Derechos Humanos
José Daniel Ferrer al centro del informe de Pompeo sobre Cuba y los derechos humanos
![José Daniel Ferrer. (Foto: Diario Las Américas)](https://gdb.martinoticias.com/fbbae357-3cc9-4851-beed-acf9e162e62d_w250_r1_s.jpg)
El caso del líder de Unión Patriótica de Cuba José Daniel Ferrer, un opositor pacífico procesado por delitos comunes, está en el centro del Informe del Secretario de Estado Mike Pompeo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en 2019.
Aunque no hubo reportes de que el gobierno cubano o sus agentes cometieran asesinatos en 2019, sí se confirmaron desapariciones a manos de las autoridades gubernamentales o en su nombre, dice el documento.
El texto empieza por declarar que Cuba es un estado autoritario encabezado por Miguel Díaz-Canel, con el ex presidente Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), único partido constitucionalmente aceptado y la más alta instancia política del Estado.
Los reportes hablan de activistas detenidos cuyo paradero no se conoció durante días o semanas porque el gobierno no registró los arrestos, y el informe pone el ejemplo del líder de la Union Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, detenido repetidas veces en el año.
A menudo estuvo incomunicado durante varios días consecutivos sin que le presentaran cargos en un tribunal, reza el documento. Aunque en el arresto estuvieron presentes oficiales uniformados de la Seguridad del Estado, las autoridades negaron tenerlo bajo su custodia.
El 1ro de octubre la policía lo detuvo durante casi seis semanas antes de permitir que su familia lo viera, y no presentó cargos en su contra hasta el 15 de noviembre, 45 días después de su desaparición. Mientras tanto, las autoridades rechazaron los recursos de hábeas corpus presentados por su esposa. Y desde diciembre Ferrer ha estado oficialmente bajo custodia de las autoridades.
Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
Hubo reportes de que miembros de las fuerzas de seguridad intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y activistas pro democracia, disidentes políticos, prisioneros encarcelados y personas bajo arresto, y que lo hicieron impunemente. Algunos detenidos y prisioneros también sufrieron abusos físicos a manos de carceleros o de otros reclusos con el consentimiento de los guardias.
La policía agredió a detenidos, o fue cómplice de hostigamiento público y agresiones físicas contra manifestantes pacíficos, dicen otros informes. Por ejemplo, en agosto, varios videos mostraban agresiones de la policía con perros y bastones a grupos de personas en los carnavales, a pesar de recibir poca resistencia. La policía también fue grabada mientras golpeaba a un chofer de taxi privado como parte de una campaña contra cuentapropistas.
El informe recoge que, el 12 de agosto, las autoridades impidieron que el activista cristiano evangélico Adrián del Sol saliera del país para asistir a un taller del grupo pro libertad religiosa Christian Solidarity Worldwide. La acción fue parte de una política más amplia para impedir arbitrariamente que algunas personas salieran de Cuba.
Habla también de la respuesta del padre de Adrián, el activista Guillermo del Sol, quien el 12 de agosto inició una huelga de hambre contra esa política. Ofrece también detalles de cómo lo ingresaron el 20 de septiembre en el hospital provincial de Villa Clara Arnaldo Milián Castro cuando llevaba 40 días de huelga, de las inyecciones intravenosas que le pusieron, y de que un médico lo declaró en perfecto estado de salud pese a los trastornos que sufrió a consecuencia de la huelga.
Los agentes de policía arrastraron a Del Sol a una camioneta de la Brigada Especial del Ministerio del Interior, lo llevaron a su casa y uno de los agentes le informó que la orden de sacarlo del hospital venía de arriba. “El general Raúl Castro nos dio la orden de llevarte a morir a tu casa, y te vas a morir como el perro anticomunista que eres”, le dijo. Varios activistas que trataron de visitarlo fueron arrestados y multados, y los teléfonos de la familia fueron confiscados.
Cuando le dieron permiso a Nelva Ismarays Ortega Tamayo --la esposa de José Daniel Ferrer—para visitarlo en prisión, lo encontró demacrado con huellas de repetidas torturas físicas. Según los informes que el Departamento de Estado usa como fuentes, Ferrer no podía levantar los brazos y contó el trauma psicológico a que fue sometido por órdenes de sus carceleros.
Los agentes de Seguridad del Estado de Cuba fueron destacados con frecuencia en países como Venezuela y Nicaragua, donde capacitaron y prestaron ayuda a otras organizaciones en el uso de tácticas represivas contra defensores de los derechos humanos. A veces, incluso, participaron directamente en ellas.
Esos agentes cubanos fueron decisivos para que la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) dejara de ser una pequeña institución dedicada a enfrentar las amenazas extranjeras y se convirtiera en una organización mucho mayor, encargada de suprimir la disidencia en las fuerzas armadas venezolanas para garantizar la lealtad al régimen de Nicolás Maduro.
El Departamento de Estado cita un informe publicado el 5 de julio por Naciones Unidas, que acusó a la DGCIM de tortura y según el cual muchos ex prisioneros dijeron que los agentes cubanos, identificados por sus acentos, supervisaron al personal de la DGCIM en las sesiones de tortura.
Condiciones de las cárceles
Las condiciones de las cárceles siguieron siendo duras y potencialmente letales, indica el informe del Secretario Pompeo para 2019. Durante el año, las prisiones estuvieron superpobladas, con instalaciones deficientes y mala atención médica. Hubo informes de agresiones de carceleros a prisioneros.
En cuanto a condiciones estructurales, el gobierno no proporcionó información sobre el número, la ubicación ni la capacidad de los centros de detención, incluidas las cárceles, los campos de trabajo y otros tipos de instalaciones.
Las celdas no tienen agua, luz, ventilación, control de temperatura ni condiciones higiénicas adecuadas, dice el informe. Aunque el gobierno proporcionó algunos alimentos y atención médica, muchos prisioneros dependían de la familia para tener comida y otros suministros básicos. A menudo faltaba el agua potable. Las celdas estaban abarrotadas, y las mujeres reportaron falta de acceso a productos de higiene femenina y atención prenatal inadecuada.
La falta de atención médica provocó o agravó enfermedades de prisioneros, según reportaron ellos mismos, sus familiares y organizaciones no gubernamentales. Los presos también informaron brotes de dengue, tuberculosis, hepatitis y cólera. Hubo informes de muertes de prisioneros por ataques cardíacos, asma, VIH/sida y otras afecciones médicas crónicas, así como por suicidio.
Los presos políticos fueron recluidos junto con los presos comunes, y a los que se negaron a usar uniformes de prisión les negaron privilegios como el acceso a las bibliotecas de la cárcel, la reducción de la severidad de su condena o el traslado de una prisión de máxima seguridad a una prisión de mediana seguridad.
Hay informes creíbles de que carceleros agredieron a reclusos. El 11 de junio, el preso de conciencia Josiel Guía Piloto, miembro del Partido Republicano de Cuba, sufrió un colapso pulmonar después que los guardias lo golpearon, según su madre. Los presos políticos también informaron que algunos prisioneros, actuando por órdenes de las autoridades penitenciarias o con su consentimiento, los amenazaron, los golpearon, los intimidaron y los hostigaron.
El informe menciona también que el régimen de aislamiento era un castigo común por incumplimiento de normas penitenciarias, y varios presos fueron aislados durante meses, algunos incluso incomunicados, sin poder contactar a familiares ni amigos. A los críticos del gobierno y a los que hicieron huelgas de hambre los sometieron a confinamiento solitario prolongado, agresiones, reducción de visitas familiares y les negaron atención médica.
Las denuncias de maltratos no fueron investigadas y las autoridades carcelarias no aceptaban quejas, o las aceptaron para luego no responderlas. De acuerdo con familiares de presos políticos, les cancelaron arbitrariamente visitas ya programadas o las suspendían por completo.
Aunque les permitieron practicar su religión, los prisioneros no recibieron información sobre sus derechos religiosos, demoraron meses para responder solicitudes de ese tipo y limitaron las visitas de grupos religiosos a un máximo de dos o tres veces al año.
Monitoreo independiente: el gobierno no permitió el monitoreo de las condiciones en las cárceles por parte de grupos independientes nacionales e internacionales de derechos humanos, y no permitió que organizaciones humanitarias internacionales tuvieran acceso a los detenidos. Aunque el gobierno se comprometió en años anteriores a permitir la visita del Relator especial de la ONU sobre la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, no hubo ninguna visita durante 2019.
Detenciones y arrestos arbitrarios
Aunque la ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, y establece el derecho de cualquier persona a impugnar en tribunales la legalidad de su arresto o detención, el gobierno no cumplió esos requisitos, dice el informe.
Los arrestos arbitrarios y las detenciones a corto plazo aumentaron hasta convertirse en un método de rutina para controlar la expresión pública independiente y la actividad política. Los activistas fueron detenidos con frecuencia arbitrariamente, sin ser informados de ningún cargo en su contra, y a menudo se les impidió comunicarse con sus familiares.
De acuerdo con la ley, los oficiales de la policía deben entregar a los sospechosos un Reporte de arresto firmado que diga motivo, fecha y lugar de cualquier detención en una instalación policial, y un registro de artículos personales incautados durante una búsqueda policial, pero las autoridades ignoraron este requisito de manera rutinaria.
La policía detuvo e interrogó rutinariamente a los ciudadanos, pidió que se identificaran e hizo operaciones de búsqueda e incautación. Se sirvió de leyes contra el desorden público, la falta de respeto, la agresión y no haber pagado multas mínimas o arbitrarias para detener, amenazar y arrestar a activistas de la sociedad civil. Los agentes de la policía llevaron a cabo rutinariamente detenciones a corto plazo, a veces agrediendo a los detenidos.
Tanto la policía como los agentes de la Seguridad del Estado siguieron haciendo detenciones breves, y a veces violentas, para impedir actividades políticas independientes o asambleas libres. Las detenciones generalmente duraron entre varias horas y varios días.
La figura jurídica de “peligrosidad pre delictiva” permite detener a una persona hasta cuatro años sin acusarla de un delito concreto, sobre la base de una decisión subjetiva definida como la “propensión especial de una persona a cometer delitos, demostrada por una conducta en contradicción manifiesta con las normas socialistas”.
Aunque se utilice principalmente para controlar comportamientos antisociales como el abuso de sustancias o la prostitución, las autoridades cubanas también usaron esa figura jurídica para silenciar a opositores pacíficos.
Organizaciones cubanas defensoras de los derechos humanos, entre ellas Cuban Prisoners Defenders, con sede en España, publicaron listas de personas que consideran presos políticos y permanecen encarceladas en virtud de la ley de “peligrosidad pre delictiva”.
Métodos de detención y tratamiento de los detenidos
Según los procedimientos penales de Cuba, la policía tiene 24 horas después de un arresto para presentar una denuncia penal a un investigador policial. Este dispone de 72 horas para investigar y preparar un informe destinado a la fiscalía, que a su vez tiene 72 horas para recomendar al tribunal correspondiente si se debe abrir un caso penal.
En las primeras 168 horas, los detenidos deben ser informados del motivo del arresto y del caso penal y tener acceso a representación legal. Los acusados pueden quedar en libertad bajo fianza, puestos en detención domiciliaria o permanecer detenidos mientras procede la investigación.
Una vez que el acusado tiene un abogado, la defensa dispone de cinco días para responder los cargos de la fiscalía, después de lo cual generalmente se establece una fecha de juicio. Los fiscales pueden exigir juicios sumarios “en circunstancias extraordinarias” y en casos de delitos contra la seguridad del Estado.
Hubo informes de que los acusados se reunieron con sus abogados por primera vez apenas minutos antes del juicio, y que no se les informó el motivo de su arresto en el período requerido de las 168 horas iniciales.
Los informes sugieren que aunque pudiera habérseles concedido libertad bajo fianza, generalmente a los arrestados por actividades políticas no se les otorga. El tiempo de detención antes del juicio cuenta para el tiempo cumplido si el acusado es declarado culpable.
Los detenidos pueden ser interrogados en cualquier momento mientras permanezcan bajo arresto y no tienen derecho a solicitar la presencia de un abogado durante el interrogatorio. Pueden permanecer en silencio, pero la policía no está obligada legalmente de informarles de ese derecho.
Aunque la ley prohíbe el uso de la coerción durante los interrogatorios de investigación, la policía y las fuerzas de seguridad usaron tácticas agresivas y de abuso físico, amenazas y acoso durante los interrogatorios. Los detenidos informaron que los agentes los intimidaron con amenazas de detención indefinida, pérdida de los derechos de custodia de los hijos, denegación de permiso para salir del país y otros castigos.
Por ley, los investigadores deben completar las investigaciones penales en 60 días. Los fiscales pueden otorgar a los investigadores dos extensiones de 60 días, por lo que la investigación puede extenderse 180 días. El tribunal supervisor puede ampliar este plazo en “circunstancias extraordinarias” y previa solicitud especial del fiscal. En ese caso, no existe ningún requisito legal adicional para completar una investigación y presentar cargos penales, y las autoridades pueden detener a una persona indefinidamente sin haberle presentado cargos.
Arresto arbitrario: con frecuencia los agentes ignoraron los procedimientos legales que rigen el arresto, detuvieron a los sospechosos por más tiempo que el período legalmente establecido sin informarles sobre la naturaleza del arresto sin permitirles contacto con sus familiares ni brindarles asesoría legal.
La policía y los agentes de seguridad continuaron valiéndose de detenciones a corto plazo, a veces violentas, para evitar actividades políticas independientes y asambleas libres. Esas detenciones duraron por lo general entre varias horas y varios días. Solo en el mes de agosto, la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó al menos 267 detenciones arbitrarias, de las cuales más de la mitad eran miembros de la organización de derechos humanos Damas de Blanco. Los observadores señalaron que las detenciones aumentaron después de agosto.
Durante todo 2019, la líder de las Damas de Blanco, Berta de los Ángeles Soler Fernández, fue arrestada cada domingo cuando intentaba salir de su casa para protestar. Con frecuencia ella y otros miembros de las Damas de Blanco fueron maltratados físicamente mientras estaban bajo custodia policial, como demuestran los videos de sus arrestos. A las detenciones siguieron generalmente multas antes de que las liberaran. A menudo las multas carecían de información sobre qué parte de la ley había sido violada, o del nombre del agente responsable de multarlas, lo que dificultaba la impugnación de cargos en los tribunales.
A veces, las multas constituían la base para impedir que las personas viajaran al extranjero, dice el informe del Secretario de Estado.
Detención preventiva: el gobierno mantuvo detenidos bajo investigación durante meses o años, tanto en casos políticos como no políticos. En casos no políticos, los retrasos se debieron a menudo a ineficiencias burocráticas y a la falta de controles en la policía.
El 27 de agosto, las autoridades detuvieron al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Antes pasó 12 días detenido en agosto de 2018 en Santiago de Cuba, acusado de intento de asesinato luego de un accidente automovilístico en el que golpeó e hirió a un agente en Palmarito de Cauto. Hubo informes de que el agente se puso intencionalmente ante el vehículo conducido por Ferrer, lo que resultó en lesiones leves. Aun presuntamente coaccionando a testigos, la policía no pudo obtener pruebas contra Ferrer, y la fiscalía se vio obligada a liberarlo. Sin embargo, la policía continuó usando el caso como justificación para detenerlo.
En relación con una marcha prevista para el 8 de septiembre, varios activistas de UNPACU fueron detenidos arbitrariamente el 7 de septiembre. Al día siguiente, inmediatamente después de salir de su casa, Ferrer y otros miembros del grupo también fueron arrestados. El 1ro de octubre lo arrestaron de nuevo, esta vez por cargos de haber estado involucrado en una presunta agresión física a un miembro de UNPACU.
Los cargos probablemente fueron fabricados, según el testimonio de varias personas de que la presunta víctima salió ilesa de la sede de UNPACU, y de acuerdo con el testimonio de la esposa de la presunta víctima, según la cual las lesiones del hombre fueron el resultado de un accidente en motocicleta. Otra activista dijo que la amenazaron con prisión si no firmaba una declaración falsa que implicara a Ferrer en el presunto delito.
Ferrer estuvo recluido e incomunicado durante 72 horas antes de que las autoridades reconocieran que estaba bajo custodia y le negaron el acceso a su esposa. Días después le permitieron verlo y recibió permiso para enviarle un cambio de ropa, pero no medicamentos para atender su condición médica crónica. El 18 de octubre, después de no verlo durante más de dos semanas, presentó un recurso de hábeas corpus indicando que la familia de Ferrer no sabía su paradero ni si aún estaba vivo, y que no habían sido informados de los cargos presentados contra él. También querían designar un abogado para representarlo.
El tribunal falló en contra de la petición, alegando que los cargos se habían presentado el 3 de octubre, y que lo acusaron formalmente el 7 de octubre, sin indicar dónde estaba ni los cargos en su contra.
El 25 de octubre, cuando ni ella ni sus abogados tenían acceso a su esposo, y aún sin conocer los cargos contra él, la esposa de Ferrer y sus tres hijos menores se manifestaron contra el maltrato al prisionero en un parque público en Santiago de Cuba.
Agentes de la Seguridad del Estado arrestaron a todos los que participaban en la protesta. El 7 de noviembre se le permitió una visita supervisada de cinco minutos con él, la primera prueba que recibió en más de un mes de que Ferrer seguía vivo. El describió los castigos extremos a que lo sometían sus carceleros, quienes lo encadenaron de pies y manos, le dieron solo comida en mal estado y agua sucia, y lo recluyeron con un connotado delincuente violento que dijo que le ofrecieron privilegios si golpeaba a Ferrer (lo que hizo regularmente).
Los agentes de la prisión ignoraron las súplicas de la esposa de Ferrer de que tuvieran en cuenta los problemas de salud de él y aceptaran la medicina que ella había llevado a la prisión, y le prohibieron volver a visitar las instalaciones. El 15 de noviembre, el gobierno le dio una copia de los cargos presentados contra Ferrer el 7 de octubre. El 3 de diciembre Ferrer aún no había tenido acceso a un abogado ni le habían fijado fecha de juicio.
Negación de juicio público justo
Si bien la Constitución de Cuba reconoce la independencia del poder judicial, el poder judicial está directamente subordinado a la Asamblea Nacional y al Partido Comunista, que puede destituir o nombrar jueces en cualquier momento. Las consideraciones políticas dominaron completamente el poder judicial, y no hubo separación de poderes entre el sistema judicial, el Partido Comunista y el Consejo de Estado.
Los tribunales civiles existen a nivel municipal, provincial y nacional. Los tribunales especiales se reúnen a puertas cerradas para casos políticos ("contrarrevolucionarios") y otros casos considerados "sensibles a la seguridad del Estado". La práctica del gobierno fue negar arbitrariamente la entrada de observadores al juicio. Los tribunales militares también pueden tener jurisdicción sobre los civiles si alguno de los acusados es miembro activo del ejército, la policía u otra agencia policial, o si antes lo fue.
Procedimiento de prueba
La ley establece el derecho a un juicio público, pero en ocasiones los juicios por motivos políticos se mantuvieron en secreto, y las autoridades invocaron excepciones por tratarse de “delitos contra la seguridad del Estado” o “circunstancias extraordinarias”. Muchos casos concluyeron rápidamente y se estuvieron cerrados a la prensa.
Los derechos al debido proceso deben aplicarse por igual a todos los ciudadanos, y también a los extranjeros, pero los tribunales regularmente no protegieron ni observaron esos derechos. La ley presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, pero las autoridades a menudo ignoraron esa premisa y pusieron la carga sobre los acusados para demostrar su inocencia. La ley otorga a los acusados de delitos el derecho de no ser obligados a declarar o a confesar su culpabilidad.
La ley requiere que los acusados sean representados por un abogado, a expensas públicas si fuera necesario. Los abogados contratados en privado a menudo fueron reacios a defender a personas acusadas de delitos políticos o asociadas con casos de derechos humanos. Los abogados de los acusados pueden interrogar a los testigos del gobierno y presentar testigos y evidencia. Solo los abogados estatales tienen licencia para ejercer en tribunales penales.
Los criterios para admitir pruebas fueron arbitrarios y discriminatorios. Según los informes que sirven de fuente al Departamento de Estado, los fiscales introdujeron a menudo pruebas irrelevantes o poco confiables para cuestionar las credenciales revolucionarias de un acusado.
Los abogados defensores tienen derecho a revisar los archivos de investigación de un acusado a menos que los cargos involucren “delitos contra la seguridad del Estado”. En estos casos, no se permitió el acceso de los abogados defensores hasta que se presentaron cargos.
El 7 de agosto, un tribunal provincial condenó al periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces a un año de prisión luego de darle apenas media hora para revisar los cargos de “resistencia y desobediencia” y para preparar una defensa sin haber tenido acceso a un abogado. Quiñones tenía fotografías y otras evidencias de que lo golpearon durante su arresto, pero el tribunal se negó a permitirle que las presentara en su defensa. Durante su apelación, el tribunal negó su derecho a convocar testigos.
En los casos de acusados de “peligrosidad pre delictiva”, el estado solo debe demostrar que el acusado tiene “propensión” al delito, por lo que no es necesario que haya ocurrido un delito concreto. Las penas pueden ser de hasta cuatro años en prisión.
Además de prostitutas, alcohólicos, jóvenes que se negaron a presentarse en sus centros de trabajo e infractores reincidentes de las leyes que limitan el cambio de domicilio, fueron procesados al amparo de esa figura jurídica los activistas políticos que participaron en protestas públicas.
La ley reconoce el derecho de apelación en los tribunales municipales, pero lo limita en los tribunales provinciales a los casos que impliquen largas condenas de prisión o la pena de muerte.
Prisioneros y detenidos políticos
El gobierno de Cuba retuvo a presos políticos y a detenidos por esa causa, pero negó que lo hiciera y rechazó el acceso a sus cárceles y centros de detención por parte de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias internacionales.
La ONG con sede en España Cuban Prisoners Defenders calculó que había 125 presos políticos condenados cumpliendo condenas a partir del 1 de septiembre, mientras que otros grupos creíbles elevaron ligeramente esa cifra.
El gobierno usó el calificativo de “contrarrevolucionario” para los reclusos considerados opositores políticos, pero no publicó cuantos cayeron en esa categoría. El gobierno siguió de cerca a las organizaciones que monitorearon la cantidad de prisioneros políticos, que a menudo se enfrentaron al acoso de las autoridades estatales.
Los presos políticos informaron que el gobierno los mantuvo aislados durante largos períodos. No recibieron las mismas protecciones que otros prisioneros o detenidos. El gobierno también negó con frecuencia a los presos políticos el permiso para visitas domiciliarias, clases en prisión, llamadas telefónicas y, en ocasiones, visitas familiares.
El 16 de julio, Elías Pérez Bocourt fue puesto en libertad después de pasar más de 27 años en prisión por “piratería” por su participación en un intento de salida del país cuando tenía 22 años. Pese a sufrir una discapacidad mental leve, recibió una sentencia completa y fue encarcelado inicialmente en la prisión especial de Camagüey, donde pasó ocho años en régimen de aislamiento.
Según fuentes confiables, durante ese tiempo los carceleros lo golpeaban una vez por semana, rociaban su pequeña celda con aerosol y alentaban a otros presos a defecar en su celda. Más tarde, cuando lo pusieron en una celda común, otros presos lo maltrataban, incluso lo violaron, con la complicidad de los guardias. Durante los 27 años de su reclusión, los guardias lo golpearon cada año en el aniversario de su intento de escapar de Cuba.
Procedimientos y recursos judiciales civiles
Es posible buscar en tribunales civiles remedios judiciales a violaciones de decisiones administrativas, pero expertos legales independientes notaron ineficiencias procesales y burocráticas que a menudo retrasaron o socavaron la ejecución de las decisiones administrativas y las órdenes de los tribunales civiles.
Como todos los demás tribunales del país, los tribunales civiles carecieron de independencia e imparcialidad y de garantías procesales. Ningún tribunal permitió a los demandantes entablar demandas judiciales en busca de remedios por violaciones de derechos humanos.
Interferencia arbitraria o ilegal de la privacidad, la familia, el hogar y la correspondencia
La constitución establece la protección de los derechos de privacidad de los ciudadanos en sus hogares y de su correspondencia, y la ley requiere que la policía disponga de una orden judicial firmada por un fiscal o un magistrado antes de hacer un registro. Los agentes, sin embargo, no respetaron estas protecciones. Según se informa, agentes del gobierno revisaron sistemáticamente la correspondencia y las comunicaciones entre los ciudadanos, rastrearon sus movimientos y entraron a sus hogares impunemente y sin autoridad legal.
El 18 de noviembre, el Consejo de Estado aprobó enmiendas al Código Penal que legalizan las técnicas encubiertas para obtener información que podría usarse como evidencia en un juicio penal sin la aprobación o la supervisión de un juez. Esas técnicas incluyeron la recopilación de información por parte de oficiales encubiertos, grabación de voz, monitoreo de ubicación, filmación, intercepciones de comunicaciones y acceso subrepticio a sistemas informáticos. El gobierno ya empleó estos procedimientos de manera rutinaria y generalizada antes de que se legalizaran oficialmente.
Las fuerzas de seguridad hicieron registros arbitrarios, especialmente en zonas urbanas y en puntos de control ubicados en los límites de provincias y municipios. Las autoridades usaron pretextos dudosos para ingresar a las residencias donde sabían que se reunían activistas, como inspecciones “aleatorias” de servicios públicos o falsos reportes de una perturbación.
Las autoridades también usaron razones legítimas para acceder a las residencias –por ejemplo, fumigar hogares en la campaña contra los mosquitos-- como pretexto para hacer registros ilegales.
El Ministerio del Interior se sirvió de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) para monitorear a los opositores e informar sobre sus actividades. Los agentes de la Dirección General de Seguridad del Estado del MININT sometieron a periodistas extranjeros, funcionarios y diplomáticos extranjeros, académicos y empresarios a visitas frecuentes, incluida la vigilancia electrónica.
El Partido Comunista de Cuba es el único partido político legalmente reconocido, y el gobierno reprimió activamente los intentos de formar otros partidos.
Familiares de los empleados del gobierno que abandonaron misiones internacionales (médicos, deportistas, investigadores) sin permiso oficial enfrentaron hostigamiento gubernamental o la pérdida de empleo, acceso a la educación y otros beneficios públicos. Según los informes que sirven de fuente al Departamento de Estado, los familiares de los defensores de los derechos humanos, incluyendo sus hijos menores, sufrieron represalias por las actividades de sus familiares. Estas represalias van desde salarios reducidos y expulsión del trabajo hasta negarles la entrada a la universidad o expulsarlos de la universidad, además de otras formas de acoso.
RESPETO POR LAS LIBERTADES CIVILES
Libertad de expresión y prensa
La Constitución cubana permite la libertad de expresión, incluyendo la de prensa, bajo la condición de que “esté a tono con los propósitos de la sociedad socialista”. Quien viole las leyes que prohíben la crítica a los líderes del gobierno o distribuya propaganda antigubernamental encara penas de tres meses a cinco años de prisión.
El gobierno no tolera la crítica pública de funcionarios o programas del gobierno y limita el debate público de asuntos considerados políticamente sensibles. En esa dirección, pasó dos leyes adicionales que criminalizan la libertad de expresión:
El Decreto 349, que entró en efecto en diciembre del 2018, institucionaliza la censura del arte independiente y establece violaciones para el arte que no es regulado o reconocido por las instituciones culturales oficiales. El decreto también permite a “inspectores supervisores” revisar eventos culturales, les da derecho a cerrar inmediatamente cualquier exposición que consideren violatoria de la ley y retirar la licencia a cualquier negocio que albergue el evento considerado ofensivo.
La Ley de Símbolos Nacionales criminaliza la manera en que la bandera puede ser mostrada o usada en contextos creativos.
La Policía arrestó a varias personas que protestaron contra estas leyes durante el año, incluyendo a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, una organización que promueve la independencia cultural. Otero Alcántara fue arrestado al menos 18 veces entre 2018 y 2019.
Los agentes de la seguridad regularmente acosan a los organizadores de foros independientes de debate sobre temas culturales y sociales, para impedirles discutir asuntos que son considerados controversiales.
Los organizadores han reportado agresiones por parte de agentes de la seguridad, instalación de sistemas de vigilancia de video fuera de los lugares de reunión y la detención de panelistas e invitados en los días que se suponían que participaran en los debates.
Además, a activistas de derechos humanos, periodistas independientes y artistas se les prohibió viajar fuera del país para asistir a eventos de debate sobre derechos humanos y democracia en la isla. La prensa y líderes religiosos han afirmado que el gobierno continúa acosando a integrantes de grupos religiosos que favorecen una mayor libertad religiosa y política.
Trabajadores gubernamentales reportaron que habían sido despedidos, degradados o censurados por expresar sus opiniones o afiliarse a organizaciones independientes. Varios profesores universitarios, investigadores y estudiantes reportaron situaciones similares.
Prensa y medios, incluyendo internet: El gobierno es dueño de todos los medios de prensa impresos, transmitidos y de todas las fuentes de información disponibles. Todos los reportes de prensa fueron uniformes a lo largo de todos los medios.
El gobierno también controla casi todas las publicaciones y medios de prensa y limita la importación de los materiales necesarios para imprimir. Los reporteros extranjeros en el país tienen acceso limitado y con frecuencia se les niega entrevistas con los funcionarios oficiales.
El gobierno acosa y amenaza a los periodistas independientes que reportan violaciones de los derechos humanos en el país.
El 10 de octubre, 19 medios independientes de prensa publicaron una declaración conjunta sobre el estado del periodismo independiente en el país. Denunciaron 183 incidentes documentados de agresiones del Estado contra periodistas desde enero el 2018.
El 22 de abril, el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces fue agredido y arrestado durante una cobertura periodística sobre libertad religiosa. Quiñones estaba entrevistando a la hija de dos pastores protestantes que enfrentaban la sentencia de una corte por querer educar a sus hijos en casa, en lugar de enviarlos a la escuela.
Quiñones Haces preguntó por qué estaba siendo arrestado. En lugar de responderle, un oficial le torció el brazo a la espalda, le puso esposas y lo tiró al suelo. Después lo arrastraron hasta el carro policial. Uno de los agentes golpeó a Quiñones Haces, de 65 años, varias veces, incluyendo un golpe en la sien que le rompió el tímpano. El periodista fue sentenciado a un año de “trabajo correccional” por “resistencia y desobediencia”.
Quiñones Haces continuó escribiendo desde prisión, especialmente sobre las duras condiciones de la cárcel, por lo que ha sido amenazado con más “medidas disciplinarias”.
Violencia y acoso: El gobierno no reconoce el periodismo independiente y los periodistas independientes a veces enfrentan acoso, incluyendo detenciones y abuso físico. La mayoría de las detenciones fueron a reporteros independientes que grabaron arrestos y acoso de activistas o intentaron cubrir temas políticamente sensibles.
Periodistas y miembros del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa han reportado un aumento de la represión desde que el presidente Miguel Díaz-Canel tomó posesión de su cargo. Periodistas independientes han experimentado acoso, violencia, intimidación, agresión y censura, y fueron confinados a sus casas o se les impidió viajar al extranjero.
Censura y restricciones a los contenidos: La ley prohíbe la distribución o impresión de materiales impresos considerados “contrarrevolucionarios” o críticos del gobierno. Las publicaciones extranjeras están generalmente limitadas a las áreas turísticas.
La distribución de materiales con contenido político –incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, periódicos extranjeros e información independiente sobre salud pública- no es permitida, y la posesión de esos materiales en algunas ocasiones derivó en acosos y detenciones. Los funcionarios del gobierno también confiscaron o destruyeron cámaras y celulares para impedir la distribución de fotografías y videos considerados objetables.
Leyes sobre libelo o difamación: El gobierno usó leyes sobre difamación para arrestar a personas que han criticado al liderazgo del país. Con frecuencia el gobierno arrestó y acusó a personas por el delito ambiguo de “enfrentamiento a la autoridad”.
Los activistas de derechos humanos reportaron que trolls del gobierno siguieron sus cuentas de medios sociales y reportaron sobre la práctica del gobierno de enviar mensajes de texto advirtiéndoles a los vecinos que no se asociaran con disidentes.
Libertad en internet
El gobierno restringió el acceso a internet, y hubo varios reportes de monitoreo sin autorización legal del email, medios sociales, foros de debate e historia de navegación de ciudadanos cubanos y extranjeros.
El gobierno controla todo el acceso a internet, excepto limitados accesos provistos por misiones diplomáticas y un pequeño pero creciente número de redes clandestinas. El gobierno usó una combinación de bloqueos en internet, presiones contra operadores de páginas, arrestos, intimidación, encarcelamiento y vigilancia extrajudicial para censurar información crítica del régimen y silenciar a los críticos.
Durante el año, el gobierno incrementó el número de sitios Wi-Fi y en diciembre lanzó la red 3G, que permite por primera vez a las personas acceder a internet en sus celulares sin necesidad de conectarse al Wi-Fi, pero el costo fue demasiado para la mayoría de los ciudadanos.
Radio Televisión Martí entre los bloqueados
El número de páginas de internet bloqueadas fluctuó, con aproximadamente 20 portales bloqueados regularmente, incluyendo medios como CubaNet y Martí Noticias, y portales críticos del récord de derechos humanos del gobierno.
El gobierno frecuentemente se enfocó en los usuarios de SNet (abreviatura de Street Network), un sistema operado por una comunidad de redes inalámbricas que les permite a las personas intercambiar información fuera del control del Estado. El 29 de julio, nuevas regulaciones entraron en efecto para poner estas redes bajo regulación del Estado, al transferir los servicios de SNet y su contenido a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), el proveedor de internet del gobierno.
Ariel Maceo Téllez, uno de los coordinadores de SNet, fue arrestado el 16 de agosto. Aunque la ley no especifica penalidades por el uso no autorizado de la internet, es ilegal tener una antena de satélite que provea acceso no censurado a internet, y las autoridades restringen el uso de equipamiento de redes, algo fundamental para SNet.
El uso de software para cifrar y transferir carpetas cifradas es también ilegal. A pesar del pobre acceso, el acoso y los retos de infraestructura, un número creciente de ciudadanos mantienen blogs en los que publican opiniones críticas del gobierno, con ayuda de extranjeros, quienes frecuentemente construyen y mantienen los blogs en el exterior. El gobierno bloquea el acceso local a estos blogs.
Además, un número pequeño pero creciente de ciudadanos usan Twitter, Facebook, Instagram y otros medios sociales para reportar de manera independiente sobre sucesos en el país, incluyendo críticas al gobierno. Los blogueros enfrentan el acoso gubernamental, incluyendo detenciones y abuso físico.
Libertad académica y eventos culturales
El gobierno restringió las libertades académicas y controló los estudios en escuelas y universidades, enfatizando la importancia de la “ideología revolucionaria” y la “disciplina”. La mayoría de los académicos se abstuvieron de reunirse con extranjeros, incluyendo diplomáticos, periodistas y académicos de visita, sin un permiso previo del gobierno y, a veces, la presencia de un funcionario del gobierno.
A los que se les permitió viajar al exterior, sabían que sus acciones, si eran consideradas políticamente no favorables, podían afectarles negativamente a ellos y sus familiares en la isla.
Durante el año, el gobierno permitió que algunos centros educativos religiosos pudieran operar con mayor espacio de maniobra. Artistas y académicos que expresaron sus opiniones enfrentaron acoso y críticas orquestadas por el gobierno. De acuerdo con la revista digital Tremenda Nota, al menos 30 profesores fueron despedidos de universidades entre 1991 y el 2019.
Los académicos y sus estudiantes enfrentaron una creciente discriminación ideológica durante el año. Por ejemplo, el 20 de agosto, Martha del Carmen Mesa Valenciano, viceministra de Educación Superior, publicó una carta abierta anunciando que “quien no sienta partidario de las políticas revolucionarias del Partido, un defensor de nuestra ideología, nuestra moral, nuestras convicciones políticas, debe renunciar a su posición como profesor universitario”.
Esta declaración intentó justificar el despido de la profesora Omara Ruiz Urquiola.
Aunque no quedó claro si la carta abierta era la política del gobierno, reafirmó una larga práctica de despedir a profesores universitarios por su ideología. Durante una aparición, el 16 de septiembre, en el programa televisivo Mesa Redonda, el ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi, confirmó que las universidades públicas censuran y expulsan a los profesores y estudiantes que contradicen al Partido Comunista de Cuba o a sus líderes.
La creciente hostilidad pública hacia la disidencia ha tenido un efecto nocivo en el discurso académico y ha llevado a algunas instituciones a ir más lejos, como la Universidad de Oriente, que publicó un largo artículo el 2 de octubre justificando el despido del profesor de Leyes René Fidel González García.
La universidad lo acusó de una serie de artículos “controversiales, contradictorios e irrespetuosos” escritos del 2012 al 2016 que asumieron posiciones hipotéticas para examinar el mérito intelectual.
Según la universidad, los artículos “provocaron que profesores, estudiantes y ciudadanos en general se cuestionaran los contenidos y algunas veces simpatizaran con las posiciones en su confusión”, y a menudo generaron debate.
Los funcionarios de la universidad se ofendieron cuando González reafirmó su derecho a la libertad de expresión bajo la Constitución y declaró que “entendía los límites a ese derecho”. Como consecuencia, se le prohibió enseñar y fue expulsado del Partido Comunista de Cuba.
Durante el año, las universidades adoptaron nuevos criterios para admitir estudiantes basados en sus posiciones ideológicas. Las bibliotecas públicas requirieron que los ciudadanos completaran un proceso de registración antes de que el gobierno les permitiera acceso a libros o información.
Libertad de reunión pacífica y de asociación
El gobierno restringió la libertad de reunión pacífica y asociación. Aunque la Constitución garantiza un derecho limitado de asamblea, está sujeto al requerimiento de que no puede ser “ejercido contra la existencia y objetivos del Estado socialista”.
La ley requiere que los ciudadanos pidan autorización para reuniones de tres o más personas y, de no hacerlo, puede costarles tres meses en prisión y una multa.
Los activistas independientes, como también los partidos políticos que no fueran el Partido Comunista de Cuba, enfrentaron grandes obstáculos y las fuerzas de la Seguridad del Estado con frecuencia suprimieron asambleas, incluso tratándose de pequeños números de personas.
El gobierno se negó a permitir demostraciones independientes o reuniones públicas de grupos de derechos humanos o críticos de cualquier actividad del gobierno. El 11 de mayo, las autoridades pusieron fin de manera violenta a una marcha independiente de activistas a favor de las lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI), en la que golpearon y detuvieron a varios participantes.
El 8 de septiembre, día de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, el gobierno suprimió una marcha organizada por UNPACU. La manifestación, llamada Marcha de los Girasoles, en honor de la flor que representa a la santa patrona, llevó al gobierno a prohibir la venta de girasoles en las ciudades en los días previos a la marcha.
Varios miembros de la UNPACU fueron arbitrariamente detenidos el 7 de septiembre y el 8 de septiembre. Inmediatamente después de que saliera de su casa con varios seguidores, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer y otros activistas, fueron arrestados. En total, el gobierno detuvo a 130 individuos, después de allanar varias oficinas de la UNPACU y casas de sus miembros. Muchos fueron golpeados durante el arresto.
La mayoría de los detenidos fueron liberados en días posteriores, después de pagar una multa, pero uno de los organizadores, Ovidio Martín Castellanos, fue sentenciado a cinco meses en prisión por negarse a pagar una multa de 2,000 pesos cubanos (80 dólares).
Muchos líderes de la UNPACU y sus familiares fueron arrestados y mantenidos incomunicados durante días.
El gobierno impidió con frecuencia reuniones independientes sobre defensa de los animales, violencia de género y otras formas de activismo de sociedad civil. Usando policías encubiertos y agentes del Ministerio del Interior, organizó “actos de repudio” para asaltar y dispersar a quienes se reunían pacíficamente.
Libertad de asociación
El gobierno de manera rutinaria niega el derecho de los ciudadanos a la asociación y no reconoce las asociaciones independientes. La ley prohíbe cualquier organización política que no sea oficialmente reconocida.
La policía allana reuniones de un número de organizaciones independientes, incluyendo partidos políticos de oposición y asociaciones profesionales, que son operadas como ONG sin reconocimiento legal.
Por ejemplo, el 31 de agosto, agentes de la Seguridad del Estado allanaron la reunión de Peña del Júcaro Martiano, un grupo de intelectuales que se reunió para estudiar y celebrar la vida de José Martí. Los policías impidieron que personas entraran a la casa donde la reunión tenía lugar, accedieron a la vivienda bajo la justificación de un “chequeo del contador eléctrico”, amenazaron y fotografiaron a las personas que arribaron y arrestaron e interrogaron a uno de los miembros, Alenmichel Aguiló.
Iglesias reconocidas (incluyendo la organización humanitaria Caritas, de la Iglesia católica romana), el movimiento masón y un número de organizaciones fraternales y profesionales son las únicas organizaciones a las que se les permitió funcionar fuera de las estructuras del partido de gobierno.
Libertad de movimiento
Continúan las restricciones a la libertad de movimiento dentro del país, viajes al extranjero y migración con el derecho a regresar. El gobierno controló la migración interna de las áreas rurales a La Habana, algunas veces arrestando a personas en la capital si las autoridades descubrían que tenían residencia en otra ciudad.
El gobierno también impidió a ciudadanos y personas de ascendencia cubana que viven en el extranjero entrar al país, aparentemente sobre la base de que criticaron al gobierno o habían “abandonado” posiciones en el exterior como doctores mal pagados o atletas.
A la maestra de ajedrez Jennifer Pérez le fue denegado el pasaporte al menos cuatro veces porque era considerada una desertora por residir en el exterior y aprovecharse de mejores oportunidades de trabajo, le informaron las autoridades cubanas en Ecuador.
Movimiento dentro del país: Aunque la Constitución permite a todos los ciudadanos viajar a cualquier lugar dentro del país, cambiar la residencia a La Habana fue restringida. El gobierno puede multar a personas que vivan en un lugar sin autorización y enviarlas de vuelta a su lugar legal de residencial.
Viajes al extranjero: El gobierno continuó exigiendo que ciertos profesionales e individuos de ciertas categorías sociales obtuvieran un permiso para emigrar, incluyendo personal médico altamente especializado, militares y personal de seguridad, muchos funcionarios del gobierno, incluyendo académicos y muchos prisioneros políticos y activistas de derechos humanos.
También usó de manera arbitraria justificaciones espurias para denegar el permiso de salida del país a activistas de derechos humanos, quienes iban a participar en eventos o programas de entrenamiento.
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Preso político en estado grave por una isquemia cerebral
![Carlos Manuel Pupo Rodríguez, detenido el 11 de julio de 2021.](https://gdb.martinoticias.com/078B47E8-ECAC-4AAD-9A09-EAFC85767B28_w250_r1_s.jpg)
Carlos Manuel Pupo Rodríguez, encarcelado por manifestarse del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, tuvo que ser internado de emergencia en el hospital de Artemisa, donde tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior.
El preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 70 años, está ingresado en el Hospital General Comandante Ciro Redondo, de Artemisa, tras sufrir, el pasado sábado, una isquemia cerebral, confirmó a Martí Noticias, su esposa Janet Bulnes.
“Una isquemia en desarrollo. Le están administrando medicamentos para su mejoría y que no le repita. El médico que pasó visita me dijo que le hicieron un TAC (Tomografía Axial Computarizada) y arrojó eso, una isquemia. Me dijo que hay lesiones en el cerebro”, declaró Bulnes, a quien le permitieron cuidar del enfermo, reportado en estado grave.
“Fue por una subida de presión. Yo no hacía ni cinco días que le había llevado medicamentos para la presión y para la diabetes”, explicó la mujer.
Pupo Rodríguez, manifestante del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, padece diabetes e hipertensión arterial. Días antes había sufrido una caída en el correccional con internamiento Ceiba 5 donde estaba recluido, luego de que las autoridades de ejecución le aprobaran el tránsito a un régimen de menor severidad.
La esposa relató que Pupo tiene el lado derecho del cuerpo afectado, con parálisis en el brazo y la pierna “y el lenguaje no se le entiende, no está articulado”.
Aunque el preso político no está internado en una sala penal porque el hospital artemiseño carece de este tipo de instalación, tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior (MININT).
“Ahora, hay un teniente coronel del MININT que está aquí constantemente, sentado al lado de nosotros”, indicó Bulnes.
“Yo estuve hablando con el militar que estaba [de guardia] por la mañana y me dice que ellos van a procesar una licencia extrapenal para presentarla al tribunal y el tribunal es el que decide. Después le pregunté al teniente coronel qué cree en este caso de la presentación de una extrapenal y me contestó que se la van a conceder, porque ‘en el estado que está ¿dónde lo van a tener?’. Él no puede caminar, no puede comer, hay que darle la comida”, señaló.
La legislación cubana otorga a los tribunales la facultad para otorgar la licencia extrapenal durante el tiempo “que se considere necesario” y en casos de enfermedad o padecimientos que incapaciten al reo de forma temporal o definitivamente.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha emitido varias alertas acerca del estado de salud de Pupo Rodríguez, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI).
La organización ha destacado que, debido a sus enfermedades y a su edad, Pupo es uno de los presos políticos más vulnerables, cuestión que se agrava con la falta del acceso necesario a cuidados médicos especializados y a la administración puntual de los medicamentos que requiere.
Cubalex denuncia sanciones más severas para afrodescendientes acusados de sedición en protestas del 11J
![La policía en La Habana detiene a un manifestante el 11 de julio de 2021. (AP/Ramón Espinosa).](https://gdb.martinoticias.com/31e217f5-af6d-4c36-9495-b3618b4abf79_w250_r1_s.jpg)
Una organización no gubernamental analizó las condenas del 11J y detectó lo que podría ser un “un sesgo racial en la imposición de sanciones y un perfilamiento basado en lo que el Estado define como conductas desfavorables”.
Un informe de la ONG Cubalex que analiza la discriminación racial en las sentencias por sedición tras las protestas del 11J en Cuba, concluye que las personas afrodescendientes “reciben, en promedio, sanciones más largas”.
Hay un preocupante patrón de “sanciones más severas” para la comunidad negra. Esto podría indicar “un sesgo racial en la imposición de sanciones y un perfilamiento basado en lo que el Estado define como conductas desfavorables”, subraya el estudio publicado el 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes.
Las personas afrodescendientes reciben sanciones con una duración promedio de 13.63 años, frente a los 12.61 años para las personas no afrodescendientes, precisa el documento.
Cubalex explica que el Estado considera como “conductas desfavorables” la falta de participación en actividades políticas o comunitarias, la desvinculación laboral y la limitación de relaciones sociales.
“Este enfoque es injusto cuando no se garantiza acceso a trabajos dignos o educación”, dice la organización. “Penalizar la desvinculación laboral o la falta de participación en actividades políticas como conductas desfavorables afecta desproporcionadamente a las personas afrodescendientes, que enfrentan barreras estructurales en el acceso a empleo y educación”.
Además, las sanciones son más severas “para quienes tienen niveles educativos más bajos. La mayoría de las personas afrodescendientes solo cuentan con educación secundaria o preuniversitaria, lo que agrava otras formas de vulnerabilidad”.
El estudio añade que el uso de antecedentes penales para justificar sanciones más severas “perpetúa un ciclo de criminalización que afecta desproporcionadamente a los afrodescendientes, reforzando la desigualdad y la exclusión social”.
Otros estudios
Cubalex reveló en su informe correspondiente al mes de julio que las personas más vulnerables a la represión del régimen son los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad.
La organización, entre el 8 y el 12 de julio, documentó 160 hechos de hostigamiento.
"Las categorías de vulnerabilidad más recurrentes entre las víctimas son defensores de derechos humanos, personas privadas de libertad y afrodescendientes", indicó la ONG.
“Máxima severidad” son las palabras clave del sistema judicial de Cuba, país donde los juicios ejemplarizantes se han convertido en una nueva herramienta represiva, informó el 31 de agosto el diario independiente 14ymedio.
Por ejemplo, el 20 de agosto “se publicó información sobre cuatro juicios celebrados en el tribunal municipal de Songo-La Maya, en Santiago de Cuba. La prensa no reveló detalles sobre los casos, pero sí subrayó su carácter de advertencia”.
“Cuando hacemos juicios ejemplarizantes potenciamos la comunicación para que el mensaje que queremos transmitir llegue a determinados destinatarios”, dijo, por las claras, Geovanis Mestre, uno de los jueces del tribunal provincial santiaguero, entrevistado por Sierra Maestra. Es indispensable, argumentó, que los delincuentes se enteren de que las autoridades tienen a la ganadería en la mira y que los castigos serán severos, reporta 14ymedio.
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó la discriminación racial en Cuba, durante el 190 período de sesiones de la entidad adscrita a la OEA.
En la audiencia, María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó cuatro patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica; un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes; leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente para proteger a los afrodescendientes; y la criminalización y marginalización.
“Los afrodescendientes que representan un 9.3% de la población y los mestizos, el 26.6%, están sobrerrepresentados en el sistema carcelario y en las víctimas de la violencia policial”, dijo Matienzo.
En su informe anual del 2021, la Comisión Interamericana denunció que "persisten patrones discriminación racial en Cuba" y los afrodescendientes recibirían la mayor represión del régimen.
El organismo señaló que organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la desigualdad racial fue una de las razones desencadenantes para que empezaran las protestas históricas del 11 de julio del 2021.
Según el documento, 726 organizaciones han informado a la CIDH que agentes del castrismo aplicaron "prácticas de perfilado racial y uso excesivo de la fuerza" en contra de afrocubanos que se manifestaron en las protestas sociales y destacaron el caso de Diubis Laurencio Tejeda, afrodescendiente de 36 años, fallecido en el marco de las manifestaciones por un disparo de la policía.
Tras huelga de hambre, presa política logra que aminoren su castigo en la cárcel de Mayabeque
![Yilian Oramas, de 43 años, cumple una sentencia de seis de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021 en Santa Clara.](https://gdb.martinoticias.com/01000000-0a00-0242-21c5-08dcc86eabe6_w250_r1_s.jpeg)
Yilian Oramas García inició una huelga de hambre el 13 de agosto cuando los mandos del penal le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase. La mujer está encarcelada a más de 250 km de distancia de su ciudad de residencia.
La presa política Yilian Oramas García abandonó este martes una huelga de hambre que llevaba desde hace varios días, luego de conseguir que las autoridades de la prisión "Cuba Panamá" para enfermos de VIH, cambiaran la medida punitiva de revocación del régimen de menor rigor a la suspensión de dos visitas a su hogar.
Oramas García inició su protesta el 13 de agosto cuando los mandos del penal ubicado en la provincia Mayabeque le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase a su vivienda situada en la ciudad de Santa Clara, a más de 250 kilómetros de la prisión donde está recluida.
“Ella estaba muy débil porque es diabética, le pusieron sueros en el hospitalito que tienen en la prisión. Ella levantó la huelga, pues el Jefe de Cárceles y Prisiones de Mayabeque [Yunior Lázaro Santana], en conjunto con la Seguridad del Estado, le quitaron la revocación que era por dos años y, en su lugar, le tumbaron dos pases. Con la dictadura no se gana, pero la revocación significaba que tenía que cumplir los tres años”, dijo a Martí Noticias, María Josefa Oramas, la madre de la reclusa.
De habérsele modificado el tipo de régimen en el que cumple su sentencia, Oramas García perdería, además, su derecho a la libertad anticipada y tendría que cumplir toda la pena que le resta tras las rejas.
La mujer de 43 años, cumple una sentencia de seis de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021 en la capital villaclareña. El tribunal la encontró culpable de los delitos de Atentado y Resistencia.
Yilian, su esposo el también preso político Geobel Manso y otras personas, protagonizaron una manifestación frente a la funeraria de la localidad, en la que exigieron que el gobierno tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos de Covid-19 y que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios.
Denuncian deterioro de la salud de preso político cubano: "Está muy mal"
![La salud del sacerdote yoruba Loreto Hernández García se deteriora en prisión, alertaron familiares a Martí Noticias. El religioso cumple siete años de condena en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara, por su participación en las protestas del 11J.](https://gdb.martinoticias.com/02aa0000-0aff-0242-5cb5-08da31d35599_w250_r1_s.jpg)
Una fuente familiar de Loreto Hernández García, condenado por participar en las protestas populares del verano de 2021, alertó sobre varias complicaciones de salud del preso político.
El preso político Loreto Hernández García refleja un deterioro sostenido de su estado de salud mientras cumple sentencia en la Prisión de Hombres de Guamajal, en Villa Clara, alertó desde Placetas, su hija Rosabel Sánchez.
La fuente familiar explicó que el miércoles visitó en la cárcel a su padre y a su esposa, la también presa política Donaida Pérez Paseiro. Ambos fueron condenados por su participación en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 en Placetas y reconocidos por la organización Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia.
“En esta visita pudimos conversar, pudimos observar, pudimos visualizar nosotros mismos la situación que presenta mi padre de salud. Mi padre, cada vez que vamos a verlo, adelgaza más. A menudo le da un dolor en el lado izquierdo, un dolor que le coge el pulmón. Le está dando falta de aire, está descompensado con la diabetes (...) nos explica que en varias ocasiones tiene decaimiento, flojera. En cuanto a la salud, lo vimos que no ha mejorado nada, cada vez está peor, está muy mal”, dijo Sánchez.
Según refirió su hija, el preso político “se mantiene firme” en sus posturas políticas como opositor al régimen comunista.
“En varias ocasiones ya, la Seguridad del Estado se ha acercado a él y le ha propuesto acogerse a los beneficios para darle la mínima y pasarlo para el campamento para comenzar a darle pases y esas cosas y, tanto él como su esposa, se niegan a dichos beneficios”, aseguró Sánchez.
Loreto Hernández y su esposa, al momento de su detención en las protestas populares del verano de 2021, presidían la Asociación "Yorubas Libres de Cuba" y fueron sentenciados a siete y ocho años de cárcel respectivamente.
El caso del matrimonio opositor ha sido denunciado como una violación de la libertad religiosa en Cuba en varios informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de EEUU y por organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y Solidaridad Cristiana Internacional (CSW, por sus siglas en inglés).
También cinco relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas, vinculados a la libertad de religión o de creencias, la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y las cuestiones de las minorías; además del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, se han pronunciado sobre el encarcelamiento de estos opositores y la falta de atención médica para Hernández García.
(A partir de un reporte radial de Ivette Pacheco)
Madre de hermanos presos por la protesta de Caimanera denuncia abusos en la prisión de Guantánamo
Los cubanos condenados por la manifestación pacífica de Caimanera están sufriendo abusos en prisión por parte de los propios carceleros, denunció la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez.
En precarias condiciones y soportando abusos se encuentran los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez en la prisión provincial Combinado de Guantánamo, según constató la madre de estos presos políticos, Victoria Martínez Valdivia.
Ambos son parte del grupo de cinco personas condenadas en julio de 2024 por el Tribunal Municipal Popular de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, a penas de entre dos y ocho años de privación de libertad por -según la sentencia- gritar “frases ofensivas sobre el presidente de la República y autoridades del Gobierno local” y “provocar una aglomeración de personas en la vía pública”, en Caimanera, el 6 de mayo de 2023.
Ese día, cientos de personas salieron a la calle para demandar derechos y mejores condiciones de vida en una manifestación pacífica en la que se escucharon gritos de “Libertad”, “Patria y Vida” y “Vivan los derechos humanos”. Rápidamente, las autoridades interrumpieron el servicio de Internet en casi todo el país y familiares de los manifestantes denunciaron que estos fueron golpeados por las tropas especiales del ejército.
Entre los detenidos, Daniel Álvarez González y Alarcón Martínez, fueron sancionados a ocho y siete años de prisión, respectivamente; Freddy Sarquiz González, a cinco años; Rodolfo Álvarez González, a cuatro años; y Correa Martínez, a dos años.
La señora dijo a Martí Noticias que visitó este martes a sus dos hijos en la mayor cárcel de la provincia de Guantánamo.
En el caso de Felipe Octavio, quien sufre de discapacidad intelectual, está haciéndole mucho rechazo a esa prisión, dijo su madre.
“Felipe sigue con un estado de depresión, llorando. La situación está bien fuerte, han pasado muchas cosas y él está alterado de los nervios. Él tiene un retraso mental y convulsiones”, explicó.
Mientras que Luis Miguel, condenado a siete años de prisión, está siendo acosado por su posición política y además tiene que proteger a su hermano enfermo, señaló su madre.
“Luis Miguel se mantiene todo el tiempo protegiendo al hermano y tratando de evitar los problemas allí en ese lugar porque hay abuso, tanto de presos comunes como de los mismos guardias que están cuidándolos a ellos allá dentro. Están abusando de los mismos presos y los ofenden y provocan para que el preso se altere y darle a golpes”, aseguró Martínez Valdivia.
La madre de los presos políticos denunció además la precaria alimentación y la falta de medicamentos para hacer frente a las múltiples enfermedades que sufren los reos en esa cárcel.
“No comen lo suficiente, se mantienen los brotes de enfermedades, primeramente está la plaga de las chinches, y está el dengue por la falta de higiene", indicó.
En julio, los familiares de los condenados por participar en la manifestación apelaron la condena.
Desde entonces no han sabido “nada nuevo”.
“Fui a la Fiscalía Provincial y me quejé, pero dicen que hay que seguir esperando”, declaró Martínez Valdivia.
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