A medida que se acercan las elecciones en Nicaragua, la comunidad internacional comienza a presionar a la administración de Daniel Ortega con el objetivo de garantizar unos comicios transparentes y legítimos, informó la Voz de América, VOA.
Este lunes el Consejo de la Unión Europea amplió por un año más las sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo, la segunda persona en la jerarquía del país, y otras 13 personas más.
El bloque europeo informó, mediante un comunicado, que las medidas contra estos funcionarios se dictaron con el fin de llamarlos a poner fin a la represión contra los opositores, los medios independientes y la sociedad civil; pero, según la UE, lo que ha ocurrido es que se ha "intensificado" el panorama según se acercan los comicios de noviembre.
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Las medidas restrictivas, que entre otras cosas establecen la congelación de activos y la prohibición de viajar a los países de la UE, fueron extendidas hasta el 15 de octubre de 2022.
“El gobierno de Nicaragua ha intensificado la represión, ilegalizando a los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, así como encarcelando a opositores políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil, sin respetar el debido proceso”, señala el comunicado.
La pareja presidencial Ortega-Murillo busca un nuevo mandato en medio de críticas de la comunidad internacional y de la oposición, que los acusa de querer instaurar una “dinastía autoritaria” en Nicaragua, como ha expresado la Unidad Azul y Blanco, una de las organizaciones opositoras más grandes del país.
Las elecciones se celebrarán el 7 de noviembre con una - de facto- nula participación de partidos políticos de oposición, que fueron sacados de la contienda al cancelárseles la personería jurídica, mientras que los líderes críticos a la pareja presidencial, como Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, entre otros, se encuentran bajo prisión acusados por varios delitos.
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“De esta forma, el Gobierno liderado por el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo ha eliminado la posibilidad de una competencia electoral seria en las urnas, privando así a los ciudadanos de Nicaragua de su derecho soberano a elegir libremente a sus representantes”, resalta la UE.
La medida del bloque europeo se une a llamados de otros países, como Estados Unidos y Canadá, para la celebración de comicios “con las mínimas condiciones”. Sin embargo el oficialismo ha respondido con ataques a Washington, a quien acusa de interferir en los asuntos internos de Managua.
Las personas a quienes se les renovaron las sanciones, además de Murillo, son: el presidente del Parlamento, Gustavo Porras; el asesor presidencial Néstor Moncada Lau; el jefe de la Policía, Francisco Díaz, y los comisionados Ramón Avellán, Justo Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas.
También se encuentran en la lista Juan Carlos Ortega, hijo de la pareja gobernante en Nicaragua; Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Ana Julia Guido, fiscal general; Bayardo Arce, asesor económico de la presidencia; Iván Acosta, ministro de Hacienda; Sonia Castro, asesora en temas de salud, y Ovidio Reyes, presidente del Banco Central.
