La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició el lunes una visita de cinco días a Guatemala en la que constatará el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país”, luego de su visita en 2017, la última vez que recibió autorización del gobierno para enviar una delegación.
En una breve declaración a la prensa, Andrea Pochak, relatora para Guatemala de la CIDH, dijo que la visita estará encabezada por la presidenta de la comisión, Roberta Clarke, y que incluye también al relator de derechos económicos, Javier Palummo, y al de libertad de expresión, Pedro Vaca.
En 2023, la CIDH incluyó a Guatemala en el capítulo IV B de su informe sobre la situación de Derechos Humanos en el hemisferio al considerar que en el país existía una violación sistemática de derechos humanos y un grave deterioro de la institucionalidad democrática. Colocó a Guatemala junto a Cuba, Venezula y Nicaragua.
Pochak explicó que la Comisión estará centrada especialmente en conocer la situación del Estado de derecho, la institucionalidad democrática, el sistema de administración de justicia y la corrupción. También agradeció al gobierno del presidente Bernardo Arévalo por mostrarse anuente a la visita “después de muchos años en los que no había autorización”. dijo.
La última visita de la CIDH a Guatemala fue en 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020). Se realizó antes de la salida del país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una misión de Naciones Unidas que investigaba cuerpos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado.
En 2019, Morales no renovó el mandato de CICIG en el país luego de acusaciones en su contra y contra dos de sus familiares por hechos de corrupción.
Tras la salida de CICIG, comenzó la criminalización y exilio de operadores de justicia quienes denunciaron que era por haber investigado hechos de corrupción o crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) no autorizó visitas oficiales de la CIDH al país. Durante su mandato, unos 100 operadores de justicia, abogados, opositores y periodistas buscaron el exilio ante lo que denunciaron como criminalización.
El gobierno de Bernardo Arévalo, que autorizó la llegada de la comisión, dijo a través de su secretario de comunicación, Santiago Palomo, que la visita era un hito para el gobierno y una muestra de su apertura al sistema interamericano.
La agenda de la visita de la CIDH incluye reuniones con grupos en situación vulnerable como pueblos indígenas y afrodescendientes, defensores de derechos humanos y operadoras de justicia, periodistas, personas privadas de libertad y migrantes.
También busca conocer los avances y desafíos en materia de memoria, verdad, justicia y reparación de crímenes del conflicto armado, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y la seguridad ciudadana.
La comisión se reunirá con el gobierno, el Congreso, las cortes de justicia, el Ministerio Público y otros sectores. Se realizarán visitas a los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango, al norte y occidente del país, según la agenda prevista.
Se espera que al final de la visita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponga sus resultados en una conferencia de prensa.
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