El autoproclamado gobierno socialista de Venezuela enfrenta un serio desafío electoral en unos comicios presidenciales por primera vez en décadas.

El presidente Nicolás Maduro, ahora en su 11mo año en el cargo, es desafiado por el exdiplomático Edmundo González Urrutia, que lidera una oposición renaciente, así como por otros ocho candidatos. El período oficial de campaña para las elecciones del 28 de julio inició el jueves.

Maduro, que ha presidido un colapso económico que ha causado la emigración de millones de personas, y su Partido Socialista Unido de Venezuela han evadido los desafíos al excluir a sus rivales de las elecciones y acusarlos de ser elitistas desconectados de las mayorías y aliados con potencias extranjeras.

Esta vez prometió permitir que la coalición opositora Plataforma Unitaria participara en las elecciones, en un acuerdo que brindó a su gobierno cierto alivio de las paralizantes sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, ese respiro duró poco, ya que Washington volvió a imponer sanciones a raíz de las crecientes medidas gubernamentales contra la oposición, incluido el bloqueo de la candidatura de la influyente opositora María Corina Machado.

A continuación ofrecemos detalles sobre las próximas elecciones presidenciales de Venezuela.

¿Quién es el candidato de la oposición?

El nombre más sonado en la contienda no está en la boleta electoral: María Corina Machado, exlegisladora, se convirtió en una estrella de la oposición en 2023, llenando el vacío dejado cuando una generación anterior de líderes opositores se exilió. Sus ataques a la corrupción y la mala gestión del gobierno movilizaron a millones de venezolanos para votar por ella en las primarias de la oposición de octubre.

Pero el gobierno de Maduro declaró que las primarias eran ilegales y abrió investigaciones penales contra algunos de sus organizadores. Desde entonces, ha emitido órdenes judiciales contra varios partidarios de Machado y ha arrestado a algunos miembros de su personal, y el máximo tribunal del país ratificó la decisión de mantenerla fuera de las urnas.

Sin embargo, ella siguió haciendo campaña, celebrando mítines por todo el país y convirtiendo la prohibición de su candidatura en un símbolo de la pérdida de derechos y las humillaciones que muchos votantes han sentido durante más de una década.

Machado ha brindado su apoyo a Edmundo González Urrutia —un exembajador que nunca ha ocupado un cargo público—, lo cual ha ayudado a una oposición fraccionada a unirse detrás de él.

Están haciendo campaña juntos, prometiendo una economía que atraerá a los millones de venezolanos que han emigrado desde que Maduro asumió la presidencia en 2013.

El jueves, el autobús que iba a transportar a Machado y a González a través de un sector de Caracas fue detenido temporalmente por policías mientras los dos candidatos estaban de pie en una plataforma fijada al vehículo. Los agentes alegaron que la detención era un procedimiento de rutina para verificar la validez de los documentos del conductor.

Las personas reunidas en la marcha de la oposición para conmemorar el inicio oficial de la campaña coreaban “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!” y “va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer”. Ondeaban banderas de Venezuela mientras aguardaban la llegada de los dos opositores, y los automovilistas los acompañaban con las bocinas de sus vehículos.

González comenzó su carrera diplomática como asistente del embajador de Venezuela en Estados Unidos a finales de la década de 1970. Ocupó puestos en Bélgica y El Salvador y fue embajador de Caracas en Argelia. Su último cargo fue el de embajador en Argentina durante los primeros años de la presidencia de Hugo Chávez, iniciada en 1999.

Más recientemente, González fue consultor de relaciones internacionales y escribió una obra histórica sobre Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué el actual presidente tiene problemas?

La popularidad del presidente Nicolás Maduro ha disminuido debido a una crisis económica resultante de una caída de los precios del petróleo, la corrupción y la mala gestión gubernamental.

Maduro todavía puede contar con un grupo de creyentes acérrimos, conocidos como “chavistas”, que incluye a millones de servidores públicos y otras personas cuyos negocios o empleos dependen del Estado. Pero la capacidad de su Partido Socialista Unido de Venezuela de usar el acceso a programas sociales para llevar a los votantes a las urnas ha disminuido a medida que la economía del país se ha desgastado.

Es el heredero de Hugo Chávez, un socialista popular que amplió el Estado de bienestar de Venezuela al tiempo que enfrentaba a Estados Unidos.

Enfermo de cáncer, Chávez eligió a Maduro para que fuera presidente interino tras su muerte. Maduro asumió el cargo en marzo de 2013 y, al mes siguiente, ganó por estrecho margen las elecciones presidenciales que fue necesario organizar luego de que su mentor falleció.

Maduro fue reelegido en 2018 en una contienda que muchos consideran una farsa. Su gobierno prohibió la participación de los partidos y políticos de oposición más populares de Venezuela y, a su vez, la oposición instó a los votantes a boicotear las elecciones.

Esa inclinación autoritaria formó parte de los argumentos que utilizó Estados Unidos para imponer sanciones económicas, las cuales paralizaron la crucial industria petrolera del país.

Maduro llevó a cabo dos eventos el jueves, incluida una marcha en Caracas, con los que marcó el inicio oficial de su campaña.

¿Quiénes votarán?

Más de 21 millones de venezolanos están registrados para votar, pero se prevé que el éxodo de más de 7,7 millones de personas debido a la prolongada crisis —incluidos unos 4 millones de votantes— reduzca el número de votantes potenciales a unos 17 millones.

La votación no es obligatoria y se realiza mediante máquinas electrónicas.

La ley venezolana permite a sus ciudadanos votar en el extranjero, pero sólo unos 69.000 cumplieron los criterios para emitir su voto en embajadas o consulados durante estas elecciones. Los costosos y lentos requisitos gubernamentales para registrarse, la falta de información y la exigencia de presentar una prueba obligatoria de residencia legal en un país anfitrión impidieron que muchos inmigrantes se registraran para sufragar.

Los venezolanos en Estados Unidos enfrentan un obstáculo insuperable: los consulados, donde los ciudadanos en el extranjero normalmente votarían, están cerrados porque Caracas y Washington rompieron relaciones diplomáticas tras la reelección de Maduro en 2018.

¿Bajo qué condiciones se desarrollan las elecciones?

Unas elecciones presidenciales más libres e imparciales en Venezuela parecían una posibilidad el año pasado, cuando el gobierno de Maduro acordó trabajar con la coalición Plataforma Unitaria respaldada por Estados Unidos para mejorar las condiciones electorales en octubre de 2023. Un acuerdo sobre dichas condiciones le valió al gobierno de Maduro un amplio alivio de las sanciones económicas de Washington en sus sectores de petróleo, gas y minería, controlados por el Estado.

Pero las esperanzas de que haya mayor igualdad de condiciones comenzaron a desvanecerse días después, cuando las autoridades indicaron que las primarias de la oposición eran ilegales para luego comenzar a emitir órdenes judiciales y arrestar a defensores de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición.

Un panel respaldado por la ONU que investiga infracciones a los derechos humanos en Venezuela reveló que el gobierno venezolano ha aumentado la represión contra críticos y opositores antes de las elecciones, sometiéndolos a detenciones, vigilancia, amenazas, campañas difamatorias y procedimientos penales arbitrarios.

El gobierno también ha utilizado su control de los medios de comunicación, el suministro de combustible, la red eléctrica y otras infraestructuras del país para limitar el alcance de la campaña Machado-González.

Las crecientes acciones tomadas contra la oposición llevaron al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden este año a poner fin al alivio de las sanciones que había concedido en octubre.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sido objeto de investigaciones desde sus primeros días al frente del gobierno, y el número de casos se ha multiplicado desde su fallido intento de reelección en 2022.

Las autoridades han estado indagando diversas acusaciones. Algunas podrían resultar en cargos penales en tribunales menores, los cuales le darían la posibilidad a apelar cualquier eventual condena. El Supremo Tribunal Federal tendrá la última decisión en lo referente a cinco investigaciones a fondo que podrían poner al exmandatario tras las rejas, en arresto domiciliario o dejarlo fuera de cualquier actividad política.

Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidad alguna en todos los casos, y sus aliados han acusado que se trata de una persecusión política, aunque reconocen la gravedad de los riesgos políticos en múltiples frentes.

Fraude de vacunación

Bolsonaro ha sido acusado formalmente por girar instrucciones a un funcionario para manipular una base de datos de salud pública para que reflejara que él y su hija de 12 años de edad habían recibido la vacuna contra el COVID-19 a fin de cumplir con los requerimientos de ingreso a Estados Unidos. Durante la pandemia, Bolsonaro arremetió contra la vacuna, calificó el hecho de inocularse como una cuestión de libertad personal y declaró en varias ocasiones que nunca se vacunó.

La Policía Federal acusó a Bolsonaro de asociación delictuosa y de ingresar datos falsos en registros públicos, delitos que conllevan penas de 4 y 12 años en prisión, respectivamente. Fue su primera acusación formal desde que dejó la presidencia y la única hasta la fecha.

STATUS: El Supremo Tribunal Federal envió el acta de acusación al fiscal general, quien sopesa la posibilidad de presentar cargos. La prensa local informó que buscaba consultar con las autoridades estadounidenses sobre si Bolsonaro usó el documento falsificado para entrar al país, y si hacerlo podría resultar en un proceso jurídico en Estados Unidos.

Joyas saudíes

La Policía Federal ha investigado si Bolsonaro giró instrucciones a funcionarios para contrabandear joyas de lujo con valor de varios millones de dólares desde Arabia Saudí y Bahréin hacia Brasil, y posteriormente tomar medidas para evitar que fueran incluidas en la colección presidencial y mantener posesión de ellas.

Los investigadores llamaron a declarar a Bolsonaro en abril y agosto de 2023. Devolvió las joyas en cuestión.

STATUS: La Policía Federal acusó formalmente a Bolsonaro por lavado de dinero y asociación delictuosa, según una fuente con conocimiento directo del caso. Una segunda fuente confirmó la acusación, aunque no especificó los delitos. Ambos hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas.

Levantamiento en la capital

La policía federal investiga el papel de Bolsonaro en una conspiración para mantenerlo en el poder después de perder en su campaña de reelección ante Luiz Inácio Lula da Silva, incluida la posibilidad de que haya incitado la revuelta del 8 de enero de 2022 en la que un grupo de simpatizantes irrumpió en el Supremo Tribunal Federal y en el Palacio Presidencial de la capital, Brasilia. El máximo tribunal desprecintó el 18 de marzo los testimonios de los jefes del ejército y la fuerza aérea durante el gobierno de Bolsonaro, y ambos declararon que él participó activamente en el plan.

STATUS: La investigación continúa en marcha, y varios simpatizantes y aliados de Bolsonaro ya fueron condenados y encarcelados.

Irregularidades electorales

La máximo corte electoral de Brasil determinó en junio pasado que Bolsonaro utilizó canales de comunicación del gobierno durante una reunión con diplomáticos para promover su campaña de reelección y sembrar desconfianza en el proceso electoral. El caso se centró en una reunión celebrada el año anterior, durante la cual Bolsonaro utilizó a personal gubernamental, al canal de televisión estatal y al palacio presidencial en Brasilia para declarar ante embajadores extranjeros que el sistema de votación electrónica del país estaba amañado. El fallo lo inhabilitó de cualquier cargo público hasta 2030.

La corte también determinó que Bolsonaro abusó de su poder durante los festejos por el Día de la Independencia de Brasil, un mes antes de los comicios. El fallo no le sumó años a la inhabilitación de Bolsonaro, pero complicó sus posibilidades en una apelación. Hay un tercer caso que continúa abierto en la corte.

STATUS: La apelación de Bolsonaro al fallo inicial fue rechazada.

Sabotaje durante la pandemia

La Policía Federal de Brasil investiga a Bolsonaro por incitar crímenes contra la salud pública durante la pandemia de COVID-19, entre los que se incluye alentar a la población a no usar mascarillas y causar alarma sobre un peligro inexistente de vacunas que aceleraban el desarrollo de sida. Una comisión investigadora del Senado también pasó meses indagando sus actos y decisiones durante la pandemia, y recomendó que se le presentaran nueve cargos penales.

El exfiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien era percibido como aliado de Bolsonaro, no presentó ningún cargo basado en los hallazgos de los legisladores, quienes han instado al sucesor de Aras a que reabra el caso.

STATUS: Investigación en curso.

Noticias falsas y milicia electoral

El Supremo Tribunal Federal ordenó en 2020 una investigación en torno a una red que supuestamente difundía noticias falsas difamatorias y amenazas contra los jueces del máximo tribunal. La pesquisa ha dado como resultado el encarcelamiento de legisladores del círculo de allegados del expresidente y allanamientos en residencias de simpatizantes. Bolsonaro fue incluido como sospechoso en 2021.

Como consecuencia de esta pesquisa, la Policía Federal también indaga si un grupo que operaba desde el interior del palacio presidencial durante el gobierno de Bolsonaro produjo contenido de redes sociales con el fin de socavar el estado de derecho. Al grupo, supuestamente conformado por colaboradores y el yerno de Bolsonaro, se le ha llegado a conocer como una milicia digital y “el gabinete del odio”.

STATUS: Ambas investigaciones continúan abiertas.

Dos buques de guerra rusos atracaron el martes en el puerto venezolano de La Guaira después de ejercicios en el Océano Atlántico que, según Moscú, eran para “mostrar la bandera” en regiones remotas e importantes, y una escala inicial en Cuba.

La fragata Almirante Gorshkov y el petrolero Akademik Pashin forman parte de la Flota del Norte de Rusia, que desde el 17 de mayo lleva a cabo tareas que incluyen "garantizar la presencia naval rusa" en "zonas remotas de los océanos", informó la agencia de noticias rusa Tass citando al Ministerio de Defensa.

La escala duraría varios días y pondría de relieve los estrechos vínculos entre Moscú y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Al igual que su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, Maduro ha forjado una relación estrecha con Rusia. La visita se produce antes de que Maduro busque la reelección en las elecciones del 28 de julio.

Las autoridades venezolanas no han informado del arribo de las embarcaciones rusas, que apenas podían verse desde lejos atracadas en La Guaira, pero periodistas de The Associated Press vieron a sus tripulantes en el centro histórico de la ciudad.

A mediados de junio, el Almirante Gosrhkov y el buque petrolero se encontraban entre los buques rusos que atracaron en La Habana, Cuba.

Los otros buques presentes en esa parada incluían un submarino de propulsión nuclear, y permanecieron atracados allí durante cinco días tras realizar ejercicios en el Océano Atlántico. Algunos vieron el ejercicio como una demostración de fuerza por parte de Moscú en el contexto de tensiones mientras Estados Unidos y otras naciones occidentales apoyan a Kiev en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Estados Unidos se hará cargo del costo de los vuelos para repatriar a migrantes irregulares en Panamá, según un acuerdo firmado el lunes por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante su visita a ese país para acudir a la investidura del nuevo mandatario, José Raúl Mulino.

“La migración irregular es un desafío regional que requiere una respuesta regional”, dijo Mayorkas mientras el presidente de la nación centroamericana prometió cerrar el Tapón del Darién por donde transitan la mayoría de los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos.

"El nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Panamá promueve la colaboración en la gestión de la migración, incluido el apoyo a operaciones de repatriación seguras y efectivas de panameños que incluyen la evaluación de protección. El programa de vuelos de expulsión es parte del enfoque regional integral para abordar la migración irregular", recoge el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

Asimismo, indica que "Estados Unidos está trabajando con 21 socios en toda la región para tomar medidas coordinadas para promover la estabilidad, ampliar las vías legales y brindar a las personas opciones para quedarse donde están, y gestionar humanamente las fronteras en todo el continente americano".

A finales de junio Mulino había anunciado que estaban a la espera de la firma de un convenio con Estados Unidos para facilitar la repatriación de los migrantes que cruzan el peligroso Tapón del Darién.

El nuevo presidente panameño, que tomó posesión del cargo este lunes 1 de julio, había prometido durante su campaña que buscaría cerrar la selva por donde cruzaron el año pasado más de medio millón de migrantes.

"He visto crisis en el Darién de otra dimensión, pero esta se saltó la barda; me quebró el alma ver a niños de la edad de mis nietos pidiéndome una botella de agua... madres y otras embarazadas. Creo que no hay ninguna razón y nadie nos puede pedir a Panamá que toleremos esto", afirmó en mayo.

Según cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre enero y junio de este año unas 174.513 personas transitaron por esa vía. De ellos, 113.244 eran venezolanos, 12.300 ecuatorianos, 11.219 colombianos, 10.348 chinos, 9980 haitianos, 1771 de India, 402 cubanos y el resto de otras nacionalidades.

Mulino, de 65 años, fue ministro de Seguridad en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).