La Unión Europea estableció en 1996 una política común que imponía ciertas restricciones a sus relaciones con la dictadura de los hermanos Castro, sin embargo, grupos políticos de la entidad, nunca dejaron de debatir la abolición de ese acuerdo o la eliminación de algunas de sus limitaciones.
Los debates ideológicos de las diferentes fuerzas políticas que concurren en ese importantísimo foro han repercutido de alguna manera en los vínculos con Cuba. No obstante, es apropiado reconocer que durante el gobierno del presidente José María Aznar, Partido Popular, la conducta de la UE hacia Cuba fue más firme y restrictiva que la de sus pares de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y el actual de Pedro Sánchez.
Sin duda alguna España tiene una particular influencia en la UE en lo que respecta a la implementación de políticas hacia alguna de sus antiguas colonias, de ahí que los gobiernos del PSOE y la política laxa del PP de Rajoy hacia la dictadura insular, permitieran el fin de la posición común y el establecimiento de las bases de un acuerdo bilateral que normaliza las relaciones del foro democrático más importante del mundo, con una tiranía familiar que supera los sesenta años de existencia.
Ni aun en los tiempos de la posición común la política de la Unión Europea fue lo firme que la violación de los derechos humanos en Cuba y la intrusión castrista en los asuntos internos de algunos países miembros ameritaban.
Al castrismo nunca le han faltado aliados en esa audiencia, aunque es justo reconocer que tampoco enemigos razón por la cual opositores como Osvaldo Payá Sardiñas, Guillermo Fariñas y las emblemáticas Damas de Blanco, recibieron el distinguido premio Sajarov de la Libertad de Conciencia.
Recordemos que la UE le impuso a Birmania sanciones como la prohibición de importación de ciertos productos y también le negaba a muchos de sus líderes, entre ellos al presidente, viajar a la Unión, esa prohibición jamás se impuso a un funcionario castrista como si se ha hecho correctamente con sicarios de la dictadura de Nicolás Maduro.
Los continuados esfuerzos de los aliados ideológicos del castrismo y de quienes por ganar dinero son capaces de vender la soga con la que serán colgados, empezaron a dar frutos en 2014, cuando se establecieron las bases para alcanzar un acuerdo de diálogo político entre las partes y normalizar las relaciones, gestión que culminó exitosamente en diciembre de 2016 cuando se suscribió el primer acuerdo bilateral que terminó con la “posición común”.
Este acuerdo está vigente desde el momento de su firma, pero los estatutos del bloque disponen que la implementación completa del mismo requiera la ratificación de todos los estados miembros, faltando solo por hacerlo la República de Lituania, uno de los estados Bálticos ocupado por la extinta Unión Soviética, el histórico protector de la dictadura castrista.
Muchas entidades y personalidades, cubanas y extranjeras, reclaman al gobierno lituano que no revaliden el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba.
Lo solicitan con argumentos sólidos, porque la dictadura sigue violando sistemática e institucionalmente los derechos de sus ciudadanos y no es apropiado que se premie a un régimen que encarcela a todo aquel que se atreve a pensar y a actuar de acuerdo a sus convicciones, in inconcebible que países que padecieron el socialismo real le den amparo a un régimen que cumple ese modelo a cabalidad.
Cierto que los que promueven el acuerdo argumentan que el objetivo del mismo es apoyar un proceso de transición de la economía y la sociedad cubana, promover el diálogo y la cooperación para fomentar el desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos, un juego de palabras muy bonitas que no dicen nada a los 127 prisioneros políticos que denuncia la organización radicada en España, Cuban Prisoners Defenders, y muy particularmente a José Daniel Ferrer y sus compañeros, al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, preso durante 14 días por retar la ideología oficial y a ese creciente número de ciudadanos de la isla que demandan el fin de la dictadura.
