El caso del líder de Unión Patriótica de Cuba José Daniel Ferrer, un opositor pacífico procesado por delitos comunes, está en el centro del Informe del Secretario de Estado Mike Pompeo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en 2019.

Aunque no hubo reportes de que el gobierno cubano o sus agentes cometieran asesinatos en 2019, sí se confirmaron desapariciones a manos de las autoridades gubernamentales o en su nombre, dice el documento.

El texto empieza por declarar que Cuba es un estado autoritario encabezado por Miguel Díaz-Canel, con el ex presidente Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), único partido constitucionalmente aceptado y la más alta instancia política del Estado.

Los reportes hablan de activistas detenidos cuyo paradero no se conoció durante días o semanas porque el gobierno no registró los arrestos, y el informe pone el ejemplo del líder de la Union Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, detenido repetidas veces en el año.

A menudo estuvo incomunicado durante varios días consecutivos sin que le presentaran cargos en un tribunal, reza el documento. Aunque en el arresto estuvieron presentes oficiales uniformados de la Seguridad del Estado, las autoridades negaron tenerlo bajo su custodia.

El 1ro de octubre la policía lo detuvo durante casi seis semanas antes de permitir que su familia lo viera, y no presentó cargos en su contra hasta el 15 de noviembre, 45 días después de su desaparición. Mientras tanto, las autoridades rechazaron los recursos de hábeas corpus presentados por su esposa. Y desde diciembre Ferrer ha estado oficialmente bajo custodia de las autoridades.

Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes

Hubo reportes de que miembros de las fuerzas de seguridad intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y activistas pro democracia, disidentes políticos, prisioneros encarcelados y personas bajo arresto, y que lo hicieron impunemente. Algunos detenidos y prisioneros también sufrieron abusos físicos a manos de carceleros o de otros reclusos con el consentimiento de los guardias.

La policía agredió a detenidos, o fue cómplice de hostigamiento público y agresiones físicas contra manifestantes pacíficos, dicen otros informes. Por ejemplo, en agosto, varios videos mostraban agresiones de la policía con perros y bastones a grupos de personas en los carnavales, a pesar de recibir poca resistencia. La policía también fue grabada mientras golpeaba a un chofer de taxi privado como parte de una campaña contra cuentapropistas.

El informe recoge que, el 12 de agosto, las autoridades impidieron que el activista cristiano evangélico Adrián del Sol saliera del país para asistir a un taller del grupo pro libertad religiosa Christian Solidarity Worldwide. La acción fue parte de una política más amplia para impedir arbitrariamente que algunas personas salieran de Cuba.

Habla también de la respuesta del padre de Adrián, el activista Guillermo del Sol, quien el 12 de agosto inició una huelga de hambre contra esa política. Ofrece también detalles de cómo lo ingresaron el 20 de septiembre en el hospital provincial de Villa Clara Arnaldo Milián Castro cuando llevaba 40 días de huelga, de las inyecciones intravenosas que le pusieron, y de que un médico lo declaró en perfecto estado de salud pese a los trastornos que sufrió a consecuencia de la huelga.

Los agentes de policía arrastraron a Del Sol a una camioneta de la Brigada Especial del Ministerio del Interior, lo llevaron a su casa y uno de los agentes le informó que la orden de sacarlo del hospital venía de arriba. “El general Raúl Castro nos dio la orden de llevarte a morir a tu casa, y te vas a morir como el perro anticomunista que eres”, le dijo. Varios activistas que trataron de visitarlo fueron arrestados y multados, y los teléfonos de la familia fueron confiscados.

Cuando le dieron permiso a Nelva Ismarays Ortega Tamayo --la esposa de José Daniel Ferrer—para visitarlo en prisión, lo encontró demacrado con huellas de repetidas torturas físicas. Según los informes que el Departamento de Estado usa como fuentes, Ferrer no podía levantar los brazos y contó el trauma psicológico a que fue sometido por órdenes de sus carceleros.

Los agentes de Seguridad del Estado de Cuba fueron destacados con frecuencia en países como Venezuela y Nicaragua, donde capacitaron y prestaron ayuda a otras organizaciones en el uso de tácticas represivas contra defensores de los derechos humanos. A veces, incluso, participaron directamente en ellas.

Esos agentes cubanos fueron decisivos para que la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) dejara de ser una pequeña institución dedicada a enfrentar las amenazas extranjeras y se convirtiera en una organización mucho mayor, encargada de suprimir la disidencia en las fuerzas armadas venezolanas para garantizar la lealtad al régimen de Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado cita un informe publicado el 5 de julio por Naciones Unidas, que acusó a la DGCIM de tortura y según el cual muchos ex prisioneros dijeron que los agentes cubanos, identificados por sus acentos, supervisaron al personal de la DGCIM en las sesiones de tortura.

Condiciones de las cárceles

Las condiciones de las cárceles siguieron siendo duras y potencialmente letales, indica el informe del Secretario Pompeo para 2019. Durante el año, las prisiones estuvieron superpobladas, con instalaciones deficientes y mala atención médica. Hubo informes de agresiones de carceleros a prisioneros.

En cuanto a condiciones estructurales, el gobierno no proporcionó información sobre el número, la ubicación ni la capacidad de los centros de detención, incluidas las cárceles, los campos de trabajo y otros tipos de instalaciones.

Las celdas no tienen agua, luz, ventilación, control de temperatura ni condiciones higiénicas adecuadas, dice el informe. Aunque el gobierno proporcionó algunos alimentos y atención médica, muchos prisioneros dependían de la familia para tener comida y otros suministros básicos. A menudo faltaba el agua potable. Las celdas estaban abarrotadas, y las mujeres reportaron falta de acceso a productos de higiene femenina y atención prenatal inadecuada.

La falta de atención médica provocó o agravó enfermedades de prisioneros, según reportaron ellos mismos, sus familiares y organizaciones no gubernamentales. Los presos también informaron brotes de dengue, tuberculosis, hepatitis y cólera. Hubo informes de muertes de prisioneros por ataques cardíacos, asma, VIH/sida y otras afecciones médicas crónicas, así como por suicidio.

Los presos políticos fueron recluidos junto con los presos comunes, y a los que se negaron a usar uniformes de prisión les negaron privilegios como el acceso a las bibliotecas de la cárcel, la reducción de la severidad de su condena o el traslado de una prisión de máxima seguridad a una prisión de mediana seguridad.

Hay informes creíbles de que carceleros agredieron a reclusos. El 11 de junio, el preso de conciencia Josiel Guía Piloto, miembro del Partido Republicano de Cuba, sufrió un colapso pulmonar después que los guardias lo golpearon, según su madre. Los presos políticos también informaron que algunos prisioneros, actuando por órdenes de las autoridades penitenciarias o con su consentimiento, los amenazaron, los golpearon, los intimidaron y los hostigaron.

El informe menciona también que el régimen de aislamiento era un castigo común por incumplimiento de normas penitenciarias, y varios presos fueron aislados durante meses, algunos incluso incomunicados, sin poder contactar a familiares ni amigos. A los críticos del gobierno y a los que hicieron huelgas de hambre los sometieron a confinamiento solitario prolongado, agresiones, reducción de visitas familiares y les negaron atención médica.

Las denuncias de maltratos no fueron investigadas y las autoridades carcelarias no aceptaban quejas, o las aceptaron para luego no responderlas. De acuerdo con familiares de presos políticos, les cancelaron arbitrariamente visitas ya programadas o las suspendían por completo.

Aunque les permitieron practicar su religión, los prisioneros no recibieron información sobre sus derechos religiosos, demoraron meses para responder solicitudes de ese tipo y limitaron las visitas de grupos religiosos a un máximo de dos o tres veces al año.

Monitoreo independiente: el gobierno no permitió el monitoreo de las condiciones en las cárceles por parte de grupos independientes nacionales e internacionales de derechos humanos, y no permitió que organizaciones humanitarias internacionales tuvieran acceso a los detenidos. Aunque el gobierno se comprometió en años anteriores a permitir la visita del Relator especial de la ONU sobre la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, no hubo ninguna visita durante 2019.

Detenciones y arrestos arbitrarios

Aunque la ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, y establece el derecho de cualquier persona a impugnar en tribunales la legalidad de su arresto o detención, el gobierno no cumplió esos requisitos, dice el informe.

Los arrestos arbitrarios y las detenciones a corto plazo aumentaron hasta convertirse en un método de rutina para controlar la expresión pública independiente y la actividad política. Los activistas fueron detenidos con frecuencia arbitrariamente, sin ser informados de ningún cargo en su contra, y a menudo se les impidió comunicarse con sus familiares.

De acuerdo con la ley, los oficiales de la policía deben entregar a los sospechosos un Reporte de arresto firmado que diga motivo, fecha y lugar de cualquier detención en una instalación policial, y un registro de artículos personales incautados durante una búsqueda policial, pero las autoridades ignoraron este requisito de manera rutinaria.

La policía detuvo e interrogó rutinariamente a los ciudadanos, pidió que se identificaran e hizo operaciones de búsqueda e incautación. Se sirvió de leyes contra el desorden público, la falta de respeto, la agresión y no haber pagado multas mínimas o arbitrarias para detener, amenazar y arrestar a activistas de la sociedad civil. Los agentes de la policía llevaron a cabo rutinariamente detenciones a corto plazo, a veces agrediendo a los detenidos.

Tanto la policía como los agentes de la Seguridad del Estado siguieron haciendo detenciones breves, y a veces violentas, para impedir actividades políticas independientes o asambleas libres. Las detenciones generalmente duraron entre varias horas y varios días.

La figura jurídica de “peligrosidad pre delictiva” permite detener a una persona hasta cuatro años sin acusarla de un delito concreto, sobre la base de una decisión subjetiva definida como la “propensión especial de una persona a cometer delitos, demostrada por una conducta en contradicción manifiesta con las normas socialistas”.

Aunque se utilice principalmente para controlar comportamientos antisociales como el abuso de sustancias o la prostitución, las autoridades cubanas también usaron esa figura jurídica para silenciar a opositores pacíficos.

Organizaciones cubanas defensoras de los derechos humanos, entre ellas Cuban Prisoners Defenders, con sede en España, publicaron listas de personas que consideran presos políticos y permanecen encarceladas en virtud de la ley de “peligrosidad pre delictiva”.

Métodos de detención y tratamiento de los detenidos

Según los procedimientos penales de Cuba, la policía tiene 24 horas después de un arresto para presentar una denuncia penal a un investigador policial. Este dispone de 72 horas para investigar y preparar un informe destinado a la fiscalía, que a su vez tiene 72 horas para recomendar al tribunal correspondiente si se debe abrir un caso penal.

En las primeras 168 horas, los detenidos deben ser informados del motivo del arresto y del caso penal y tener acceso a representación legal. Los acusados pueden quedar en libertad bajo fianza, puestos en detención domiciliaria o permanecer detenidos mientras procede la investigación.

Una vez que el acusado tiene un abogado, la defensa dispone de cinco días para responder los cargos de la fiscalía, después de lo cual generalmente se establece una fecha de juicio. Los fiscales pueden exigir juicios sumarios “en circunstancias extraordinarias” y en casos de delitos contra la seguridad del Estado.

Hubo informes de que los acusados se reunieron con sus abogados por primera vez apenas minutos antes del juicio, y que no se les informó el motivo de su arresto en el período requerido de las 168 horas iniciales.

Los informes sugieren que aunque pudiera habérseles concedido libertad bajo fianza, generalmente a los arrestados por actividades políticas no se les otorga. El tiempo de detención antes del juicio cuenta para el tiempo cumplido si el acusado es declarado culpable.

Los detenidos pueden ser interrogados en cualquier momento mientras permanezcan bajo arresto y no tienen derecho a solicitar la presencia de un abogado durante el interrogatorio. Pueden permanecer en silencio, pero la policía no está obligada legalmente de informarles de ese derecho.

Aunque la ley prohíbe el uso de la coerción durante los interrogatorios de investigación, la policía y las fuerzas de seguridad usaron tácticas agresivas y de abuso físico, amenazas y acoso durante los interrogatorios. Los detenidos informaron que los agentes los intimidaron con amenazas de detención indefinida, pérdida de los derechos de custodia de los hijos, denegación de permiso para salir del país y otros castigos.

Por ley, los investigadores deben completar las investigaciones penales en 60 días. Los fiscales pueden otorgar a los investigadores dos extensiones de 60 días, por lo que la investigación puede extenderse 180 días. El tribunal supervisor puede ampliar este plazo en “circunstancias extraordinarias” y previa solicitud especial del fiscal. En ese caso, no existe ningún requisito legal adicional para completar una investigación y presentar cargos penales, y las autoridades pueden detener a una persona indefinidamente sin haberle presentado cargos.

Arresto arbitrario: con frecuencia los agentes ignoraron los procedimientos legales que rigen el arresto, detuvieron a los sospechosos por más tiempo que el período legalmente establecido sin informarles sobre la naturaleza del arresto sin permitirles contacto con sus familiares ni brindarles asesoría legal.

La policía y los agentes de seguridad continuaron valiéndose de detenciones a corto plazo, a veces violentas, para evitar actividades políticas independientes y asambleas libres. Esas detenciones duraron por lo general entre varias horas y varios días. Solo en el mes de agosto, la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó al menos 267 detenciones arbitrarias, de las cuales más de la mitad eran miembros de la organización de derechos humanos Damas de Blanco. Los observadores señalaron que las detenciones aumentaron después de agosto.

Durante todo 2019, la líder de las Damas de Blanco, Berta de los Ángeles Soler Fernández, fue arrestada cada domingo cuando intentaba salir de su casa para protestar. Con frecuencia ella y otros miembros de las Damas de Blanco fueron maltratados físicamente mientras estaban bajo custodia policial, como demuestran los videos de sus arrestos. A las detenciones siguieron generalmente multas antes de que las liberaran. A menudo las multas carecían de información sobre qué parte de la ley había sido violada, o del nombre del agente responsable de multarlas, lo que dificultaba la impugnación de cargos en los tribunales.

A veces, las multas constituían la base para impedir que las personas viajaran al extranjero, dice el informe del Secretario de Estado.

Detención preventiva: el gobierno mantuvo detenidos bajo investigación durante meses o años, tanto en casos políticos como no políticos. En casos no políticos, los retrasos se debieron a menudo a ineficiencias burocráticas y a la falta de controles en la policía.

El 27 de agosto, las autoridades detuvieron al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Antes pasó 12 días detenido en agosto de 2018 en Santiago de Cuba, acusado de intento de asesinato luego de un accidente automovilístico en el que golpeó e hirió a un agente en Palmarito de Cauto. Hubo informes de que el agente se puso intencionalmente ante el vehículo conducido por Ferrer, lo que resultó en lesiones leves. Aun presuntamente coaccionando a testigos, la policía no pudo obtener pruebas contra Ferrer, y la fiscalía se vio obligada a liberarlo. Sin embargo, la policía continuó usando el caso como justificación para detenerlo.

En relación con una marcha prevista para el 8 de septiembre, varios activistas de UNPACU fueron detenidos arbitrariamente el 7 de septiembre. Al día siguiente, inmediatamente después de salir de su casa, Ferrer y otros miembros del grupo también fueron arrestados. El 1ro de octubre lo arrestaron de nuevo, esta vez por cargos de haber estado involucrado en una presunta agresión física a un miembro de UNPACU.

Los cargos probablemente fueron fabricados, según el testimonio de varias personas de que la presunta víctima salió ilesa de la sede de UNPACU, y de acuerdo con el testimonio de la esposa de la presunta víctima, según la cual las lesiones del hombre fueron el resultado de un accidente en motocicleta. Otra activista dijo que la amenazaron con prisión si no firmaba una declaración falsa que implicara a Ferrer en el presunto delito.

Ferrer estuvo recluido e incomunicado durante 72 horas antes de que las autoridades reconocieran que estaba bajo custodia y le negaron el acceso a su esposa. Días después le permitieron verlo y recibió permiso para enviarle un cambio de ropa, pero no medicamentos para atender su condición médica crónica. El 18 de octubre, después de no verlo durante más de dos semanas, presentó un recurso de hábeas corpus indicando que la familia de Ferrer no sabía su paradero ni si aún estaba vivo, y que no habían sido informados de los cargos presentados contra él. También querían designar un abogado para representarlo.

El tribunal falló en contra de la petición, alegando que los cargos se habían presentado el 3 de octubre, y que lo acusaron formalmente el 7 de octubre, sin indicar dónde estaba ni los cargos en su contra.

El 25 de octubre, cuando ni ella ni sus abogados tenían acceso a su esposo, y aún sin conocer los cargos contra él, la esposa de Ferrer y sus tres hijos menores se manifestaron contra el maltrato al prisionero en un parque público en Santiago de Cuba.

Agentes de la Seguridad del Estado arrestaron a todos los que participaban en la protesta. El 7 de noviembre se le permitió una visita supervisada de cinco minutos con él, la primera prueba que recibió en más de un mes de que Ferrer seguía vivo. El describió los castigos extremos a que lo sometían sus carceleros, quienes lo encadenaron de pies y manos, le dieron solo comida en mal estado y agua sucia, y lo recluyeron con un connotado delincuente violento que dijo que le ofrecieron privilegios si golpeaba a Ferrer (lo que hizo regularmente).

Los agentes de la prisión ignoraron las súplicas de la esposa de Ferrer de que tuvieran en cuenta los problemas de salud de él y aceptaran la medicina que ella había llevado a la prisión, y le prohibieron volver a visitar las instalaciones. El 15 de noviembre, el gobierno le dio una copia de los cargos presentados contra Ferrer el 7 de octubre. El 3 de diciembre Ferrer aún no había tenido acceso a un abogado ni le habían fijado fecha de juicio.

Negación de juicio público justo

Si bien la Constitución de Cuba reconoce la independencia del poder judicial, el poder judicial está directamente subordinado a la Asamblea Nacional y al Partido Comunista, que puede destituir o nombrar jueces en cualquier momento. Las consideraciones políticas dominaron completamente el poder judicial, y no hubo separación de poderes entre el sistema judicial, el Partido Comunista y el Consejo de Estado.

Los tribunales civiles existen a nivel municipal, provincial y nacional. Los tribunales especiales se reúnen a puertas cerradas para casos políticos ("contrarrevolucionarios") y otros casos considerados "sensibles a la seguridad del Estado". La práctica del gobierno fue negar arbitrariamente la entrada de observadores al juicio. Los tribunales militares también pueden tener jurisdicción sobre los civiles si alguno de los acusados es miembro activo del ejército, la policía u otra agencia policial, o si antes lo fue.

Procedimiento de prueba

La ley establece el derecho a un juicio público, pero en ocasiones los juicios por motivos políticos se mantuvieron en secreto, y las autoridades invocaron excepciones por tratarse de “delitos contra la seguridad del Estado” o “circunstancias extraordinarias”. Muchos casos concluyeron rápidamente y se estuvieron cerrados a la prensa.

Los derechos al debido proceso deben aplicarse por igual a todos los ciudadanos, y también a los extranjeros, pero los tribunales regularmente no protegieron ni observaron esos derechos. La ley presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, pero las autoridades a menudo ignoraron esa premisa y pusieron la carga sobre los acusados para demostrar su inocencia. La ley otorga a los acusados de delitos el derecho de no ser obligados a declarar o a confesar su culpabilidad.

La ley requiere que los acusados sean representados por un abogado, a expensas públicas si fuera necesario. Los abogados contratados en privado a menudo fueron reacios a defender a personas acusadas de delitos políticos o asociadas con casos de derechos humanos. Los abogados de los acusados pueden interrogar a los testigos del gobierno y presentar testigos y evidencia. Solo los abogados estatales tienen licencia para ejercer en tribunales penales.

Los criterios para admitir pruebas fueron arbitrarios y discriminatorios. Según los informes que sirven de fuente al Departamento de Estado, los fiscales introdujeron a menudo pruebas irrelevantes o poco confiables para cuestionar las credenciales revolucionarias de un acusado.

Los abogados defensores tienen derecho a revisar los archivos de investigación de un acusado a menos que los cargos involucren “delitos contra la seguridad del Estado”. En estos casos, no se permitió el acceso de los abogados defensores hasta que se presentaron cargos.

El 7 de agosto, un tribunal provincial condenó al periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces a un año de prisión luego de darle apenas media hora para revisar los cargos de “resistencia y desobediencia” y para preparar una defensa sin haber tenido acceso a un abogado. Quiñones tenía fotografías y otras evidencias de que lo golpearon durante su arresto, pero el tribunal se negó a permitirle que las presentara en su defensa. Durante su apelación, el tribunal negó su derecho a convocar testigos.

En los casos de acusados de “peligrosidad pre delictiva”, el estado solo debe demostrar que el acusado tiene “propensión” al delito, por lo que no es necesario que haya ocurrido un delito concreto. Las penas pueden ser de hasta cuatro años en prisión.

Además de prostitutas, alcohólicos, jóvenes que se negaron a presentarse en sus centros de trabajo e infractores reincidentes de las leyes que limitan el cambio de domicilio, fueron procesados al amparo de esa figura jurídica los activistas políticos que participaron en protestas públicas.

La ley reconoce el derecho de apelación en los tribunales municipales, pero lo limita en los tribunales provinciales a los casos que impliquen largas condenas de prisión o la pena de muerte.

Prisioneros y detenidos políticos

El gobierno de Cuba retuvo a presos políticos y a detenidos por esa causa, pero negó que lo hiciera y rechazó el acceso a sus cárceles y centros de detención por parte de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias internacionales.

La ONG con sede en España Cuban Prisoners Defenders calculó que había 125 presos políticos condenados cumpliendo condenas a partir del 1 de septiembre, mientras que otros grupos creíbles elevaron ligeramente esa cifra.

El gobierno usó el calificativo de “contrarrevolucionario” para los reclusos considerados opositores políticos, pero no publicó cuantos cayeron en esa categoría. El gobierno siguió de cerca a las organizaciones que monitorearon la cantidad de prisioneros políticos, que a menudo se enfrentaron al acoso de las autoridades estatales.

Los presos políticos informaron que el gobierno los mantuvo aislados durante largos períodos. No recibieron las mismas protecciones que otros prisioneros o detenidos. El gobierno también negó con frecuencia a los presos políticos el permiso para visitas domiciliarias, clases en prisión, llamadas telefónicas y, en ocasiones, visitas familiares.

El 16 de julio, Elías Pérez Bocourt fue puesto en libertad después de pasar más de 27 años en prisión por “piratería” por su participación en un intento de salida del país cuando tenía 22 años. Pese a sufrir una discapacidad mental leve, recibió una sentencia completa y fue encarcelado inicialmente en la prisión especial de Camagüey, donde pasó ocho años en régimen de aislamiento.

Según fuentes confiables, durante ese tiempo los carceleros lo golpeaban una vez por semana, rociaban su pequeña celda con aerosol y alentaban a otros presos a defecar en su celda. Más tarde, cuando lo pusieron en una celda común, otros presos lo maltrataban, incluso lo violaron, con la complicidad de los guardias. Durante los 27 años de su reclusión, los guardias lo golpearon cada año en el aniversario de su intento de escapar de Cuba.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Es posible buscar en tribunales civiles remedios judiciales a violaciones de decisiones administrativas, pero expertos legales independientes notaron ineficiencias procesales y burocráticas que a menudo retrasaron o socavaron la ejecución de las decisiones administrativas y las órdenes de los tribunales civiles.

Como todos los demás tribunales del país, los tribunales civiles carecieron de independencia e imparcialidad y de garantías procesales. Ningún tribunal permitió a los demandantes entablar demandas judiciales en busca de remedios por violaciones de derechos humanos.

Interferencia arbitraria o ilegal de la privacidad, la familia, el hogar y la correspondencia

La constitución establece la protección de los derechos de privacidad de los ciudadanos en sus hogares y de su correspondencia, y la ley requiere que la policía disponga de una orden judicial firmada por un fiscal o un magistrado antes de hacer un registro. Los agentes, sin embargo, no respetaron estas protecciones. Según se informa, agentes del gobierno revisaron sistemáticamente la correspondencia y las comunicaciones entre los ciudadanos, rastrearon sus movimientos y entraron a sus hogares impunemente y sin autoridad legal.

El 18 de noviembre, el Consejo de Estado aprobó enmiendas al Código Penal que legalizan las técnicas encubiertas para obtener información que podría usarse como evidencia en un juicio penal sin la aprobación o la supervisión de un juez. Esas técnicas incluyeron la recopilación de información por parte de oficiales encubiertos, grabación de voz, monitoreo de ubicación, filmación, intercepciones de comunicaciones y acceso subrepticio a sistemas informáticos. El gobierno ya empleó estos procedimientos de manera rutinaria y generalizada antes de que se legalizaran oficialmente.

Las fuerzas de seguridad hicieron registros arbitrarios, especialmente en zonas urbanas y en puntos de control ubicados en los límites de provincias y municipios. Las autoridades usaron pretextos dudosos para ingresar a las residencias donde sabían que se reunían activistas, como inspecciones “aleatorias” de servicios públicos o falsos reportes de una perturbación.

Las autoridades también usaron razones legítimas para acceder a las residencias –por ejemplo, fumigar hogares en la campaña contra los mosquitos-- como pretexto para hacer registros ilegales.

El Ministerio del Interior se sirvió de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) para monitorear a los opositores e informar sobre sus actividades. Los agentes de la Dirección General de Seguridad del Estado del MININT sometieron a periodistas extranjeros, funcionarios y diplomáticos extranjeros, académicos y empresarios a visitas frecuentes, incluida la vigilancia electrónica.

El Partido Comunista de Cuba es el único partido político legalmente reconocido, y el gobierno reprimió activamente los intentos de formar otros partidos.

Familiares de los empleados del gobierno que abandonaron misiones internacionales (médicos, deportistas, investigadores) sin permiso oficial enfrentaron hostigamiento gubernamental o la pérdida de empleo, acceso a la educación y otros beneficios públicos. Según los informes que sirven de fuente al Departamento de Estado, los familiares de los defensores de los derechos humanos, incluyendo sus hijos menores, sufrieron represalias por las actividades de sus familiares. Estas represalias van desde salarios reducidos y expulsión del trabajo hasta negarles la entrada a la universidad o expulsarlos de la universidad, además de otras formas de acoso.

RESPETO POR LAS LIBERTADES CIVILES

Libertad de expresión y prensa

La Constitución cubana permite la libertad de expresión, incluyendo la de prensa, bajo la condición de que “esté a tono con los propósitos de la sociedad socialista”. Quien viole las leyes que prohíben la crítica a los líderes del gobierno o distribuya propaganda antigubernamental encara penas de tres meses a cinco años de prisión.

El gobierno no tolera la crítica pública de funcionarios o programas del gobierno y limita el debate público de asuntos considerados políticamente sensibles. En esa dirección, pasó dos leyes adicionales que criminalizan la libertad de expresión:

El Decreto 349, que entró en efecto en diciembre del 2018, institucionaliza la censura del arte independiente y establece violaciones para el arte que no es regulado o reconocido por las instituciones culturales oficiales. El decreto también permite a “inspectores supervisores” revisar eventos culturales, les da derecho a cerrar inmediatamente cualquier exposición que consideren violatoria de la ley y retirar la licencia a cualquier negocio que albergue el evento considerado ofensivo.

La Ley de Símbolos Nacionales criminaliza la manera en que la bandera puede ser mostrada o usada en contextos creativos.

La Policía arrestó a varias personas que protestaron contra estas leyes durante el año, incluyendo a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, una organización que promueve la independencia cultural. Otero Alcántara fue arrestado al menos 18 veces entre 2018 y 2019.

Los agentes de la seguridad regularmente acosan a los organizadores de foros independientes de debate sobre temas culturales y sociales, para impedirles discutir asuntos que son considerados controversiales.

Los organizadores han reportado agresiones por parte de agentes de la seguridad, instalación de sistemas de vigilancia de video fuera de los lugares de reunión y la detención de panelistas e invitados en los días que se suponían que participaran en los debates.

Además, a activistas de derechos humanos, periodistas independientes y artistas se les prohibió viajar fuera del país para asistir a eventos de debate sobre derechos humanos y democracia en la isla. La prensa y líderes religiosos han afirmado que el gobierno continúa acosando a integrantes de grupos religiosos que favorecen una mayor libertad religiosa y política.

Trabajadores gubernamentales reportaron que habían sido despedidos, degradados o censurados por expresar sus opiniones o afiliarse a organizaciones independientes. Varios profesores universitarios, investigadores y estudiantes reportaron situaciones similares.

Prensa y medios, incluyendo internet: El gobierno es dueño de todos los medios de prensa impresos, transmitidos y de todas las fuentes de información disponibles. Todos los reportes de prensa fueron uniformes a lo largo de todos los medios.

El gobierno también controla casi todas las publicaciones y medios de prensa y limita la importación de los materiales necesarios para imprimir. Los reporteros extranjeros en el país tienen acceso limitado y con frecuencia se les niega entrevistas con los funcionarios oficiales.

El gobierno acosa y amenaza a los periodistas independientes que reportan violaciones de los derechos humanos en el país.

El 10 de octubre, 19 medios independientes de prensa publicaron una declaración conjunta sobre el estado del periodismo independiente en el país. Denunciaron 183 incidentes documentados de agresiones del Estado contra periodistas desde enero el 2018.

El 22 de abril, el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces fue agredido y arrestado durante una cobertura periodística sobre libertad religiosa. Quiñones estaba entrevistando a la hija de dos pastores protestantes que enfrentaban la sentencia de una corte por querer educar a sus hijos en casa, en lugar de enviarlos a la escuela.

Quiñones Haces preguntó por qué estaba siendo arrestado. En lugar de responderle, un oficial le torció el brazo a la espalda, le puso esposas y lo tiró al suelo. Después lo arrastraron hasta el carro policial. Uno de los agentes golpeó a Quiñones Haces, de 65 años, varias veces, incluyendo un golpe en la sien que le rompió el tímpano. El periodista fue sentenciado a un año de “trabajo correccional” por “resistencia y desobediencia”.

Quiñones Haces continuó escribiendo desde prisión, especialmente sobre las duras condiciones de la cárcel, por lo que ha sido amenazado con más “medidas disciplinarias”.

Violencia y acoso: El gobierno no reconoce el periodismo independiente y los periodistas independientes a veces enfrentan acoso, incluyendo detenciones y abuso físico. La mayoría de las detenciones fueron a reporteros independientes que grabaron arrestos y acoso de activistas o intentaron cubrir temas políticamente sensibles.

Periodistas y miembros del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa han reportado un aumento de la represión desde que el presidente Miguel Díaz-Canel tomó posesión de su cargo. Periodistas independientes han experimentado acoso, violencia, intimidación, agresión y censura, y fueron confinados a sus casas o se les impidió viajar al extranjero.

Censura y restricciones a los contenidos: La ley prohíbe la distribución o impresión de materiales impresos considerados “contrarrevolucionarios” o críticos del gobierno. Las publicaciones extranjeras están generalmente limitadas a las áreas turísticas.

La distribución de materiales con contenido político –incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, periódicos extranjeros e información independiente sobre salud pública- no es permitida, y la posesión de esos materiales en algunas ocasiones derivó en acosos y detenciones. Los funcionarios del gobierno también confiscaron o destruyeron cámaras y celulares para impedir la distribución de fotografías y videos considerados objetables.

Leyes sobre libelo o difamación: El gobierno usó leyes sobre difamación para arrestar a personas que han criticado al liderazgo del país. Con frecuencia el gobierno arrestó y acusó a personas por el delito ambiguo de “enfrentamiento a la autoridad”.

Los activistas de derechos humanos reportaron que trolls del gobierno siguieron sus cuentas de medios sociales y reportaron sobre la práctica del gobierno de enviar mensajes de texto advirtiéndoles a los vecinos que no se asociaran con disidentes.

Libertad en internet

El gobierno restringió el acceso a internet, y hubo varios reportes de monitoreo sin autorización legal del email, medios sociales, foros de debate e historia de navegación de ciudadanos cubanos y extranjeros.

El gobierno controla todo el acceso a internet, excepto limitados accesos provistos por misiones diplomáticas y un pequeño pero creciente número de redes clandestinas. El gobierno usó una combinación de bloqueos en internet, presiones contra operadores de páginas, arrestos, intimidación, encarcelamiento y vigilancia extrajudicial para censurar información crítica del régimen y silenciar a los críticos.

Durante el año, el gobierno incrementó el número de sitios Wi-Fi y en diciembre lanzó la red 3G, que permite por primera vez a las personas acceder a internet en sus celulares sin necesidad de conectarse al Wi-Fi, pero el costo fue demasiado para la mayoría de los ciudadanos.

Radio Televisión Martí entre los bloqueados

El número de páginas de internet bloqueadas fluctuó, con aproximadamente 20 portales bloqueados regularmente, incluyendo medios como CubaNet y Martí Noticias, y portales críticos del récord de derechos humanos del gobierno.

El gobierno frecuentemente se enfocó en los usuarios de SNet (abreviatura de Street Network), un sistema operado por una comunidad de redes inalámbricas que les permite a las personas intercambiar información fuera del control del Estado. El 29 de julio, nuevas regulaciones entraron en efecto para poner estas redes bajo regulación del Estado, al transferir los servicios de SNet y su contenido a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), el proveedor de internet del gobierno.

Ariel Maceo Téllez, uno de los coordinadores de SNet, fue arrestado el 16 de agosto. Aunque la ley no especifica penalidades por el uso no autorizado de la internet, es ilegal tener una antena de satélite que provea acceso no censurado a internet, y las autoridades restringen el uso de equipamiento de redes, algo fundamental para SNet.

El uso de software para cifrar y transferir carpetas cifradas es también ilegal. A pesar del pobre acceso, el acoso y los retos de infraestructura, un número creciente de ciudadanos mantienen blogs en los que publican opiniones críticas del gobierno, con ayuda de extranjeros, quienes frecuentemente construyen y mantienen los blogs en el exterior. El gobierno bloquea el acceso local a estos blogs.

Además, un número pequeño pero creciente de ciudadanos usan Twitter, Facebook, Instagram y otros medios sociales para reportar de manera independiente sobre sucesos en el país, incluyendo críticas al gobierno. Los blogueros enfrentan el acoso gubernamental, incluyendo detenciones y abuso físico.

Libertad académica y eventos culturales

El gobierno restringió las libertades académicas y controló los estudios en escuelas y universidades, enfatizando la importancia de la “ideología revolucionaria” y la “disciplina”. La mayoría de los académicos se abstuvieron de reunirse con extranjeros, incluyendo diplomáticos, periodistas y académicos de visita, sin un permiso previo del gobierno y, a veces, la presencia de un funcionario del gobierno.

A los que se les permitió viajar al exterior, sabían que sus acciones, si eran consideradas políticamente no favorables, podían afectarles negativamente a ellos y sus familiares en la isla.

Durante el año, el gobierno permitió que algunos centros educativos religiosos pudieran operar con mayor espacio de maniobra. Artistas y académicos que expresaron sus opiniones enfrentaron acoso y críticas orquestadas por el gobierno. De acuerdo con la revista digital Tremenda Nota, al menos 30 profesores fueron despedidos de universidades entre 1991 y el 2019.

Los académicos y sus estudiantes enfrentaron una creciente discriminación ideológica durante el año. Por ejemplo, el 20 de agosto, Martha del Carmen Mesa Valenciano, viceministra de Educación Superior, publicó una carta abierta anunciando que “quien no sienta partidario de las políticas revolucionarias del Partido, un defensor de nuestra ideología, nuestra moral, nuestras convicciones políticas, debe renunciar a su posición como profesor universitario”.

Esta declaración intentó justificar el despido de la profesora Omara Ruiz Urquiola.

Aunque no quedó claro si la carta abierta era la política del gobierno, reafirmó una larga práctica de despedir a profesores universitarios por su ideología. Durante una aparición, el 16 de septiembre, en el programa televisivo Mesa Redonda, el ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi, confirmó que las universidades públicas censuran y expulsan a los profesores y estudiantes que contradicen al Partido Comunista de Cuba o a sus líderes.

La creciente hostilidad pública hacia la disidencia ha tenido un efecto nocivo en el discurso académico y ha llevado a algunas instituciones a ir más lejos, como la Universidad de Oriente, que publicó un largo artículo el 2 de octubre justificando el despido del profesor de Leyes René Fidel González García.

La universidad lo acusó de una serie de artículos “controversiales, contradictorios e irrespetuosos” escritos del 2012 al 2016 que asumieron posiciones hipotéticas para examinar el mérito intelectual.

Según la universidad, los artículos “provocaron que profesores, estudiantes y ciudadanos en general se cuestionaran los contenidos y algunas veces simpatizaran con las posiciones en su confusión”, y a menudo generaron debate.

Los funcionarios de la universidad se ofendieron cuando González reafirmó su derecho a la libertad de expresión bajo la Constitución y declaró que “entendía los límites a ese derecho”. Como consecuencia, se le prohibió enseñar y fue expulsado del Partido Comunista de Cuba.

Durante el año, las universidades adoptaron nuevos criterios para admitir estudiantes basados en sus posiciones ideológicas. Las bibliotecas públicas requirieron que los ciudadanos completaran un proceso de registración antes de que el gobierno les permitiera acceso a libros o información.

Libertad de reunión pacífica y de asociación

El gobierno restringió la libertad de reunión pacífica y asociación. Aunque la Constitución garantiza un derecho limitado de asamblea, está sujeto al requerimiento de que no puede ser “ejercido contra la existencia y objetivos del Estado socialista”.

La ley requiere que los ciudadanos pidan autorización para reuniones de tres o más personas y, de no hacerlo, puede costarles tres meses en prisión y una multa.

Los activistas independientes, como también los partidos políticos que no fueran el Partido Comunista de Cuba, enfrentaron grandes obstáculos y las fuerzas de la Seguridad del Estado con frecuencia suprimieron asambleas, incluso tratándose de pequeños números de personas.

El gobierno se negó a permitir demostraciones independientes o reuniones públicas de grupos de derechos humanos o críticos de cualquier actividad del gobierno. El 11 de mayo, las autoridades pusieron fin de manera violenta a una marcha independiente de activistas a favor de las lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI), en la que golpearon y detuvieron a varios participantes.

El 8 de septiembre, día de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, el gobierno suprimió una marcha organizada por UNPACU. La manifestación, llamada Marcha de los Girasoles, en honor de la flor que representa a la santa patrona, llevó al gobierno a prohibir la venta de girasoles en las ciudades en los días previos a la marcha.

Varios miembros de la UNPACU fueron arbitrariamente detenidos el 7 de septiembre y el 8 de septiembre. Inmediatamente después de que saliera de su casa con varios seguidores, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer y otros activistas, fueron arrestados. En total, el gobierno detuvo a 130 individuos, después de allanar varias oficinas de la UNPACU y casas de sus miembros. Muchos fueron golpeados durante el arresto.

La mayoría de los detenidos fueron liberados en días posteriores, después de pagar una multa, pero uno de los organizadores, Ovidio Martín Castellanos, fue sentenciado a cinco meses en prisión por negarse a pagar una multa de 2,000 pesos cubanos (80 dólares).

Muchos líderes de la UNPACU y sus familiares fueron arrestados y mantenidos incomunicados durante días.

El gobierno impidió con frecuencia reuniones independientes sobre defensa de los animales, violencia de género y otras formas de activismo de sociedad civil. Usando policías encubiertos y agentes del Ministerio del Interior, organizó “actos de repudio” para asaltar y dispersar a quienes se reunían pacíficamente.

Libertad de asociación

El gobierno de manera rutinaria niega el derecho de los ciudadanos a la asociación y no reconoce las asociaciones independientes. La ley prohíbe cualquier organización política que no sea oficialmente reconocida.

La policía allana reuniones de un número de organizaciones independientes, incluyendo partidos políticos de oposición y asociaciones profesionales, que son operadas como ONG sin reconocimiento legal.

Por ejemplo, el 31 de agosto, agentes de la Seguridad del Estado allanaron la reunión de Peña del Júcaro Martiano, un grupo de intelectuales que se reunió para estudiar y celebrar la vida de José Martí. Los policías impidieron que personas entraran a la casa donde la reunión tenía lugar, accedieron a la vivienda bajo la justificación de un “chequeo del contador eléctrico”, amenazaron y fotografiaron a las personas que arribaron y arrestaron e interrogaron a uno de los miembros, Alenmichel Aguiló.

Iglesias reconocidas (incluyendo la organización humanitaria Caritas, de la Iglesia católica romana), el movimiento masón y un número de organizaciones fraternales y profesionales son las únicas organizaciones a las que se les permitió funcionar fuera de las estructuras del partido de gobierno.

Libertad de movimiento

Continúan las restricciones a la libertad de movimiento dentro del país, viajes al extranjero y migración con el derecho a regresar. El gobierno controló la migración interna de las áreas rurales a La Habana, algunas veces arrestando a personas en la capital si las autoridades descubrían que tenían residencia en otra ciudad.

El gobierno también impidió a ciudadanos y personas de ascendencia cubana que viven en el extranjero entrar al país, aparentemente sobre la base de que criticaron al gobierno o habían “abandonado” posiciones en el exterior como doctores mal pagados o atletas.

A la maestra de ajedrez Jennifer Pérez le fue denegado el pasaporte al menos cuatro veces porque era considerada una desertora por residir en el exterior y aprovecharse de mejores oportunidades de trabajo, le informaron las autoridades cubanas en Ecuador.

Movimiento dentro del país: Aunque la Constitución permite a todos los ciudadanos viajar a cualquier lugar dentro del país, cambiar la residencia a La Habana fue restringida. El gobierno puede multar a personas que vivan en un lugar sin autorización y enviarlas de vuelta a su lugar legal de residencial.

Viajes al extranjero: El gobierno continuó exigiendo que ciertos profesionales e individuos de ciertas categorías sociales obtuvieran un permiso para emigrar, incluyendo personal médico altamente especializado, militares y personal de seguridad, muchos funcionarios del gobierno, incluyendo académicos y muchos prisioneros políticos y activistas de derechos humanos.

También usó de manera arbitraria justificaciones espurias para denegar el permiso de salida del país a activistas de derechos humanos, quienes iban a participar en eventos o programas de entrenamiento.