Nicolás Maduro y su corte, están conscientes que el rojo rojito del chavismo está palideciendo ante la ola de impopularidad del gobierno engendrada en la ineficiencia, la corrupción y el abuso de poder de sus funcionarios.
Convencidos que no pueden perder tiempo ni subestimar a sus rivales, y que apartarse del poder puede significar grandes contrariedades, están montado una tramoya que les permita perpetuarse en el poder, aunque sea con menos legitimidad que la que han disfrutado hasta ahora.
La primera puesta en escena es la de nación amenazada. Sumada a denuncias de complots en los que se acusan a sectores de la oposición de estar vinculados a factores extranjeros, en este caso Estados Unidos, el enemigo preferido por los déspotas.
Sigue la persecución a ciertos opositores, lo que genera dudas y desconfianza en ese sector, labor que se refuerza sembrando la discordia con rumores, amenazas y distinciones a determinadas personalidades u organizaciones, incluidas acciones judiciales.
Dividir es el objetivo principal del oficialismo, por eso la interdicción de candidatos de la oposición a la Asamblea Nacional, junto al rechazo de los observadores internacionales que no estén comprometidos con el régimen.
Otro instrumento en el arsenal del régimen es estimular la inseguridad pública. Un ambiente de caos producido por saqueos y otras conductas delictivas aunque muestre la incapacidad del gobierno para resolver los problemas del país, generaría una crisis de gobernabilidad que solo el uso de la fuerza podría controlar.
Un eventual “caracazo” a nivel nacional en vísperas de elecciones, sumado a los graves problemas que enfrenta el gobierno, facilitaría a los sectores más extremistas del oficialismo recurrir a la fuerza para imponer el orden, acción que repercutiría en la suspensión de los comicios o la reducción de las garantías constitucionales, condiciones que harían imposible el triunfo de la oposición.
Es evidente que la oposición enfrenta una vez más el difícil reto de pugnar contra un régimen que al estar legitimado por el voto y controlar las instituciones del estado, cuenta con la opción de criminalizar los factores políticos que le adversen, particularmente a sus líderes.
El fortalecimiento y desarrollo de fuerzas con capacidad para enfrentar el despotismo electoral es muy espinoso, pero es aún más complicado si se intenta vincular el trabajo electoral con demandas cívicas, una de las pocas fórmulas, dentro de la legalidad, que pueden tener resultado en la confrontación no violenta con el despotismo surgido de las urnas.
Además es un serio desafío para la oposición conservar la unidad de objetivos y métodos, si se tienen en cuenta los diferentes segmentos que la componen, mientras el régimen, más allá de las eventuales diferencias que puedan existir en la cúpula, siempre presenta una fachada sólida, ya que el poder sirve como fuerza aglutinadora.
La situación demanda que la oposición sea tolerante con las diferencias endógenas, ponga el acento en la comunicación directa con sus partidarios, con la ciudadanía en general y también con las bases del oficialismo. Esta última disposición no implica cambiar o aceptar propuestas que atenten contra los valores y principios que se ha propuesto defender.
Es de suponer que en el marco opositor hay políticos y activistas sociales comprometidos con los valores democráticos, pero conscientes que las dictaduras de terciopelo legitimadas en el despotismo electoral, demandan acciones en el precario margen de legalidad que concede el régimen a los que le desafían.
Estos dirigentes, el principal objetivo a destruir por el gobierno, comprenden instintivamente que las reglas de juego para enfrentar una autocracia legitimada por el voto y con capacidad de sobornar a la población manipulando sus necesidades más básicas, no son las mismas que plantea una campaña electoral en la que los derechos de los contendientes son respetados.
Por otra parte los conflictos internos disminuyen las críticas y cuestionamientos, mientras limitan la posibilidad de elaborar programas, proyectos viables, que presenten alternativas concretas para dar solución a los problemas que el gobierno ha sido incapaz de resolver.
Interpretar y desarrollar actividades contra un régimen despótico fundamentado en la legitimidad que otorgan los votos de unos comicios plurales y secretos, es sumamente complejo por lo que demanda una inventiva para la que los políticos de formación genuinamente democrática deben prepararse.
El chavismo está consciente que la popularidad del régimen está en cuidados intensivos y que a pesar del control que ejerce sobre la institución electoral pueden perder las elecciones, por eso enfocará muchos de sus recursos en incentivar los conflictos y exacerbar las diferencias.
