible obtenerlos”. El mencionado estudio “también lleva aparejada la extrapolación en función del número de centros de detención de cada localidad donde acontecieron las protestas”.
“Todo ello lleva a un estudio realista pero aproximado del número de detenidos en la isla en el contexto de las protestas”, precisó Larrondo.
La denuncia también asegura que “el hacinamiento en los centros de detención ha propagado el Covid-19 entre los detenidos, hasta extremos que pueden calificarse como un crimen contra la salud pública”.
“Celdas que estaban destinadas para cuatro o cinco personas, han sido usadas para alojar a decenas, pecho con espalda, provocando un contagio comunitario por toda Cuba en cuestión de pocas semanas”, detalló Larrondo en declaraciones a Radio Televisión Martí.
El informe denuncia que al menos el 85% de los juicios se han celebrado de forma sumaria. En particular, según la misma fuente, “ha tenido predominancia el Proceso Sumario por Atestado Directo, donde los acusados fueron llevados a juicio, sin necesidad de fiscal ni de abogado”.
Por tanto, según Larrondo, la represión contra las protestas ha elevado el número de presos políticos en Cuba: “Se ha conseguido verificar 381 casos de prisión política y de conciencia en Cuba, lo que supone que en los últimos doce meses hayan estado en prisión 439 personas por motivos políticos”.
Sin embargo, la organización alerta de la imposibilidad de conocer y verificar los más de 1.500 casos de prisión política “por motivos obvios”.
“Este proceso del 11J ha afectado, sobre todo, a personas humildes de la población, que no tienen comunicación con el exterior. Muchos no tienen internet y algunos ni siquiera teléfono. Gente humilde, que además está siendo amenazada para que no hable, o las consecuencias serán peores para sus allegados”, puntualizó Larrondo.
En su informe, Cuban Prisoners Defenders critica el silencio de la Unión Europea y agradece el papel de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
