Un total de 400 juicios en relación con las protestas del 11 de julio han sido registrados hasta este martes, 18 de enero, por el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba Justicia 11J, dijo la organización.
“Ya han sido enjuiciadas 95 personas por el delito político de sedición, 29 entre 16 y 20 años de edad, y 7 entre 16 y 17 años. Quedan pendientes a juicio por este delito al menos 63 personas, de ellas 7 son niños”, detalló Justicia 11J en Facebook.
El grupo añade que al menos 9 manifestantes han sido beneficiados con el sobreseimiento de sus causas, y otras 99 han sido liberadas con multas.
Un total de 726 personas continúan en prisión por las protestas del 11J, y 9 en relación con la Marcha Cívica por el Cambio del 15N, convocada por la plataforma Archipiélago, dijo la organización.
En el informe, Justicia 11J denuncia el acoso continuo de la Seguridad del Estado contra familiares y activistas que denuncian “tratos crueles y degradantes” contra los detenidos por motivos políticos en la isla, y exigió a las autoridades el sobreseimiento de los casos aún en proceso de acusados por manifestarse pacíficamente.
“Hacemos responsables a los once miembros del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, electos por la Asamblea Nacional del Poder Popular en nombre del pueblo cubano, por su inacción para interrumpir las injusticias que se están cometiendo en contra de ciudadanos que solamente han ejercido sus derechos constitucionales y universales. Exigimos que se inicien de inmediato procedimientos de sobreseimiento libre y definitivo para los casos en fase preparatoria, así como la revisión de causas a quienes han sido juzgados, que termine en su absolución”, señaló el grupo.
Justicia 11J convocó, además, a los cubanos a publicar diariamente en redes sociales el rostro de un preso político junto al de uno de los magistrados que participan en estos procesos, hasta que las demandas que hace el grupo no se cumplan.
“De continuar estos magistrados su accionar cómplice de la injusticia, pedimos a los gobiernos democráticos que, en solidaridad, apliquen sanciones a estos funcionarios públicos, culpables del delito de prevaricación, definido en los artículos 136, 137, 138 y 139 de la Ley No. 62 del Código Penal cubano”, subraya la declaración.
La organización publicó una lista con los nombres y cargos de los miembros del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular:
- Rubén Remigio Ferro, Presidente
- Maricela Sosa Ravelo, Vicepresidenta
- Farah Saucedo Pérez, Vicepresidenta
- Yamir Rodríguez Tamayo, Vicepresidente
- Filiberto Caballero Tamayo, Vicepresidente
- Otto Molina Rodríguez, Presidente de la Sala de lo Penal
- Liliana Hernández Díaz, Presidente de la Sala de lo Económico
- Ranulfo Andux Alfonso, Presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo
- Plácido Batista Veranes, Presidente de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado
- Gustavo Méndez González, Presidente de la Sala de lo Laboral
- Roselia Reina Batle, Presidente de la Sala de lo Militar
“No podemos seguir permitiendo el silencio y la inmovilidad ante las graves violaciones de derechos humanos que se cometen hoy en nuestro país. Pedimos, una vez más, solidaridad”, concluyó Justicia 11J.
Otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), han denunciado estos juicios sin apego al debido proceso, y las condenas desproporcionadas a los manifestantes del 11 de julio en Cuba.
"Muchas personas están acusadas de delitos imprecisos, que son inconsistentes con los estándares internacionales, como el 'desacato', que se ha utilizado sistemáticamente en Cuba para castigar a quienes critican al gobierno", declaró la semana pasada al diario británico The Guardian, Erika Guevara-Rosas, directora de AI para las Américas.