En días pasados se desataron los comentarios en varios medios de prensa extranjeros acerca del rechazo de la infanta-diputada Mariela Castro al proyecto del Código de Trabajo en la Asamblea del Poder Popular. La “primicia” fue revelada con más de siete meses de atraso –al estilo raulista “sin prisa pero sin pausa” – y, no por casualidad, por la periodista Andrea Rodríguez, de la Associated Press, una agencia que últimamente ha comenzado a parecerse a una dependencia del diario oficial Granma, tanto por el carácter profundamente retroactivo de sus “revelaciones” (recordar el “descubrimiento” de Zunzuneo y Piramideo con más de dos años de retraso), como por su utilidad para ofrecer una artillería de justificaciones a las posiciones retrógradas y represivas del gobierno cubano.
Ahora se pretende elevar el rango de la más mediática heredera de la casta verde olivo hasta niveles contestatarios, magnificando su negativa a aprobar el controvertido Código, como si ello entrañara algún riesgo de represalia para ella o alguna esperanza de reivindicación laboral para los trabajadores cubanos, cuyos derechos no solo continúan vulnerados, sino que la violación de éstos ha quedado certificada en la nueva Ley.
Claro que la diputada Mariela Castro no se opuso a la ausencia del legítimo derecho a huelga o a la libre sindicalización, que deberían refrendarse en el Código Laboral. Tampoco pugnó por que se estableciera la libre contratación de la mano de obra por las empresas extranjeras que invierten en la Isla, ni mencionó en lo absoluto los misérrimos salarios o las pésimas condiciones de trabajo en la mayoría de los centros laborales, entre otros muchos asuntos que se le quedaron en el tintero.
Porque, como doña Mariela no solo es insubstancial políticamente hablando sino que además es monotemática (su misión oficial es la cuestión de los homosexuales, o para ser más exactos, de los homosexuales revolucionarios), consideró que el nuevo Código adolece única y exclusivamente de un grave problema: no evita “la discriminación de las personas con identidades de género no convencionales o a los enfermos con VIH”.
Solo que la infanta se quedó un pelín corta en esto de las exigencias, porque ni homosexuales ni enfermos de VIH, “revolucionarios” o no, van a ser más libres en dependencia de que Ley les reconozca igualdad de “derechos laborales” en un país donde ésta y otras legislaciones omiten derechos esenciales de todos los cubanos. Esto implica que cualquier reclamación de un grupo o sector particular de la sociedad cubana debe pasar por el primerísimo punto de la exigencia del libre ejercicio de derechos civiles que nos son negados a todos. Habría que ver qué hubiese ocurrido si un grupo independiente como el Observatorio LGTB se hubiese manifestado frente al Parlamento, no ya en reclamo de derechos, sino incluso en apoyo a la actitud de la diputada Castro.
De cualquier manera, bravo por Mariela, que no deja de ser el suyo un buen intento, como también es un reclamo justo que terminen de una buena vez la homofobia y la exclusión de los enfermos de VIH, en cualquiera de sus variantes. Yo suscribiría sin dudar una reivindicación como esa, pero no creeré que se haya roto el pacto de obediencia del falso Parlamento cubano hasta tanto los reclamos sean realmente significativos y favorables para todos los cubanos, y partan de sus auténticos representantes. Esas sí serían noticias.
Obviamente, el régimen, a cuya cabeza se encuentra ahora precisamente el progenitor de la audaz “disidente”, ha demostrado un poder mimético asombroso, cambiando su apariencia al compás de los tiempos y conservando bajo el carapacho la misma índole dictatorial. De esta forma ha logrado contentar a las instituciones internacionales y sofocar los escrúpulos de muchos gobiernos democráticos del mundo que, una vez cumplidos ciertos requisitos formales, se permiten negociar con satrapías y hasta premiarlas por su extraordinaria y “desinteresada” cooperación en “países subdesarrollados”, aún en detrimento de esas propias prestaciones para los “gobernados”. La fórmula para esta aceptación general ha sido simple: no es imprescindible ser democráticos, queridos dictadores, basta con simularlo.
Así, la fabricación de una “opositora” en el seno familiar parece ser la nueva táctica de la cúpula para aparentar cada vez mayor voluntad democrática: he aquí que se ha roto la monolítica unanimidad parlamentaria en Cuba por la demanda de una heredera dinástica del régimen. ¿Qué mayor prueba de que los cambios no son solo en la economía, sino que también se están produciendo en el ámbito de la política?, dicen los comparsa de siempre.
Y de esta forma, colateralmente, ha quedado demostrada la importancia del “quién”, cuando de reclamos se trata. Recordemos que apenas unos meses atrás la delegada del poder popular de Limones, provincia de Las Tunas, de nombre Shirley Ávila, tuvo la impertinencia de tomarse muy a pecho su compromiso con sus electores –olvidando que en Cuba el verdadero soberano es el gobierno y no “el pueblo”– lo que la llevó a cometer la imperdonable traición de reclamar una escuelita para su circunscripción rural, donde los niños debían recorrer diariamente seis kilómetros para asistir a clases. Ningún funcionario aplaudió a Shirley, sino que las autoridades la acusaron de ofrecer elementos al enemigo para difamar a la revolución, razón por la cual fue inmediatamente removida de su responsabilidad. ¿Alguien cree que Mariela correría la misma suerte por sugerir de manera implícita que en Cuba existe homofobia?
Lo dicho, no resulta fortuito que hayan sido justamente la AP y ciertos corifeos complacientes los encargados de fabricar de una simple alzada de mano en la Asamblea Nacional casi un estrellato político merecedor de los más cerrados aplausos y pábulo de las mayores expectativas. No obstante, el señor Arturo López-Lévy, investigador y analista cubano de la Universidad de Denver, se lleva las palmas a la hora de hiperbolizar el incidente protagonizado por la diputada Castro, al considerar que “se trata de un acto auténtico de la sociedad civil cubana”. Como no puedo tomarme en serio semejante desbarro, solo podría responder a esto con una frase desprovista de todo academicismo, pero muy típica de los cubanos que jamás han sido considerados dignos de clasificar como “sociedad civil” por el gobierno: ¡Ahora sí apretaste, Arturo!, ¡le zumba el mango!
Este artículo de Miriam Celaya fue publicado en Cubanet.