En Cuba, los activistas de derechos humanos sufrieron 99 detenciones arbitrarias en febrero, la cifra de “regulados” ascendió a 246, y hay 126 prisioneros de conciencia entre los que permanecen en las cárceles, los que cumplen prisión domiciliaria y los que han salido bajo licencia extrapenal.
No se han apagado aún los ecos del juicio al líder de UNPACU José Daniel Ferrer y a otros tres activistas de la organización, a quienes el Ministerio de Justicia de Cuba declaró “delincuentes comunes” antes de que se iniciara la audiencia en el tribunal.
Pero el gobierno cubano aspira a ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el periodo de 2021 a 2023.
Son algunos de los datos que presenta el Informe Sobre Derechos Humanos para el mes de febrero, elaborado por el Centro que supervisa la activista Martha Beatriz Roque Cabello.
“Las cifras indican un aumento en la represión”, reza el documento, sobre el cual Roque Cabello conversó con el periodista de Radio Televisión Martí Amado Gil. “Aunque parezca increíble, [el gobierno cubano] logra envolver a algunos países democráticos con las historias de los niños con Síndrome de Down, de los niños con cáncer, de las escuelas para niños con necesidades especiales”.
En eso basa el régimen su defensa en el tema de derechos humanos, dice Roque Cabello, mientras “olvida por completo” los 30 puntos que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
Las características del mes muestran no solo un incremento en los atropellos que sufren los disidentes, sino "también hacia la población en general, y en particular a los trabajadores por cuenta propia", subraya el informe.
Abarca también cifras del hostigamiento y multas contra activistas, otra de las formas que usa la policía política para culpar de delitos comunes a quienes pretende someter porque denuncian al régimen. Los arrestos de febrero se produjeron en nueve provincias, y más de la cuarta parte de los arrestados, un 28.5 por ciento, son mujeres, indica el documento.
“Una de las cosas que han caracterizado el juicio [a José Daniel Ferrer] es que el Ministerio de Justicia, en los tuits que mandó, y que después borró, se refería a José Daniel como un delincuente sin haberse celebrado el juicio”, comenta Roque Cabello.
Para la activista, es inconcebible que el Ministerio de Justicia de un país presente como culpable de un delito a una persona que aún no ha comparecido ante un juez.
La lista de “regulados”, como llama el gobierno a quienes les prohíbe salir de Cuba aunque no tengan antecedentes penales ni juicios pendientes, aumentó en un 5.6 por ciento, refiere el Informe. Si en enero eran 233, de acuerdo con el Instituto Patmos, que dirige el pastor Mario Félix Lleonart Barroso, en febrero ya contaban 246.
A su vez, en febrero hubo 20 casos de hostigamiento más que en enero: de 59 a 79. Ocurrieron “en 10 provincias: Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba”, detalla el documento. “Hay un total de 26 mujeres hostigadas y 53 hombres, lo que implica que este tipo de violación de los derechos humanos se lleva a cabo en dos hombres por cada mujer”.
Hubo cuatro excarcelaciones, una de ellas por cumpliento de condena.
En el caso de las multas, 21 en enero y 26 en febrero, el informe subraya que aumentaron tanto en frecuencia como en la cantidad de dinero exigida: “Hay que destacar que en los importes hay una gran línea ascendente, porque el monto total es 19,460 CUP, y el mes pasado era de 11,580 CUP, por lo que, con esta cantidad superior de multas, han aumentado la suma de dinero en 7,780 CUP”.
Destaca también que el gobierno sigue “acorralando el CUC hasta hacerlo inservible”, y pone como ejemplo el reciente anuncio de que la gastronomía venderá alimentos y bebidas solo en CUP.
