Estados Unidos
Juez de Texas ordena suspender el programa "Parole in Place"
Un juez de Texas ordenó parar el programa Parole in Place, que otorgaría estatus legal a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Una semana antes el Departamento de Seguridad Nacional había comenzado a aceptar solicitudes.
Un juez federal de Texas ordenó el lunes la suspensión de una política del gobierno del presidente Joe Biden que otorgaría estatus legal a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin tener que salir primero del país, lo que representa un revés por lo menos temporal a una de las acciones presidenciales más significativas en varios años para facilitar el acceso a la naturalización.
El juez de distrito J. Campbell Barker ordenó la suspensión después de que 16 estados, todos con fiscales republicanos, impugnaron el programa que podría beneficiar a unos 500.000 inmigrantes que ya se encuentran actualmente en el país, así como a cerca de 50.000 de sus hijos. Los estados acusaron al gobierno federal de eludir al Congreso por “flagrantes fines políticos”.
Uno de los estados que encabeza la impugnación es Texas, el cual aseguró en la demanda que ha tenido que pagar decenas de millones de dólares cada año en aspectos como atención médica y seguridad policial debido a los inmigrantes que viven en la entidad sin un estatus legal.
Biden anunció el programa en junio. La suspensión ordenada por la corte, la cual tiene vigencia de dos semanas pero podría extenderse, se produce una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) comenzó a aceptar solicitudes.
“Las acusaciones son significativas y ameritan una mirada más de cerca de lo que la corte ha podido darle hasta el momento”, escribió Barker.
Barker fue nombrado por el expresidente Donald Trump en 2019 como juez en Tyler, Texas, que se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, un lugar favorito para los defensores que impulsan argumentos conservadores.
El juez estableció un cronograma bajo el cual podría darse una decisión poco antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre o antes de que el nuevo mandatario asuma el cargo en enero. Barker les dio a las dos partes hasta el 10 de octubre para presentar documentos relacionados al caso.
El programa ofrece a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que no cuenten con estatus legal —pero que cumplen con ciertos criterios— una vía para naturalizarse al permitirles solicitar una tarjeta de residencia y permanecer en el país en lo que se lleva a cabo el proceso. Tradicionalmente, el proceso podría incluir una espera de varios años fuera de Estados Unidos, provocando lo que los activistas comparan con una “separación de familias”.
El DHS no respondió por el momento a un email enviado para solicitar comentarios al respecto.
“La decisión de esta noche del tribunal de impedir que el gobierno federal proporcione alivio es devastadora para las miles de familias de Texas que podrían haberse beneficiado de este programa”, señaló el lunes Jessica Cisneros, abogada de la organización de defensa Texas Immigration Law Council.
Varias familias fueron notificadas de que sus solicitudes habían sido recibidas, según los abogados que defienden a familias que califican para inscribirse en el programa y que horas antes el lunes habían presentado una moción para intervenir.
“Texas no debería ser capaz de decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin confrontar su realidad”, dijo Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, durante una conferencia de prensa antes de que se diera a conocer la orden.
El programa ha resultado particularmente controversial en un año electoral en el que la inmigración es uno de los temas principales. Muchos republicanos han atacado la medida y aseguran que, en esencia, es una forma de amnistía para las personas que violaron la ley.
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, aplaudió la decisión del juez.
“Este es apenas el primer paso. Vamos a seguir luchando por Texas, nuestro país, y el Estado de derecho”, escribió Paxton en la red social X.
Para poder ampararse al programa, los inmigrantes deben haber vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años de forma ininterrumpida, no representar un riesgo a la seguridad ni tener antecedentes delictivos. Además, deben estar casados con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio, un día antes de que se diera a conocer el programa.
Los interesados deben pagar una cuota de 580 dólares y llenar una solicitud, en la cual se incluye una explicación de por qué merecen un permiso condicional humanitario, y presentar una larga lista de documentos que demuestren cuánto tiempo llevan en el país.
De recibir la aprobación, los solicitantes tienen tres años para tramitar la residencia permanente. Durante ese periodo pueden recibir un permiso de trabajo.
Antes de la llegada del programa, era complicado que las personas que estaban en el país sin autorización recibieran un permiso de residencia después de casarse con un ciudadano estadounidense. Estaban obligados a volver a sus países de origen —a menudo por varios años— y siempre con el riesgo de que no se les permitiera regresar a Estados Unidos.
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Informe del Servicio Secreto de EEUU detalla fallas que precedieron intento de asesinato de Trump
Nuevo informe señala que las deficiencias en la comunicación con la policía local dificultaron la respuesta del Servicio Secreto de EEUU antes del intento de asesinato del expresidente Donald Trump en julio.
Las fallas de comunicación con la policía local obstaculizaron la actuación del Servicio Secreto de Estados Unidos antes del intento de asesinato que sufrió el expresidente Donald Trump en julio, reveló un nuevo informe publicado este viernes.
El informe expone una letanía de oportunidades perdidas para detener al sujeto armado que abrió fuego desde una azotea donde no había seguridad.
Un documento de cinco páginas que resume las principales conclusiones del informe del Servicio Secreto encuentra errores en el actuar tanto de la policía local como de la federal, y pone de manifiesto las fallas en serie y de gran alcance que precedieron el tiroteo del 13 de julio en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, donde Trump resultó herido de bala en una oreja.
Aunque la respuesta fallida ha sido bien documentada con los testimonios rendidos ante el Congreso, investigaciones de los medios de comunicación y otras declaraciones públicas, el informe marca el intento más formal del USSS de catalogar los errores del día y se publica en el contexto de un nuevo escrutinio tras la detención el domingo en Florida de un hombre que, según las autoridades, tenía la intención de asesinar a Trump.
“Es importante que nos responsabilicemos de los fallos del 13 de julio y que utilicemos las lecciones aprendidas para asegurarnos de que no vuelva a repetirse otra misión fracasada como esta”, dijo el director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe Jr., en un comunicado que acompaña la publicación del informe.
El documento detalla una serie de “fallas de comunicación” antes de que Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparara hacia el punto donde se encontraba Trump desde la azotea de un edificio situado a menos de 137 metros y posteriormente fuera abatido por un francotirador del Servicio Secrto.
También deja claro que el Servicio Secreto sabía incluso antes del atentado que el lugar donde se llevaría a cabo el mitin planteaba un problema de seguridad.
Entre los problemas identificados, cabe destacar que algunos policías locales que se encontraban en el lugar desconocían que había dos centros de comunicaciones en el recinto, lo que significaba que los agentes no sabían que el Servicio Secreto no estaba recibiendo sus transmisiones de radio.
La policía también comunicaba información crucial fuera de las frecuencias de radio del Servicio Secreto. Mientras los agentes buscaban a Crooks antes del atentado, los detalles se transmitían “mediante dispositivos móviles/celulares de forma escalonada o fragmentada” en lugar de a través de la propia red del Servicio Secreto.
Congresistas debaten sobre el rol de Cuba en los métodos de represión aplicados en Venezuela tras las elecciones
En la audiencia, en la que participaron funcionarios del Departamento de Estado y agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la congresista María Elvira Salazar pidió que se ponga una pausa en cada licencia petrolera para Venezuela otorgada por el Departamento del Tesoro.
La representante María Elvira Salazar, que preside del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, convocó una audiencia para analizar la respuesta de Estados Unidos al fraude en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela.
En la audiencia, en la que participaron funcionarios del Departamento de Estado y agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la congresista pidió que se ponga una pausa en cada licencia petrolera para Venezuela otorgada por el Departamento del Tesoro.
“En ese país se ha desatado una cruel contradicción. (Nicolás) Maduro ha intensificado su brutalidad mediante la cárcel y la muerte. Mientras tanto, lamentablemente, las compañías petroleras estadounidenses y europeas, encabezadas por Chevron, Repsol y Morrell, han aumentado su extracción y sus ganancias, alimentando directamente la maquinaria tiránica de opresión”, dijo.
La congresista preguntó repetidas veces al subsecretario Adjunto para Asuntos del Brasil, el Cono Sur y los Países Andinos de Brasil en el Departamento de Estado, Kevin Sullivan, sobre la decisión de la administración de Joe Biden de otorgar una licencia comercial a la empresa Chevron que le autoriza extraer petróleo en Venezuela que genera millones de dólares al régimen, según Salazar.
“Consideramos los ingresos que genera Maduro al considerar estas decisiones, pero también tenemos en cuenta otros factores, como los intereses estadounidenses más amplios y nuestra posición en nuestros esfuerzos diplomáticos más amplios para abordar este problema”, contestó Sullivan.
"El gobierno de Estados Unidos se ha mantenido firme en su compromiso de apoyar al pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas”, agregó e indicó que continúan “trabajando con nuestros socios de la comunidad internacional para coordinar esfuerzos adicionales para exigir responsabilidades a Maduro y sus representantes”.
Por su parte, el congresista Mark Green, republicano por Tennessee, dijo que los métodos de represión que se han visto en Venezuela en las últimas semanas después de las elecciones son “tácticas del manual cubano” para aplastar la disidencia.
“No es sorprendente para quienes hemos estado prestando atención que la amplia presencia cubana en Venezuela responda a muchas preguntas sobre la naturaleza y las intenciones del régimen de Maduro”, dijo Green.
A lo que el demócrata y miembro de alto rango del subcomité, Joaquín Castro, agregó que él no quisiera tener relaciones con otros países latinoamericanos como la que se tiene con Cuba a la que calificó de aislamiento con una relación estancada. Añadió que, aunque no se opone a las sanciones y que las ha apoyado en el caso de algunos países, deben ser calibradas para no obtener resultados negativos.
Senado EEUU tramita ley de financiamiento provisional para evitar cierre parcial del gobierno
El Congreso debe aprobar una ley de gasto antes de que comience el nuevo año fiscal el 1 de octubre para evitar el paro de miles de trabajadores federales y el cierre de un amplio abanico de operaciones gubernamentales.
El Senado de Estados Unidos preparará un proyecto de ley sobre gasto temporal que evite un cierre parcial del gobierno a finales de mes, dijo el jueves el líder demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer.
"El tiempo no es un lujo que el Congreso tenga ahora mismo", dijo Schumer en el pleno del Senado. Agregó que los legisladores en la Cámara alta pasarían los próximos días tratando de llegar a un acuerdo que republicanos y demócratas por igual pudieran apoyar.
El Congreso debe aprobar una ley de gasto antes de que comience el nuevo año fiscal el 1 de octubre para evitar el paro de miles de trabajadores federales y el cierre de un amplio abanico de operaciones gubernamentales semanas antes de las elecciones del 5 de noviembre.
Un proyecto de ley que habría combinado seis meses de financiación con polémicos cambios en la ley electoral a los que se oponían los demócratas fracasó el miércoles en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo tras la votación que intentaría otro enfoque, pero no dio más detalles.
Las dos partes también están en desacuerdo sobre la duración de la financiación temporal. Johnson ha abogado por una prórroga de seis meses, lo que retiraría el tema de la mesa hasta la próxima primavera, cuando sus republicanos podrían controlar tanto la Casa Blanca como el Congreso.
Los demócratas abogan por una prórroga más corta, de tres meses, que obligaría al Congreso a abordar la cuestión a finales de este año, cuando el presidente demócrata Joe Biden siga en la Casa Blanca y los demócratas sigan al mando en el Senado.
Una prórroga prolongada del actual plan de financiación de 1,2 mil de millones de dólares también obstaculizaría el funcionamiento del gobierno porque impediría a organismos como el Departamento de Defensa poner en marcha nuevos proyectos.
Biden y Harris recibirán a Zelenskyy en la Casa Blanca
La visita oficial, programada para el jueves 26 de septiembre, incluye sendas reuniones en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta y actual aspirante presidencial demócrata, Kamala Harris.
Estados Unidos recibirá la próxima semana al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, según anunció este jueves la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
La visita oficial, programada para el jueves 26 de septiembre, incluye una reunión con el presidente Joe Biden y otra, por separado, con la vicepresidenta y actual aspirante presidencial demócrata, Kamala Harris. Ambos encuentros tendrán lugar en la Casa Blanca.
Según el comunicado oficial, los líderes discutirán el estado de la guerra entre Rusia y Ucrania, incluida la planificación estratégica de Ucrania y el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa iniciada el 24 de febrero de 2022.
"El Presidente y la Vicepresidenta enfatizarán su compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania hasta que prevalezca en esta guerra", indica la nota de prensa de la casa presidencial.
También este jueves el presidente de Ucrania denunció el ataque ruso a un asilo de ancianos en el norte de Ucrania.
"En la actualidad, en Sumy se están llevando a cabo las labores de rescate tras el impacto de una bomba rusa en una residencia de ancianos. Según las informaciones, en el interior del edificio se encontraban casi 300 personas, más de 200 residentes y 60 trabajadores. Se está llevando a cabo la evacuación de las personas y se está comprobando si aún quedan personas bajo los escombros. Tenemos información sobre los heridos, al menos una persona ha fallecido", dijo Zelenskyy.
"Rusia no podía ignorar que esta residencia de ancianos no era una base militar, no era una instalación militar. En lo que va de año, las fuerzas rusas han lanzado casi 90 bombas planeadoras sobre nuestras ciudades y sobre posiciones (militares) ucranianas. Responderemos sin falta al ejército ruso por este acto de terror. Nuestras represalias serán notables", advirtió el mandatario.
La semana pasada, el secretario de Estado Antony Blinken anunció más de 700 millones de dólares en ayuda humanitaria para Ucrania.
Además, manifestó que el compromiso de su gobierno con el país invadido por los rusos busca no solo garantizar que Ucrania pueda defenderse hoy, sino que "pueda mantenerse firme por sí misma, militar, económica y democráticamente, durante muchos, muchos días más; para asegurar el camino que el pueblo ucraniano ha elegido hacia una mayor integración en la comunidad euroatlántica, incluida la Unión Europea y la OTAN; para lograr una paz justa y duradera".
EEUU extiende nuevamente ley que respalda el embargo a Cuba
El presidente Joe Biden dijo que la extensión por un año más de la aplicación de la Ley de Comercio con el Enemigo, que permite mantener el embargo a Cuba, "es de interés nacional de Estados Unidos".
El presidente estadounidense Joe Biden extendió por un año más la aplicación de la ley que permite mantener el embargo comercial sobre el gobierno de Cuba, según anunció en un memorando enviado a los Departamentos del Tesoro y Estado y publicado el miércoles por el Registro Federal.
Biden dijo que determinaba que “la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional de Estados Unidos”.
Se trata de la renovación de la Ley de Comercio con el Enemigo, que data de 1917, bajo el mandato del presidente Woodrow Wilson, y que permite a la administración de turno restringir las actividades comerciales con cualquier nación al considerarla un enemigo de Estados Unidos.
En el caso de Cuba el embargo fue establecido en 1962 por el presidente John F. Kennedy.
La actual extensión firmada por Biden tiene fecha de expiración el 14 de septiembre de 2025.
“Por lo tanto, en consonancia con la autoridad que me confiere la sección 101(b) de la Ley Pública 95-223, continúo durante 1 año, hasta el 14 de septiembre de 2025, el ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba, tal como se implementan en las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, 31 C.F.R. Parte 515”, dijo el Presidente en el memorando.
Cuba ha culpado durante años al embargo de Estados Unidos de la crisis económica y social en la isla. La ley permite, sin embargo, una variedad de transacciones con Cuba, como el envío de ayuda humanitaria, la exportación de alimentos y medicinas, remesas, servicios de telecomunicaciones, y viajes de cubanoamericanos a la isla.
Desde 1992 La Habana somete cada año a votación en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución exigiendo el levantamiento del embargo, que es respaldada por una amplia mayoría de países.
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