La policía española detuvo en la isla de Fuerteventura, del archipiélago de las Canarias, a una ciudadana británica y a dos españoles que presuntamente celebraron tres matrimonios de conveniencia para que una pareja cubana con hijos y una familiar de la misma nacionalidad, pudieran obtener la residencia legal en España.
Un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Canarias precisa que a los detenidos, que cuentan con antecedentes policiales, se les atribuye un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.
Los dos cónyuges cubanos se casaron respectivamente con la ciudadana británica y con uno de los españoles detenidos, y su parienta, una tía de la madre de los niños, con el tercer arrestado.
Esta última pudo obtener un visado para viajar a España, tras lo cual contrajo matrimonio en Fuerteventura.
La investigación se inició a raíz de una información recibida a través de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas, en la que varias personas solicitaban los permisos y la documentación correspondiente para su residencia legal en España tras haber contraído matrimonio con ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras investigaron las pistas y comprobaron que no existía ningún tipo de convivencia efectiva entre los contrayentes, y que el hombre y la mujer de nacionalidad cubana, y casados en distintos matrimonios con ciudadanos comunitarios, eran en realidad pareja sentimental y tenían dos hijos en común.
Quedó evidenciado que la única finalidad de los matrimonios arreglados era que el hombre, la mujer y los dos niños obtuvieran la documentación necesaria para residir legalmente en España.
Los policías procedieron a la detención de dos hombres y una mujer, ésta última británica y residente en España, como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.
En octubre del pasado año más de 20 personas fueron juzgadas por formar parte de un sistema de matrimonios falsos en Las Palmas de Gran Canaria, para trasladar cubanos a España. Recibieron penas de tres meses de cárcel algunos, y otros, multas de 540 euros.
Los cabecillas de la organización, una abogada y a su pareja, se enfrentan a 11 años de prisión por delitos de falsificación de documentos y contra el derecho de los extranjeros, aunque hasta ahora continúan en busca y captura.
[Con información de EFE]
