LA HABANA, Cuba.- En dos ocasiones, a partir del 27 de noviembre pasado, la policía política del municipio de Manzanillo, provincia Granma, no permitió a la disidente Tania de la Torre Montesino viajar a La Habana. La segunda vez perdió incluso el dinero del pasaje: 250 pesos cubanos, equivalentes a 10 dólares.
Aunque todos sabemos que la legalidad en Cuba no existe, a de la Torre se le orientó hacer uso de los medios jurídicos a su alcance para denunciar esta arbitrariedad, ya que ella no ha cometido delito alguno ni tiene pendiente ningún juicio. Se le recomendó que debía promover una queja ante la Fiscalía Municipal, a través de su Departamento de Legalidad, y demandar por daños y perjuicios a los individuos que actúan y las organizaciones que representan en un proceso civil.
Ella se dirigió con un documento elaborado al respecto, escrito a mano, a la Fiscalía Municipal, el pasado 14 de diciembre. Entregó copia del documento el cual registró en el libro la secretaria, con el número cuatro, y fue atendida por la Licenciada Ariuska Parra.
Según refiere Tania, cuando la Fiscal leyó el documento abrió los ojos y dijo: “Espérenme un momento”. Los dejó sentados en la oficina por espacio de media hora y cuando regresó les comunicó que la orientación que le dieron fue que enviara el documento a la Fiscalía Militar, pues ahí no tenían que dar respuesta. Se negó a decirle el nombre de la persona que le orientó esto, y a darle algún documento acreditativo que había presentado la queja.
Incluso a pesar de ser un funcionario público, no quiso revelar su segundo apellido y a partir del momento en que regresó a la oficina el trato fue muy malo. Le pidió el teléfono para que la llamaran y le dieran la respuesta, pues la Fiscalía Militar está en Bayamo, que es el municipio cabecera de la provincia.
Ya con esta experiencia, al día siguiente se presentó en el Bufete Colectivo, para solicitar el servicio de un abogado con el fin de cumplir el segundo paso orientado: una demanda civil. Allí la atendió la abogada Lourdes Torres, que le explicó no podía hacerle ningún contrato, porque eso no era una demanda civil y tenía que dirigirse a la Fiscalía Militar.
Esta negación se produce a pesar de lo establecido en la Resolución No.142, “Reglamento sobre el ejercicio de la abogacía y la organización nacional de bufetes colectivos”, que en su Artículo 50 relaciona los motivos por los cuales los abogados de los Bufetes Colectivos solo pueden excusarse o renunciar a la atención de un asunto; y este aspecto de la demanda civil, no está considerado.
De todo lo antes explicado se puede sacar en conclusión que Tania ha quedado atada de manos y pies, sin poder hacer uso de la llamada “legalidad socialista”, porque presumiblemente la Seguridad del Estado ha determinado apoderarse de forma arbitraria de su derecho a moverse libremente por su país.
A ello habría que añadir que, durante todo el día frente a su vivienda, tiene fuerzas represivas velándola, aunque también usan personas que se prestan para ello.
Si bien es cierto que el incumplimiento de la legalidad establecida por el propio régimen es algo que se puede constatar a lo largo de todo el país, en los municipios que no son cabecera y en los pequeños pueblos de campo es peor, ya que todo queda a la interpretación que den las autoridades locales de lo establecido y dejan indefenso a cualquier ciudadano.
Como se pudo apreciar de la actitud tanto de la Fiscalía como del bufete colectivo, la ausencia de firmas, documentos, registros, nombres, etc., es una forma de evadir dejar huellas de lo que hacen los asalariados de la dictadura.
Puede ser que alguien piense que hay que usar más las instituciones jurídicas y policiales del régimen, pero la experiencia de tantos años nos dice que aquí nada marcha para los que —según el régimen— son asalariados del imperio, mercenarios, terroristas, vendepatrias, etc.; aunque, en honor a la verdad, tampoco funciona para el pueblo. Cuba se ha convertido en el reino de la arbitrariedad.
[Este artículo de Martha Beatriz Roque fue publicado originalmente en Cubanet]
