Los gobiernos sin importar país o sistema, tienen la potestad de establecer alianzas y categorizar a enemigos y aliados en base a sus intereses y valores, en consecuencia eventuales cambios y reformas de disposiciones anteriores serán productos de las interpretaciones de quienes ostentan el poder.
Un ejemplo de esas categorizaciones fue la lista de países vinculados al terrorismo que elaboró el Departamento de Estado de Estados Unidos, 1979, cuando gobernaba el presidente James Carter.
Cuba fue incorporada a esa relación en 1982, durante la presidencia de Ronald Reagan, no fue una arbitrariedad, la decisión se basó en el profuso prontuario criminal del castrismo.
Entre otras actividades contrarias al derecho internacional Cuba entrenaba, suministraba armas y explosivos a grupos subversivos que realizaban acciones terroristas en numerosos países del hemisferio. En el momento de la inclusión asistía a la narco guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a los terroristas vascos de la ETA, al no menos violento Frente Farabundo Martí de El Salvador y construía un aeropuerto militar en Granada.
Mientras la dictadura abrigaba a decenas de fugitivos de la justicia estadounidense, entre ellos Joanne Chesimard, convicta por el asesinato de un policía del estado de Nueva Jersey y William Morales, un extremista puertorriqueño involucrado en atentados con explosivos en Nueva York en la década del 1970.
La lista es elaborada en base a criterios y necesidades del gobierno de Estados Unidos, es la consecuencia de los resultados de las investigaciones de los servicios de inteligencia y por supuesto la evaluación final del liderazgo político del país en relación al peligro que entraña una determinada nación para la seguridad nacional. No se evalúa la situación interna del país segregado.
Nunca se apreció en el caso de Cuba u otros similares, entre ellos los países excluidos, las prácticas terroristas del gobierno de marras contra su propio pueblo, tampoco las condiciones de vida de la población o las violaciones a los derechos ciudadanos en las que incurría el gobierno contra su gente.
La decisión del presidente Barack Obama de retirar la dictadura cubana de la lista de países terroristas favorece la posición de quienes están a favor de la distensión y el establecimiento de relaciones con la isla, pero en particular beneficia al régimen de los hermanos Castro, sin que la acción ejecutiva afecte el contexto represivo y excluyente que desde hace casi seis décadas se vive en Cuba.
Las organizaciones e individuos, particularmente los cubanos que optaron por abandonar su país, debieron haber considerado las condiciones de opresión e intimidación en las que sobreviven sus compatriotas en la isla, en especial los opositores, cuando se pusieron a trabajar a favor de que Washington excluyera al gobierno castrista del escarnio de ser considerado terrorista.
Es paradójico que la mayoría de los que favorecen la distensión con la dictadura no están dispuestos a vivir de forma permanente junto a sus familiares en Cuba, y solo demandan cambios al gobierno de Estados Unidos, los que no reclaman a los Castro.
Lo que sucedió con la Lista, no es de dudar que ocurra con el embargo, lo que debería alertar a quienes confían que las alianzas son inquebrantables y motivarles a elaborar proyectos propios que no estén sustentados en decisiones de terceros.
Cierto que toda causa necesita aliados, ya sean gobiernos u organizaciones que la defiendan, promuevan y apoyen en la medida de sus posibilidades, pero a fin de cuentas hay una sola realidad y es que los que encarnan un proyecto están solos, porque las alianzas se rompen, incluidas las que están suscritas por las partes.
Otro ejemplo a considerar es el de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que igualmente recurren a la tipificación de sus defendidos como es el caso, entre otros, de Amnistía Internacional.
Amnistía tiene su honrosa lista de prisioneros de conciencia. Ser proclamado preso de conciencia prestigia grandemente al encarcelado y en ocasiones le brinda protección porque los esbirros saben calcular cuando sus acciones les pueden ocasionar serios problemas, cierto que a veces no reparan en las posibles consecuencias, pero es un escudo que nunca desampara.
Sin embargo, no todos los presos políticos son considerados prisioneros de conciencia porque la entidad tiene sus propias pautas al respecto. No obstante, los confinados que no son categorizados como tales tienen los mismos compromisos y convicciones con la causa que personifican que los distinguidos.
Los presos políticos aunque les falte esa protección no se arredran ante la vesania de los sicarios, y si no, que le pregunten entre otros al campesino guerrillero, Agapito Rivera, 25 años en las ergástulas castristas, o a Armando Sosa Fortuny, 73 años de edad, de los cuales ha cumplido en dos periodos diferentes, 39 años tras las rejas.
